La Red Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Ecuatoriana, solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres y a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos Michelle Bachelet, su intervención ante el Estado ecuatoriano que permita al exvicepresidente Jorge Glas Espinel, beneficiarse de la prelibertad y pueda reunirse en su domicilio con su familia, lejos de las fuentes de riesgo y de un posible contagio de coronavirus.

Mediante un oficio y en el marco de su mandato, la organización pide que se formulen recomendaciones al Estado ecuatoriano encaminadas a asegurar el cumplimiento de los derechos humanos en el Ecuador; y, Oficiar al Ecuador para que permita que Jorge Glas Espinel se beneficie de la prelibertad y pueda reunirse con su familia en su domicilio, lejos de las fuentes de riesgo y de un posible contagio de coronavirus, ya que se cumplen todas las premisas descritas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su llamado a los Gobiernos.

COMUNICADO DE LA RED_DDHH

Comunicado de la RED

La Red Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Ecuatoriana, cuyos integrantes somos 185 organizaciones, en 14 países y 45 ciudades, tiene como objetivo principal aunar esfuerzos en la defensa de los derechos humanos, participación ciudadana, control social y lucha contra la corrupción en el Ecuador. Comparecemos ante ustedes para expresarles nuestra profunda preocupación respecto al manejo de la crisis sanitaria por parte del Gobierno ecuatoriano producida por el COVID-19 y la situación de vulnerabilidad y peligro de muerte en que se encuentra el exvicepresidente Jorge Glas Espinel.

Si bien es cierto el coronavirus ha desatado una crisis global, que ha paralizado a muchos países al imponerse un encierro generalizado contra la expansión de la enfermedad. Ecuador es el segundo país de Latinoamérica después de Brasil en encabezar el número de contagiados, es decir Ecuador es el que tiene más contagios y defunciones per cápita de toda la región. Con el antecedente de que, en los años del Gobierno de Lenin Moreno se ha mermado sustancialmente el presupuesto de salud, tanto así que para el 2020 el presupuesto para salud se redujo USD 25 millones menos que en el año 2019, (UDS 3.037 millones). Asimismo, sin ningún estudio técnico, en febrero de 2019 se despidieron a 3.000 trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras y auxiliares.1

Pese a la solicitud del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a los acreedores bilaterales para que congelen el reembolso de deudas a los países pobres para que puedan liberar dinero para combatir la pandemia de coronavirus2, Ecuador pagó USD 325 millones de intereses de bonos 20203.
No existe transparencia en las cifras oficiales publicadas por el Gobierno de infectados y fallecidos a causa de la enfermedad. Según la Secretaría Nacional del Gestión de Riesgos a 28 de marzo de 2020 habían 1835 confirmados y 48 fallecidos4. Sin embargo, la ministra María Paula Romo el 27 de marzo de 2020 comunicó que “en últimos tres días en Guayaquil se han recogido 100 cuerpos de fallecidos. El 24 de marzo se recogieron 35, el día 25 hubo 48, y el 26 se recogieron 17, y aún hay algunos pendientes”5. Lo más nefasto para los ecuatorianos fue enterarse que se estaría construyendo una fosa común en Guayaquil, conforme lo anunció el vicepresidente Otto Sonnenholzner6. Si existen 48 fallecidos ¿Por qué una fosa común?

Dentro de ese contexto, el 25 de marzo de 2020 la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señala que en muchos países (como es el caso de Ecuador) los Centros de Detención están super poblados y las personas que albergan están peligrosamente acinadas, por lo que la separación física y el autoaislamiento son prácticamente imposibles, es por ello que hace un llamado a los gobiernos, para que actúen de manera urgente para proteger la salud y seguridad de las personas en detención, para prevenir la propagación de la pandemia en el sistema penitenciario, las autoridades deben examinar caminos para liberar a las personas que son particularmente vulnerables al COVID-19, como los reos enfermos y los mayores, para reducir drásticamente la población de las prisiones y que el distanciamiento físico sea posible, se debería considerar la liberación de los presos poco peligrosos. Los gobiernos deberían liberar a las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo los presos políticos y otros detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes de los Centros Carcelarios. El encarcelamiento debe ser una medida de último recurso particularmente durante la crisis del COVID-197.

El exvicepresidente Jorge Glas Espinel es un preso político del Gobierno de Lenin Moreno, desde el 1 de octubre de 2017, que padece una enfermedad catastrófica (espondilitis anquilosante), con mayor riesgo de muerte en enfermedades respiratorias, tal como lo hemos denunciado a la Oficial de Derechos Humanos para revisión de la Oficina Regional del ACNUDH para América del Sur, Relatores Especiales y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 31 de diciembre de 2019 mediante Resolución 69/19 otorgó Medidas Cautelares a favor del exvicepresidente para que el Estado adopte las medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal las cuales se ven amenazadas (corre peligro de muerte), medidas que el Gobierno se ha negado a ejecutar. A nivel nacional el vicepresidente es beneficiario del habeas corpus por integridad en el que se habla de la condición de salud, además de un habeas corpus por caducidad de la prisión preventiva en el caso político Arroz Verde y la declaración de caducidad de la prisión preventiva en caso Singue.

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Actualmente, el exvicepresidente puede acogerse al beneficio penitenciario conocido como prelibertad, establecido en los artículos 36 y siguientes del Reglamento al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social8, donde se señala que, para la concesión de la prelibertad, los internos deben haber cumplido cuando menos las dos quintas partes de la pena impuesta. Jorge Glas Espinel cumple con todos los demás requisitos, ya que, ha mostrado excelente conducta, ha realizado estudios, y no se encuentra inmerso en ningún impedimento.

Nos preocupa que al momento existen 21 indagaciones penales en curso en contra del exvicepresidente, fruto de la persecución política que viven los exfuncionarios del Gobierno de Rafael Correa. Es importante señalar que en el Ecuador el uso de la prisión preventiva es excesivo y constituye la regla y no la excepción, contraviniendo a lo establecido en los tratados internacionales de derechos humanos, nuestra constitución y lo manifestado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que establecen que la prisión preventiva es medida de última ratio. Lo cual nos traería a dos escenarios, que le nieguen la prelibertad al exvicepresidente (con lo cual no se puede volver a pedir otra vez en 6 meses) o que le expidan otra orden de prisión preventiva.

Lo expuesto, con el propósito de que, en el marco de su mandato, puedan: 1) Formular recomendaciones al Estado ecuatoriano encaminadas a asegurar el cumplimiento de los derechos humanos en el Ecuador; y, 2) Oficiar al Ecuador para que permita que Jorge Glas Espinel se beneficie de la prelibertad y pueda reunirse con su familia en su domicilio, lejos de las fuentes de riesgo y de un posible contagio de coronavirus, ya que se cumplen todas las premisas descritas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su llamado a los Gobiernos.

Confirmado.net / Red Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Ecuatoriana

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