Fausto Jarrín: “La absoluta oscuridad e incoherencia de la sentencia” nos lleva a solicitar la aclaración y ampliación

“La absoluta oscuridad e incoherencia de la sentencia” lleva a la defensa el expresidente Correa a pedir la ampliación y aclaración. Dentro del término que establece el artículo 255 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), se presentó el pedido de aclaración y ampliación al polémico Tribunal que emitió la sentencia condenatoria en el denominado caso “Sobornos”.

El abogado defensor del exmandatrio, Fausto Jarrín puntualizó los aspectos que deben ser aclarados y ampliados por los integrantes del Tribunal.

Aclaración y Ampliación

PUNTOS A AMPLIAR Y/O ACLARAR

“DELITO DE DOBLE VÍA”

1.- En la sentencia se hace expresa referencia a que se trata de un delito de “doble vía”.

La defensa pide al Tribunal: “sírvanse ACLARAR en qué sentido puede aplicarse la agravante constante en el artículo 30.4 del Código Penal, ejecutar el supuesto hecho punible en pandilla, si es que la actuación de más de una persona es reconocida por ustedes como una cuestión constitutiva del delito de cohecho”.

“AUTOR MEDIATO”

2.- La Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General del Estado, acusaron al Econ. Rafael Correa Delgado en calidad de autor mediato por poder de mando de una organización delictiva. La defensa logró destruir la teoría de la existencia de esa organización criminal, y así lo entendió el Tribunal en su análisis:

Siendo así, aunque la posición de mando ha sido debidamente probada, no puede en lo conceptual considerarse a los procesados RAFAEL CORREA DELGADO Y JORGE GLAS ESPINEL como autores mediatos, por poder de mando, sino como instigadores de la comisión del delito de cohecho pasivo propio agravado, aunque por efectos penológicos, el artículo 42.2.a) COIP, también ubica a la instigación, como otra forma de autoría mediata

La defensa solicita “ACLARAR cómo haber condenado a dos procesados por una autoría no acusada por Fiscalía, no constituye una vulneración al citado principio de congruencia”.

“PÉRDIDA DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN POR EL TIEMPO DE 25 AÑOS”

3.- El punto 5 de la parte resolutiva de la sentencia, condena a los procesados en el siguiente sentido:

“5.- Disponer la pérdida de los derechos de participación por el tiempo de VEINTE Y CINCO (25) años, de todos los condenados, contados a partir de que esta sentencia se ejecutoríe, conforme lo prevé al artículo 68 COIP. Evidentemente la aplicación del artículo 68 del COIP para castigar con la pérdida de los derechos de participación por 25 años es mucho mayor que la establecida en el Código Penal.

La defensa pide ACLARAR cómo la aplicación retroactiva de la penal establecida en el artículo 68 del COIP, no es una vulneración al principio in dubio pro reo”.

“NEGACIÓN DE PRUEBAS NUEVAS”

4.- La defensa del Econ. Rafael Correa Delgado solicitó en la audiencia preparatoria de juicio se oficien y practiquen pruebas, las cuales fueron negadas por el tribunal.

En tal virtud, sírvase el Tribunal AMPLIAR y ACLARAR su decisión en la que se determina la negativa de actuar esa prueba.

“INSTIGADOR DE DELITO DE COHECHO – INFLUJO PSÍQUICO”

5.- El Tribunal, cambiando la acusación formulada por Fiscalía General del Estado ha resuelto sentenciar al Econ. Rafael Correa Delgado en calidad de instigador del delito de cohecho. Es elemento de la instigación el influjo psíquico, tal y como el mismo Tribunal lo ha analizado:

“Así, inductor es quien hace surgir en otro, mediante un influjo psíquico la resolución de realizar como autor un delito, siempre y cuando el instigador no resulte autor mediato, puesto que la autoría mediata también puede consistir en hacer surgir en otro la resolución delictiva por influjo psíquico, aunque este debe ser de tal entidad que convierta al sujeto de delante, en instrumento del de atrás. En la especie, cuando el inductor instiga a más de un sujeto a cometer el mismo delito, es decir, realiza su inducción sobre un grupo de sujetos que cometerán el delito como coautores, no se le castigará por varias inducciones al mismo delito en concurso de delitos, sino por una sola inducción, en el sub iudice por el delito de cohecho pasivo propio agravado, tipificado en el artículo 285 CP y sancionado en el artículo 287 ibídem (hoy artículo 280, incisos primero y tercero COIP).”

Pese a lo analizado por el propio Tribunal, no se llegaron a identificar los indicios y pruebas, así como su trascendencia, con las que se pueda afirmar que existió el indicado influjo psíquico o la misma instigación.

