Familiares de detenidos imploran sustitución de medidas ante casos de covid-19 en cárceles

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Ecuador es uno de los países que peor ha manejado la pandemia Covid-19 de acuerdo a indicadores de contagiados, fallecidos y atención integral. De acuerdo a los últimos datos oficiales ya hay 7.858 casos de personas contagiados; 388 fallecidas más 582 fallecidos probables con Coronavirus (es decir casi 1000 muertes en el contexto del Covid-19).

Ecuador ocupa el puesto 26 a nivel mundial de los 185 países que tienen casos de contagio. Las estadísticas que publica el Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns,  Hopkins  pone al país en cuarto lugar de la región destrás de Brasil, Perú y Chile. Sin embargo por índice de población per cápita se coloca en los primeros lugares.

Alarma en Ecuador por contagio en Centro carcelario

En el Centro de Detención Provisional de Quito se ha descubierto el segundo caso de contagio de Coronavirus. Al igual que el primero, se trata de un guía penitenciario publicó diario El Comercio.

Pese a la gravedad del caso las autoridades competentes no han tomado decisiones respecto al urgente pedido que realizan los familiares de las personas detenidas, esto es la sustitución de medidas cautelares como ha sucedido en otros países.

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Familiares hacen un llamado por la vida de los detenidos

Familiares de los detenidos en los diferentes Centros de Rehabilitación Social han expresado su angustia por la situación que atraviesan. Piden auxilio al régimen para que apruebe la sustitución de medidas e impida un contagio mayor.

El drama también lo viven los familiares del exvicepresidente Jorge Glas quien está detenido desde hace dos años en Latacunga. Glas fue un hombre incómodo para las élites y traicionado por el poder.

Detenidos en el Centro de Detención Provisional pidieron a las autoridades tomar decisiones urgentes para evitar que se propague el virus en el centro carcelario. PPLs del Centro de Atención Provisional Pichincha Inca pidieron para que tomen cartas en el asunto de la situación que se vive en dicho centro: “no tenemos protección para contrarrestar el virus , no tenemos mascarilla, medicamentos..”

Ecuador aun debate y no toma resoluciones sobre privados de libertad

En Ecuador, país que se ha visto desbordado por la pandemia y por la ineficacia de las políticas públicas del gobierno, la voz de alerta sobre este tema levantó el asambleísta Ronny Aleaga. Ante la inminencia de que el virus se propague en los centros carcelarios, hace varias semanas pidió al gobierno que declare en estado de emergencia al sector penitenciario. Hasta la fecha no hay respuesta oficial.

El director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Edmundo Moncayo, dio a conocer este miércoles sobre la aprobación de un procedimiento para que los jueces tomen sus decisiones respecto a la sustitución de medidas alternativas a la prisión.

LEA: Cárcel y coronavirus en Ecuador: ni Estado ni derechos humanos

Un reportaje publicado por el portal digital La Tinta, Cárcel y coronavirus en Ecuador: ni Estado ni derechos humanos revela la desatención que tienen los privados de libertad en dicho centro. 

Las palabras de un PPL, cuyo nombre se mantiene en reserva -mantener contacto por vías “no legales” con el exterior es considerado delito en Ecuador-, alertan del inminente peligro para la vida y los derechos humanos de la población del Centro de Detención Provisional de “El Inca”, de Quito, lugar donde se reportó, días atrás, el primer caso de coronavirus en un agente de seguridad”.

Corte Nacional de Justicia sugiere medidas cautelares sustitutivas a la prisión

Un comunicado oficial de la Corte Nacional de Justicia indica que los jueces deben adoptar medidas alternativas ante la posibilidad de la prisión preventiva.

“Las condiciones generales del sistema carcelario ecuatoriano y el estado de emergencia sanitaria que atraviesa el país por la rápida propagación del virus COVID-19, sugieren a juezas y jueces privilegiar la imposición de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva en casos de delitos flagrantes en que Fiscalía decida formular cargos, para de esta forma coadyuvar en el aislamiento social y resguardar la salud pública.

Además, conforme lo ha determinado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, como personas de la tercera edad, enfermos catastróficos, mujeres embarazadas, entre otros, se deben evaluar las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la prisión.

La Presidenta de la Corte Nacional de Justicia ha compartido estos criterios con las y los Presidentes de Cortes Provinciales. Corresponde a Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública General, en el ámbito de sus competencias, de así considerarlo, emitir las directrices que estimen necesarias en esta materia.

Varios pedidos para evitar la propagación dek virus en las cárceles

Diferentes países han decidido adoptar medidas para evitar una propagación del virus en los centros carcelarios debido al hacinamiento y a las pocas probabilidades que tienen de ser atendidos de manera oportuna.

La pandemia del coronavirus ha puesto a prueba la capacidad de los Gobiernos latinoamericanos para proteger a sus habitantes y evitar lo más rápido posible una propagación que termine por colapsar los sistemas de salud.

Mientras algunos países optaron por el cierre de fronteras, la declaración de cuarentena y de emergencia sanitaria, los recientes motines ocurridos en distintas cárceles de la región fueron una llamada de alerta y un grito de auxilio hacia las autoridades ante una realidad: el coronavirus podría llegar hasta las prisiones y afectar a la población carcelaria.

Con cerca de un millón y medio de personas en prisión, América Latina tiene una tasa de encarcelamiento de 241 internos por cada 100.000 habitantes, la más alta del mundo, según ha documentado el Instituto Igarapé. La sobrepoblación penitenciaria trae consigo condiciones inhumanas, que se podrían agravar si se confirman casos de coronavirus al interior de las prisiones, reportó la web de Russia Today.

ONU: Hay que tomar medidas urgentes para evitar que el COVID-19 ‘cause estragos en las prisiones’

En un reciente mensaje, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, recordó que como consecuencia de la sobrepoblación en las prisiones en muchos países, los internos se encuentran en “condiciones higiénicas deplorables” y que los servicios de salud suelen ser “deficientes o inexistentes”. “En esas condiciones,el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles“, advirtió.

La situación en las prisiones es aún más complicada porque, como explicó la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un reciente informe, “es más probable que las personas privadas de su libertad […], sean más vulnerables al brote del coronavirus que la población general, debido a las condiciones de confinamiento en las que viven juntos por un prolongado periodo de tiempo”.

La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos -CIDH- emitió la Resolución 1/2020 vinculada a la pandemia de la Covid-19 y sus graves efectos en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal. Esto debido a los impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general, y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad como las privadas de libertad.

En ese sentido la CIDH pide a los gobiernos «adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes».

CORTE IDH urge medidas de protección a personas privadas de libertad

Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, las niñas y los niños, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, los apátridas, las personas privadas de la libertad, las personas LGBTI, las mujeres embarazadas o en período de post parto, las comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que viven del trabajo informal, la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza, y el personal de los servicios de salud que atienden esta emergencia.

Confirmado.net

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