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28 días después de haberse declarado la emergencia nacional, el gobierno de Moreno lanza con fecha 10 de abril de 2020, una propuesta de Ley que configura el ambiente en el que se ha venido desenvolviendo esta crisis sanitaria. Se propone una ley donde las recaudaciones que son públicas generen un fondo, mismo que será administrado por el sector privado mediante una junta de notables propuestas por el excelentísimo presidente que tenemos los ecuatorianos, atentando contra la normativa constitucional, y contra la función del estado. Además, se traza el camino para la flexibilización laboral, ya que estos elementos se consideran en esta propuesta de ley. Además, se propone una ley que ampara la retroactividad fiscal (prohibida por ley) para convertir las donaciones realizadas por el gran capital, en crédito tributario. Esta propuesta de ley, deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional, y si se aprueba dentro del mes de abril, será habilitante para aplicarse desde mayo.

Se define en el “Art. 3. – Contribución humanitaria temporal sobre ingresos gravados de personas naturales: Las personas naturales que realicen actividades económicas y que perciban ingresos gravados de cualquier fuente, deberán pagar una contribución humanitaria sobre tales ingresos, de conformidad con la siguiente tabla”:

“Deberán pagar esta contribución, en las mismas condiciones señaladas en este artículo, todas las personas naturales, nacionales o extranjeras, que sean consideradas como residentes ecuatorianos para efectos tributarios, que perciban en este mismo plazo ingresos gravados de cualquier fuente, aunque el pago de los mismos se haya realizado fuera del país. En los casos de los ingresos generados por actividades empresariales, se deberá considerar como base imponible el ingreso neto. Se encuentran exonerados del pago de esta contribución los ciudadanos que hubiesen sido gravemente afectados económicamente durante el tiempo que dure la declaratoria de excepción derivada de la crisis ocasionada por el COVID-19, conforme a las condiciones que se definan mediante decreto ejecutivo. Las personas con discapacidad tendrán una rebaja equivalente al cincuenta por ciento del valor de la contribución a pagar, conforme las condiciones que establezca el Reglamento a esta Ley”.

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Esta propuesta generará al estado (para direccionarlo al fondo administrado por una junta de notables) entre 650 a 800 millones de las personas que trabajan en el sector privado (correspondiente a 92 de cada 100 empleados), 125 millones de las personas que trabajan en el sector público (que corresponde a 8 de cada 100 empleados), recaudando en las personas naturales entre 775 millones a 925 millones de dólares. Esto corresponde a una contribución entre el 17,2 % al 20,6 % del valor total de las remisiones tributarias de 4.500 millones de dólares, entregadas a las grandes empresas, y entre el 10,3 % al 12,3 % del valor total de remisiones (tributarias, laborales y subfacturación) que llegó a los 7.500 millones de dólares, entregadas a las grandes empresas.

Art. 4.- Contribución humanitaria única sobre las utilidades de las sociedades. – Todas las sociedades que realicen actividades económicas, y que fueren sujetos pasivos de impuesto a la renta, pagarán una contribución calculada sobre el que resulte el mayor valor entre la utilidad gravable y la utilidad disponible para distribución del año fiscal 2018, de conformidad con la siguiente tabla:

Esto le generará al estado aproximadamente 600 millones de dólares. Esto corresponde a una contribución del 13,3 % del valor de las remisiones tributarias de 4.500 millones de dólares, entregadas a las grandes empresas, y 8 % del valor total de remisiones (tributarias, laborales y subfacturación) que llegó a los 7.500 millones de dólares, entregadas a las grandes empresas.

En total, las recaudaciones a obtenerse por los articulados 3 y 4 será de entre 1.375 millones de dólares a 1.525 millones de dólares. Esto corresponde a una contribución entre el 30,6 % al 33,9 % del valor de las remisiones tributarias de 4.500 millones de dólares, entregadas a las grandes empresas, y entre el 18,3 % al 20,3 % del valor total de remisiones (tributarias, laborales y subfacturación) que llegó a los 7.500 millones de dólares, entregadas a las grandes empresas.