En tal virtud, solicito que el Tribunal se sirva AMPLIAR y ACLARAR indicando cuáles fueron los elementos probatorios con los cuales se afirmó que existió el influjo psíquico del Econ. Rafael Correa Delgado sobre el resto de sentenciados, así como los elementos probatorios con los cuales se pudo afirmar una autoría por instigación.

“AP BENEFICIARIO DE SUPUESTO COHECHO PERPETRADO POR LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL”

6.- A lo largo de la sentencia el Tribunal señala al Movimiento Alianza País como el beneficiario de los supuestos valores recabados del cohecho perpetrado por la organización criminal; por otra parte, señala al Econ. Rafael Correa Delgado como líder de la organización.

En tal virtud, solicito al Tribunal se sirva ACLARAR cuáles fueron las pruebas que demostrarían el conocimiento que el Econ. Rafael Correa Delgado tendría sobre los supuestos aportes realizados a Alianza País.

“CONOCIMIENTO DE RCD DE LOS SUPUESTOS APORTES DE EMPRESARIOS A AP”

7.- En varios pasajes de la sentencia se han mencionado como prueba los testimonios de los peritos informáticos Milton Jaque y Marco Pazmiño. Sin embargo esos elementos probatorios no son contrastados con otros debidamente contradichos por las defensas en los que se puedan demostrar, por ejemplo, que el Econ. Rafael Correa Delgado haya tenido conocimiento de los supuestos aportes de empresarios a Alianza País.

Por este motivo, resulta fundamental que el Tribunal ACLARE cuáles fueron los elementos probatorios que puedan demostrar que el Econ. Rafael Correa Delgado haya conocido de los registros que supuestamente llevaba la señora Laura Terán Betancourt en archivos informáticos de Excel sobre aportes a Alianza País.

Aclaración y Ampliación

“TODOS LOS PAGOS ERAS REPORTADOS A RCD Y JG, QUIENES DIRIGÍAN EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA”

8.- Dentro del análisis del supuesto mecanismo de cohecho, el Tribunal indica textualmente lo siguiente:

“En efecto, se ha probado con suficiencia que todos estos pagos eran reportados a un nivel jerárquico superior, conformado tanto por el entonces Presidente de la República, RAFAEL CORREA DELGADO, como por el entonces Vicepresidente de la República, JORGE GLAS ESPINEL, quienes, por otra parte, dirigían el sistema de contratación pública en el país.”

 Ante tal afirmación es urgente que el Tribunal ACLARE y AMPLÍE indicando lo siguiente:

  • ¿Cuáles fueron las funciones del Econ. Rafael Correa Delgado y del Ing. Jorge David Glas Espinel en los procedimientos precontractuales y contractuales de los contratos adjudicados a las empresas investigadas entre los años 2012-2016?
  • ¿Qué normas facultan u obligan al Presidente de la República o al Vicepresidente de la República participar en los procesos precontractuales y contractuales de contratación pública?

“ENTABLADO DE CORRUPTELA CON PROPIOS CÓDIGOS”

9.- En el análisis de la organización y la participación del Econ. Rafael Correa Delgado, el Tribunal indica textualmente lo siguiente:

“d) Que, dentro del entablado de corruptela, el procesado RAFAEL CORREA DELGADO tenía sus propios códigos: SP (Señor Presidente), RCD (Rafael Correa Delgado), RC (Rafael Correa) y A1, con el objetivo de celar su identidad, lo cual, se justificó con los testimonios anticipados de PAMELA MARTÍNEZ LOAYZA y LAURA TERÁN BETANCOURT, los mismos que guardan armonía y sindérisis jurídica con las actuaciones y testimonios de los peritos Marco Pazmiño, Oscar Cifuentes, Milton Jaque, Henry Yépez y William Castro.”

Pese a esto, el Tribunal no establece que perito o testigo aseveran que las siglas: SP, RC, RCD o A1 corresponden a la identificación codificada del Econ. Rafael Correa Delgado, en tal virtud, sírvase el Tribunal ACLARAR cuáles fueron los elementos probatorios que sustentan esa afirmación transcrita.

“FONDO SOLIDARIO”

10.- En la Presidencia de la República existió un Fondo Solidario reconocido por la procesada Laura Terán Betancourt, por la perito criminóloga Mantilla, por la testigo Suat Manzur y por los archivos informáticos periciados por Marco Pazmiño. Sin embargo el Tribunal desconoce la existencia del mismo.

Habiendo tanta prueba documental y pericial, solicito al Tribunal que ACLARE y AMPLÍE su argumentación indicando los motivos y elementos probatorios que desmienten a los antes citados y que harían entender que no existió un Fondo Solidario de funcionarios.

Hay 3 puntos adicionales que solicitan aclaración y ampliación y se refieren a la falta de citas bibliográficas de autores citados y jurisprudencia emitida en otros países.

Confirmado.net

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