Durante el siglo XIX, el cacao fue el principal producto de exportación del Ecuador y su ciclo de gran auge ocurrió entre 1880 y 1920. A ese compás económico acompañó la afirmación del régimen oligárquico, en el cual una elite vinculada a las haciendas, la agroexportación, el comercio y la banca, hegemonizó la vida política. En historia se reconoce como “época plutocrática” la que se extendió entre 1912 y 1925, cuando los bancos privados literalmente imponían sus intereses al país, de acuerdo con el testimonio dejado por Luis N. Dillon en su obra La crisis económico-financiera del Ecuador (1927).

La crisis del cacao fue profunda y larga. Duró prácticamente tres décadas; y, además del desempleo y la pobreza, generó una crisis política imparable, con la sucesión de una veintena de gobiernos, una guerra civil interna (la “guerra de los cuatro días”, en 1932) y hasta un conflicto internacional con Perú (1941 y firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1942).

Desde los años cincuenta el banano pasó a ser el primer producto de exportación y su auge duró hasta mediados de la década de 1960. Posibilitó la estabilidad constitucional de tres sucesivos gobiernos. Con él propiamente empezó el desarrollo capitalista del Ecuador. Su crisis representó una caída económica en plena época del desarrollismo, lo cual permitió manejarla en términos distintos a los utilizados durante la crisis del caco, porque el país ya contaba con algunas instituciones público-económicas, instrumentos tributarios y políticas estatales.

En la década de los setenta, durante las dictaduras militares y el inicio del gobierno constitucional de Jaime Roldós (1979-1981), el petróleo se convirtió en el eje de la economía y sus recursos permitieron la acelerada y profunda consolidación capitalista del país. Su crisis tuvo características inéditas. Según Osvaldo Hurtado (Ecuador entre dos siglos) solo él, primero como vicepresidente, e inmediatamente como presidente de la república (1981-1984), junto a algunos tecnócratas del CONADE y del Banco Central, conocían y previeron la crisis, aunque ellos “no contaban con la experiencia y las destrezas que exigía la novedosa problemática económica”, a tal punto que acudió a la ayuda de un exministro de Hacienda de Chile y luego al apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien firmó la primera carta de intención de la época democrática contemporánea.

Según el mismo autor, son cuatro las crisis económicas sucedidas en este cambio de siglos y todas relacionadas con el comercio externo y, sin duda, con el petróleo: entre 1982-1983, 1987-1988 (gobernaba León Febres Cordero), 1998-1999 (gobernaba Jamil Mahuad) y la que se inició en 2015, cuando todavía gobernaba Rafael Correa. Hurtado sostiene, igualmente, que su gobierno supo manejar la crisis, de modo que Febres Cordero recibió un país en marcha, que este mandatario no logró conservar al inclinarse por medidas “populistas” y “liberales”. Sostiene, además, que el manejo debía apuntar al equilibrio macroeconómico y particularmente de las finanzas públicas, disminuyendo el gasto estatal y apuntalando medidas de mercado. Bajo esa óptica analiza las medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos. Pero su interpretación se encamina, en definitiva, a justificar que las medidas aperturistas eran las históricamente necesarias, argumentando incluso que así ocurría en otros países “exitosos” de América Latina. Sin embargo, esos eran los errados conceptos de la época, de acuerdo -entre otros- con los estudios actuales de Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía, quien en su obra Capitalismo progresista (2020), ha demostrado las nefastas consecuencias de la aplicación del neoliberalismo en los EEUU y en el mundo, incluyendo a Latinoamérica.

Los organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), analizan que el mundo y la región se encaminan hoy a una crisis económica de carácter inédita, a causa de la pandemia del coronavirus, que arrancó en enero de 2020 y que ha obligado a una cuarentena mundial igualmente insospechada en la historia contemporánea. La crisis sanitaria internacional, ocurrida en 1918 al extenderse la “gripe española” (también llegó a Ecuador), no se compara con la pandemia actual. La más grave repercusión, de acuerdo con la Cepal, será el inminente aumento de la población desocupada y subocupada. La precariedad y la pobreza avanzarán, lo cual obliga a revisar las políticas sociales y la de los Estados, porque “esta nueva crisis de salud ha expuesto la fragilidad de esta globalización y del modelo de desarrollo en el que se sostenía” (https://bit.ly/343r9J2).

La crisis del coronavirus ha alterado el mundo y su historia inmediata. Las respuestas tradicionales de la economía se han visto desbordadas, incluso porque los centros de trabajo han tenido que cerrar o suspender sus actividades, lo cual afecta, inexorablemente, tanto la oferta como la demanda. Las previsiones y análisis de las ciencias sociales también sufren un impacto renovador, porque la crisis mundial y especialmente la latinoamericana, obligan a cambiar paradigmas y conceptos, pues se requieren nuevas soluciones para una sociedad distinta, que ya no provienen de los planteamientos tradicionales.

Así es que nos enfrentamos a un esfuerzo mundial por superar un momento de pandemia que ha marcado nuestra vida cotidiana y desafía capacidades públicas y privadas. A partir de la experiencia de China, desde los EEUU, pasando por Europa y América Latina, y llegando al Ecuador, la crisis sanitaria ha rebasado las propias capacidades gubernamentales y ha demandado la cooperación entre países. La prioridad es la vida y no los negocios, de modo que la salud humana se ha colocado por encima de la salud empresarial, aunque requiere de la movilización económica que garantice la existencia social.

Como señala la Cepal en un informe reciente, “América Latina y el Caribe enfrenta la pandemia desde una posición más débil que la del resto del mundo” (https://bit.ly/2Rb01CG). Cabe añadir que en distintos países latinoamericanos también afecta el haber seguido, durante muchos años, las consignas neoliberales por “achicar” al Estado y hasta “privatizar” la salud, la atención médica y la seguridad social, cuyas repercusiones ahora se advierten mejor. Para la misma Cepal queda en claro que “El Estado debe asumir actividades de planificación que generen las condiciones para sostener y después estimular la oferta y la demanda. Esto requiere capacidades y recursos públicos, e instrumentos de política que deben diseñarse en línea con las capacidades productivas de cada país”.

También debería quedar en claro que saldremos adelante con la solidaridad que demanda el momento; y que pasó a ser una necesidad histórica urgente, para la reflexión académica, el desafío de contribuir a la construcción de un mundo distinto, pensándolo distinto. (O) Juan Paz y Miño


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