El día de hoy 12 de abril de 2020, frente a las fuertes críticas de la propuesta de ley, vía tweeter, no como parte de la propuesta de ley, el presidente Moreno indica que se reduce al 50%, el ingreso mensual de presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, y en todas las funciones del estado, gobiernos seccionales, Asamblea, etc. Considerando la medida tomará el mismo tiempo que para los empleados, 9 meses, y que, en todos los niveles de gobierno, y funciones del estado, esto aplicará entre 4.000 a 4.500 funcionarios de alto rango (aproximadamente 1.975 funcionarios en el gobierno central y la Asamblea Nacional) en todas las funciones del estado y gobiernos seccionales (incluido sus asesores y asistentes), con ingresos entre 4.000 a 5.600 dólares mensuales, le generará al estado entre 90 a 100 millones de dólares. El gobierno central y la Asamblea representará entre 35 a 40 millones de dólares, por estos 9 meses, aproximadamente 3,8 millones a 4,4 millones de dólares mensuales. Si sumamos a los articulados 3 y 4 (recaudación entre 1.375 a 1.525 millones de dólares), lo que recaudará el estado será entre 1.455 millones de dólares a 1.615 millones de dólares. Esto corresponde a una contribución entre el 32,3 % al 35,9 % del valor de las remisiones tributarias de 4.500 millones de dólares, entregadas a las grandes empresas, y entre el 19,4 % al 21,5 % del valor total de remisiones (tributarias, laborales y subfacturación) que llegó a los 7.500 millones de dólares, entregadas a las grandes empresas.

Además, señala este articulado, “En ningún caso esta contribución será superior al veinte y cinco por ciento (25%) del impuesto a la renta causado del ejercicio fiscal 2019”. ¿Por qué tiene que haber restricciones para el gran capital? Es decir, los grupos económicos no podrán aportar más de 400 millones de dólares, a pesar que los ingresos obtenidos el 2019 fueron de casi 76.000 millones de dólares. Igual sucedería con la telefónicas, las cuales no aportarán más de 25 millones de dólares, a pesar que los ingreso el 2019 superaron los 4.000 millones de dólares. Los periódicos y la tv no podrán aportar más de 5 millones de dólares. Tal como se muestra en los siguientes cuadros:

Y finaliza este articulado 3 señalando “El pago se realizará en tres (3) cuotas mensuales, a partir del mes siguiente de la promulgación de esta ley en el Registro Oficial, de conformidad con el noveno dígito del RUC de la sociedad”. Se sigue obedeciendo los pedidos del gran capital.

En el Artículo 7 se genera el crédito tributario a las donaciones realizadas entre 17 de marzo y 10 de abril, esto es retroactividad. Ninguna ley puede ser retroactiva. Pero el objetivo de esto es buscar que Banco Pichincha, Banco Guayaquil, grandes corporaciones ya no paguen ninguna contribución a lo realizado, sino más bien esto les sirva para pagar menos impuesto siguiente año. Por ejemplo, Banco de Pichincha (10 millones), y Banco Guayaquil (8 millones) donaron para la emergencia, esto implica que estas empresas no solo ya no contribuirán, sino que esa contribución por donación, la podrán deducir del pago de impuesto a la renta.

Los filántropos, aclamados por los medios y el gobierno, se siguen beneficiando de esta tragedia nacional, tal como menciona el Art. 7.- Donaciones. – Las donaciones en dinero que hubieren realizado las personas naturales o las sociedades obligadas al pago de esta contribución, desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 10 de abril del 2020, destinadas exclusiva y únicamente a la atención de las necesidades derivadas de la crisis sanitaria por el COVID – 19, en beneficio de planes o programas estatales de ayuda y atención; o en beneficio de entidades privadas sin fines de lucro, bajo el mismo objetivo y finalidad -donaciones que deberán estar calificadas por la autoridad pública competente- , serán consideradas como crédito tributario para el pago de las contribuciones temporales y únicas previstas en esta ley, conforme a las condiciones y requisitos establecidos mediante resolución por el Servicio de Rentas Internas”.

Y en materia de medidas solidarias y de bienestar se sigue tomando el pelo a la gente y beneficiando al sector privado, vía subsidios a las ganancias.

