COLOMBIA rechaza informe de Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet

"Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe", ha lamentado Bachelet en un comunicado.

Bachelet denuncia “los altos niveles de violencia” y urge a abordar las “causas estructurales”
Duque interpreta el informe de la ONU como una “intromisión a la soberanía” de Colombia

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado este jueves “la persistencia de los altos niveles de violencia” en Colombia, indicando que solo en 2019 se registraron 36 masacres, por lo que ha instado al Gobierno a abordar las “causas estructurales” y perseguir a los “autores intelectuales”.

“En 2019, mi Oficina observó la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los Derechos Humanos, incluyendo 36 masacres”, ha dicho Bachelet en el marco del 43º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha aprovechado para presentar el informe de su oficina sobre Colombia.

La ex presidenta chilena ha denunciado en concreto que “defender los Derechos Humanos sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia”. Solo el año pasado, la ONU documentó 108 asesinatos de activistas y, hasta el 19 de febrero, se han sumado otros cuatro casos, mientras que 31 están en proceso de verificación. La propia Bachelet ha advertido de que el balance real podría ser peor porque “los números de la Defensoría del Pueblo (de Colombia) son aún más altos”, con 134 casos.

Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que “la mayoría de estas personas pertenecían a comunidades rurales y pueblos étnicos y fueron asesinadas por promover la implementación del acuerdo de paz en materia de restitución de tierras y substitución de cultivos ilícitos”.

“Aliento al Estado a que aborde las causas estructurales de esta violencia, investigue estos ataques y sancione a los responsables –incluidos los autores intelectuales–“, ha reclamado la jefa de Derechos Humanos de la ONU.

Bachelet también ha instado al Gobierno de Iván Duque a implementar “todos los aspectos del acuerdo de paz” firmado en 2016 con las FARC, en especial los aspectos relacionados con la reforma rural, “manteniendo como eje central los derechos de las víctimas”.

A este respecto, ha querido destacar “el firme compromiso de la mayoría de los ex integrantes de las FARC con el proceso de paz”. Los ex guerrilleros han sido otro blanco de la ola de violencia que sufre Colombia. En estos tres años, al menos 173 han sido asesinados, 77 de ellos en 2019, de acuerdo con cifras de la ONU.

No obstante, ha valorado “los avances del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, animando a consolidarlos, así como la renovación del acuerdo entre su oficina y Colombia para “seguir apoyando los esfuerzos para consolidar la paz y promover el pleno goce de los Derechos Humanos”.

El acuerdo de paz ha provocado, paradójicamente, una nueva ola de violencia en Colombia debido, sobre todo, a la pugna entre grupos rivales por el control del territorio y de los antiguos negocios de las FARC, como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

EL ROL DE LA FUERZA PÚBLICA

Por último, Bachelet ha expresado su preocupación por “el uso del Ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social” y ha instado a la Fiscalía a seguir investigando las presuntas violaciones a los Derechos Humanos cometidas en la represión de las mismas.

Desde el año pasado, Colombia es escenario de fuertes manifestaciones con demandas que van desde la implementación del acuerdo de paz a la calidad de la educación pública. Al menos tres personas murieron y unas 250 resultaron heridas por los choques con las fuerzas de seguridad.

Ya en el informe, la Alta Comisionada alude a casos de “violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal en donde presuntamente están involucrados miembros del Ejército y/o la Policía” y pide a las autoridades colombianas “garantizar el respeto de las normas y estándares internacionales en la investigación” de estos casos.

“PREOCUPACIÓN Y EXTRAÑEZA”

A falta de “analizar esos documentos con mucha serenidad”, Duque ha reaccionado manifestando sus “preocupaciones” por las declaraciones de Bachelet y el contenido de su informe. “Me preocupa que haya imprecisiones y que no se diga la verdad sobre avances tan importantes como el de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial”, ha declarado.

Duque ha estimado incluso que la ONU incurre en una “intromisión a la soberanía de un país cuando dice que la Policía debe pasar al Ministerio de Interior”. El jefe de Estado ha recalcado que el papel de las fuerzas de seguridad es algo que “corresponde a las autoridades de Colombia”, según informa la prensa local.

También ha considerado preocupante que “poco se diga sobre las violaciones constantes de los Derechos Humanos por parte de grupos armados organizados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los residuales (de las FARC), el Clan del Golfo o Los Pelusos”.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ha emitido una nota oficial en la que traslada su “preocupación y extrañeza” porque considera que el informe de Bachelet contiene “apreciaciones que exceden el mandato definido” y que en algunos casos “rayan en opiniones políticas”.

Así, la Cancillería ha reprochado a Bachelet que “no ha presentado un informe integral y actualizado, enfocado a construir sobre la base de un diagnóstico objetivo e imparcial de los logros y retos existentes”.

“Más grave aún es que el informe presente en varios apartes supuestos casos delictivos o presuntas conductas que exceden estándares internacionales, que la oficina (de Bachelet) ha ‘documentado’ y que no han sido informados al Gobierno”, ha señalado, apostillando que “lo mínimo esperable era una denuncia ante las autoridades competentes”.

La diplomacia colombiana ha lamentado que la Alta Comisionada no mencione “los progresos nacionales en materia de derechos políticos, económicos, sociales y culturales”, entre los que ha resaltado la participación de la FARC, el partido nacido de la guerrilla, en las elecciones locales y regionales de octubre y la reducción de la pobreza.

En lo tocante al proceso de paz, ha reprochado a Bachelet que “no refleja los avances de la política de paz con legalidad y en la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial”. “Ignorar esos progresos (…) genera en la comunidad internacional apreciaciones sesgadas sobre el compromiso del país en este tema”, ha alertado.

Colombia también ha expresado su malestar porque “el informe tampoco hace mención alguna al impacto de la migración venezolana”, reiterando que los 1,7 millones de venezolanos que han llegado a Colombia huyendo de la crisis política y humanitaria en su país implican “grandes desafíos” a los que Bogotá ha dado una “respuesta comprometida”.

Frente a todo ello, Colombia ha ratificado su “firme decisión” de “promover y proteger los derechos de todas las personas en su territorio”, lo cual implica “tolerancia cero frente a toda posible violación”.

Además, y a pesar de estas críticas, ha reafirmado la importancia de seguir cooperando con la oficina de Bachelet, aunque siempre en el marco de su mandato y para fortalecer “las capacidades nacionales, propósito que solo se cumple sobre la realización de diagnósticos objetivos e integrales”.

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