El Art. 9.- Pensiones educativas. – El Gobierno Nacional podrá entregar a las instituciones educativas privadas compensaciones monetarias o no monetarias para cubrir parte de la pensión del presente año lectivo de los alumnos menores de dieciocho años, en aquellos segmentos de la población más vulnerables, con el fin de garantizar la continuidad educativa. El valor total de la compensación entregada a la institución educativa privada se traducirá obligatoriamente en una disminución del valor que se pague en la pensión, de acuerdo a los términos que establezca el reglamento”.

¿Quiénes tienen la posibilidad de educar a sus hijos en el sector privado, los grupos o sectores vulnerables? ¿Entonces si alguien de ingresos medios o altos se declara vulnerable, el gobierno tiene que cubrir por ello? ¿Lo que el gobierno compense a las instituciones educativas privadas será el valor que no pueda cubrir el padre de familia? ¿Dónde están las compensaciones o kits alimenticios para los grupos realmente vulnerables, que no tienen que comer durante todo este tiempo?

Suspende temporalmente los desahucios en materia de inquilinato, mientras dure la crisis sanitaria, dando al arrendador la condicionalidad que si lo haga si existe el peligro de deterioro o destrucción de la vivienda. Art. 10. – Suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato.- Durante todo el tiempo que dure el confinamiento mandatorio establecido por el Gobierno Nacional, y hasta sesenta días después de su conclusión, no se podrán ejecutar desahucios a arrendatarios de viviendas por cualquiera de las causales establecidas en la Ley de Inquilinato, excepto en los casos peligro de destrucción o ruina del edificio en la parte que comprende el local arrendado y que haga necesaria la reparación, así como de uso del inmueble para actividades ilegales”.

Y se habla en el Art. 11 sobre el no incremento de servicios básicos incluyendo telecomunicaciones.

¿En serio el gobierno pretendía incrementar servicios básicos? ¿Iba a permitir que las empresas privadas de telecomunicaciones suban los precios? ¿Es necesario una ley para prohibir esto al sector privado? ¿O el estado debe pedir permiso al sector privado para tomar las decisiones, tal como esta haciendo este gobierno miserable? Art. 11.- No incremento de servicios básicos. – Durante los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, se prohíbe el incremento en valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los servicios de telecomunicaciones, sean estos prestados de manera directa por instituciones públicas, por delegación o por privados”.

Se prohíbe la terminación de pólizas o seguros de salud por no pago hasta 60 días, ¿luego de ello las personas deberán pagar la totalidad de los pagos con multas y recargos? ¿Dónde esta el período de pago adicional luego de los 60 días?

Art. 12.- Prohibición de terminación de pólizas de salud por mora. – Durante el tiempo que dure el estado de excepción por la emergencia sanitaria del COVID-19, las compañías aseguradoras privadas no podrán cancelar o dar por terminadas las pólizas de seguros de salud ni los contratos de medicina pre-pagada si es que se presentan atrasos de hasta sesenta días (60), adicionales a los que establezcan los contratos respectivos, en los pagos por parte de los asegurados”.

Y en capítulo 3, Régimen Impositivo voluntario, único y temporal de regulación tributario, se busca cubrir con un impuesto único para la regulación tributaria, a los funcionarios que mantienen empresas off-shore en el exterior y así puedan participar en las elecciones del próximo año, al señalarse:

“Art. 14.- Régimen Impositivo Voluntario, Único y Temporal. – A efectos de regularizar las correspondientes obligaciones tributarias, créase el régimen impositivo, voluntario, único y temporal, aplicable a los residentes fiscales del Ecuador que al 31 de diciembre de 2019, hayan mantenido en el exterior ingresos gravados con Impuesto a la Renta en Ecuador, o realizado operaciones o transacciones monetarias sujetas al Impuesto a la Salida de Divisas, no declaradas o cuyo impuesto correspondiente no hubiere sido objeto de retención y/o pago, en el Ecuador, de conformidad con lo establecido en la ley.

De igual forma, este Régimen será aplicable en los casos en los que los sujetos pasivos mantengan en el exterior, al 31 de diciembre de 2019, activos adquiridos con los ingresos gravados a las que se refiere el inciso anterior, y los cuales no se hayan registrado en la declaración patrimonial, de conformidad con la ley. Por su naturaleza, este Régimen Impositivo Voluntario, Único y Temporal que implica el pago de un Impuesto Único para la Regularización Tributaria, no corresponde a un proceso de remisión de obligaciones tributarias.

El reglamento determinará las tarifas, procedimiento y demás condiciones necesarias para la implementación de este régimen”.

Y el capítulo 4 crea el Fideicomiso Humanitario y de Reactivación Productiva, que no es más que una Junta de notables definida por el presidente Moreno, acorde a la probidad y trayectoria dice el gobierno. Este fideicomiso no es más que las recaudaciones que se generen en los articulados 3 y 4 pasen a ser parte de este fideicomiso, mismo que será administrado por este grupo de notables, es decir, se quita la potestad del estado para administrar los recursos públicos, y se entrega al sector privado para que ello lo administren, en función de lo que ellos decidan, tal cual el modelo exitoso de Guayaquil. Esto le reduce el rol del estado y muestra que definitivamente no solo no hay presidente, no existe gobierno en el país, y no pueden manejar una crisis, por tanto, se entrega el manejo de los recursos y de la crisis al sector privado.

Art. 16.- El Gobierno Nacional constituirá un fideicomiso humanitario y de reactivación productiva, aplicando las mejoras prácticas de transparencia y rendición de cuentas, para recaudar y administrar recursos de una manera transparente y eficiente para enfrentar la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, así como para enfrentar los problemas económicos y sociales que dicha emergencia produzca, sostenimiento del empleo y fomento de actividades productivas, cuyos beneficiarios serán programas y proyectos de instituciones públicas o privadas, pueblos, comunidades y organizaciones de la sociedad civil, acuerdo a las políticas establecidas por la Junta del Fideicomiso. ¿Acaso no existe Contraloría u organismos de control para transparentar y rendir las cuentas?

Además, lo que se busca es mostrar que el estado es ineficiente y el sector privado es muy eficiente ¿Si el estado es ineficiente porque perdono deudas por más de 7.500 millones de dólares? ¿Si el sector privado es eficiente, porque le pide al estado ayuda? ¿acaso este gobierno no ve lo que se está haciendo en otros países, fortalecer aún más al estado para enfrentar esta crisis que todos los países tienen? Esto solo muestra porque ahora somos ejemplo de lo que no se debe hacer, cuando hace 3 años atrás, éramos el país ejemplo de lo que se debe hacer. ¿Imaginémonos que hubiese pasado con este gobierno durante el terremoto del 2016 y la crisis económica del 2015-2016?

Y más mucho más allá con la creación del fideicomiso y de esta junta de notables, al definir Art. 19.- Bono estatal por estabilidad laboral. – El Fideicomiso podrá entregar una compensación a aquellas empresas de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria, siempre que estas empresas no despidan a sus empleados y trabajadores. El reglamento a esta Ley determinará las condiciones para acceder a este beneficio”. Con ello, la junta definirá las compensaciones a las empresas, y el fideicomiso servirá para garantizar las ganancias de esas empresas. ¿Cuáles serán las empresas que se beneficien de esto? ¿No debería existir compensaciones solo para las MIPYMES excluyendo a las grandes empresas? ¿Por qué aquí no existe restricciones a los beneficiarios?

Y se lanza en el capítulo 5, ya el proceso de flexibilización laboral y no pago de dividendos a los empleados, bajo las medidas para apoyar la sostenibilidad de empleo, al señalarse:

“Art. 21.- De los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo. – Los trabajadores y empleadores podrán, de común acuerdo, modificar las condiciones de la relación laboral con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y garantizar estabilidad a los trabajadores, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Una vez suscritos los acuerdos, éstos deberán ser informados al Ministerio del Trabajo, quien supervisará su cumplimiento”.

“Durante el tiempo que duren estos acuerdos, las empresas que los hayan celebrado no podrán repartir dividendos, debiendo estos ser reinvertidos en mejorar la capacidad productiva de la empresa. El incumplimiento estará sujeto a las sanciones establecidas por la autoridad de trabajo”.

¿Puede existir común acuerdo entre un empleador y un empleado en un país donde más del 60% (ahora con la crisis estará bordeando el 70%) de los trabajadores esta en el sector informal? ¿qué acuerdo puede existir entre un empleado y su empleador, cuando le digan que si ni se rebaja su sueldo será despedido, porque existen otras personas que si aceptarían su puesto?

Y se permite el cambio en la jornada de trabajo, con lo cual los beneficios sociales, las remuneraciones, y las utilidades correspondientes al trabajador se perderán, y los despidos corresponderán a la última remuneración recibida, esta condición se podrá aplicar hasta por 3 años.

Art. 22.- De la reducción emergente jornada de trabajo. – Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, el empleador podrá reducir la jornada laboral debiendo la remuneración y el aporte a la seguridad social pagarse en base a la jornada reducida. Esta reducción podrá aplicarse hasta por tres años y renovables por tres años adicionales por una sola vez. La remuneración básica de la reducción de la jornada deberá ser proporcional a las horas efectivamente trabajadas, en consideración a su remuneración anterior a la reducción de la jornada.

Respecto de los ejercicios económicos en que acordó la reducción de la jornada de trabajo, el empleador sólo podrá repartir dividendos a sus accionistas o socios si previamente cancela a los trabajadores las horas que se redujeron mientras duró la medida, hasta máximo por el monto de las utilidades que corresponden a los accionistas; pero en tal caso, el empleador tendrá derecho a exigir la recuperación de las horas de trabajo que correspondan.

De producirse despidos las indemnizaciones y bonificaciones, se calcularán sobre la última remuneración recibida por el trabajador antes de la reducción de la jornada”.

Y señalan en el Art. 23 como gran cosa o creación de este gobierno, que las personas que queden despedidas podrán acogerse al seguro de desempleo, y deberán aplicar los requisitos que en la normativa ya están contemplados. ¡Qué maravilla de gobierno, debemos los ecuatorianos, reelegirles!

“Art. 23.- Prestaciones del Seguro de Desempleo. – Durante el año 2020, los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en relación de dependencia, trabajadores independientes sin relación de dependencia y los afiliados voluntarios residentes en el Ecuador, que se encontrasen en situación de desempleo o cese temporal de actividades productivas por causas ajenas a su voluntad podrán acceder a la prestación del Seguro de Desempleo”.

De esta manera, esta propuesta de ley, no solo busca reducir el rol del estado, beneficiar al sector privado especialmente al gran capital, sino pretende finalizar con las metas cualitativas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, como es la Flexibilización Laboral., afectando al trabajador, entregando los recursos y las decisiones del estado al sector privado, para lo cual la denominan Junta de Notables que manejará el fideicomiso del estado. Realmente es una vergüenza lo que se está haciendo para reactivar la economía y enfrentar la crisis sanitaria.

¿Realmente esto conducirá a reactivar la economía?

¿Estos neoliberales no entienden que, si se reducen salarios o se cambia jornada de trabajo, sin entregar beneficios ni utilidades, se reduce el consumo, se afecta a los ingresos de la seguridad social, por tanto, las ventas y la economía no se reactivará?

¿Estos neoliberales están cegados en su doctrina ideológica, que no miran lo que están haciendo en otros países, vía fortalecimiento del estado, inyectando miles de billones de dólares a la economía, vía consumo de las familias y garantizar los salarios?

¿Estos neoliberales no han entendido que sus políticas económicas han causado mayor agresividad a esta crisis sanitaria?

Por último, el gobierno seguirá endeudándose aún más, para beneficio del gran capital. El FMI aprobó el instrumento de financiamiento rápido, hasta 1000 millones, mismos que pueden llegar a finales de abril. El Banco Mundial dará un financiamiento de 150 millones, a inicios de mayo. Y Bancos privados y Banco de Desarrollo Chino, entregarán 2.400 millones de dólares, hasta el mes de octubre, para cancelar una línea de financiamiento vigente, y sirve de liquidez. Esto muestra la falta de liquidez que tienen el gobierno por su mal manejo económico, y todo pretende que recaiga sobre la mayor parte de la población y no sobre los que más beneficios han obtenido, que es una parte pequeña de la población.

¡Patria que te han hecho! (Rafael Correa Delgado)

Confirmado.net / Marcelo Varela/ @MarceloVarelaE

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