ECUADORTitulares

EL juicio del siglo busca proscribir políticamente al expresidente de Ecuador, Rafael Correa

El llamado juicio del siglo por los poderes fácticos en Ecuador deja más dudas que certezas, a medida que el tiempo pasa se confirma que el único interés para quienes detentan el poder, es inhabilitar políticamente a Rafael Correa e impedir que pueda participar en las próximas elecciones generales fijadas para el 28 de febrero de 2021.

El proceso penal dictado por la justicia ecuatoriana con base a los elementos “probatorios” de la Fiscalía General del Estado, inició con una publicación periodística que difundió un medio digital  que estaría financiado por fondos internacionales .

El reportaje titulado Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador muestra supuestos informes detallados por Pamela Martínez, quien se desempeñó como parte del equipo de asesores del expresidente Correa y su asistente Laura Terán quien trabajo con Martínez. Esos «informes» contenían los supuestos aportes económicos que empresas multinacionales habrían entregado al movimiento Alianza País desde noviembre de 2013 hasta febrero de 2014 para ser usados en la campaña electoral, a cambio de recibir contratos.

Según Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa, el documento publicado por el medio digital fue cercenado, se pueden apreciar celdas de una pagina de excel en donde aparentemente están especificados unos códigos, nombre de la empresa, nombre del funcionario que supuestamente tenía relación con la empresa y aparentemente el supuesto monto. «Son paginas producto del hackeo y para subir al portal digital lo mutilaron y manipularon», dijo.

Una vez publicado el reportaje el 30 de abril de 2019, de manera casi inmediata un miembro de la Policía ecuatoriana «descubre» el informe en las redes, avoca conocimiento, materializa los documentos y eleva el parte a la Fiscalía. El ente público rápidamente sin investigación solicita un acto urgente para proceder a la ubicación y detención de la señora Pamela Martínez y su asistente, Laura Terán. Son detenidas y sus viviendas allanadas, les dictan orden de prisión, formulan cargos e instalan la audiencia luego de las 24 horas de deteción provisional, algo que es ilegal.

En la primera versión que rinden Martínez y Terán denuncian que han sido hackeados sus correos electrónicos debido a que no hay referencias con lo que se les acusa, por tanto demandan garantías, señalan que se está atentando contra su integridad personal y profesional. Luego de ello Fiscalía  formula cargos por concurso real de infracciones, (única figura contemplada en el COIP que permite la acumulación de penas). Les acusan de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, delitos que sumados darían muchos años de prisión en caso de hallarse culpables.

Aparece el famoso cuaderno y comienza la cacería de brujas

A finales de mayo de 2019 – 20 días después de estar presa Pamela Martínez – aparece el «famoso cuaderno», un nuevo allanamiento a su departamento en Quito permite a la Policía «hallar» lo que para la Fiscalía es una prueba del soborno. Todo esto ocurrió en medio de los rumores de que ella y Laura Terán se convertirían en cooperadoras eficacez, es decir que iban a colaborar con la justicia delatando a Rafael Correa y su exministros, para que su pena se reduzca y más adelante salgan de prisión, como en efecto ocurrió.

La ficción del cuaderno de Pamela Martínez

Pamela Martínez admitió que escribió el cuaderno «por un impulso» durante un viaje de 30 minutos entre Quito y Guayaquil en 2019. El cuaderno fue hallado durante un allanamiento en su deparamento en Quito. Es incomprensible y poco probable que en esas circunstancias luego de 4 años se pudiera escribir de memoria, incluso centavos, señaló uno de los procesados, Cristhian Viteri, exasambleísta del Movimiento Alianza País. El cuaderno escribió Martínez desde la cárcel varios años después de los supuestos cometimientos ilícitos, pero increíblemente en tiempo presente.

La defensa de Viteri solicitó un peritaje grafo químico del cuaderno para saber cuándo fue fabricado y no se le permitieron,  El modelo del cuaderno -según Graficas Vernaza, empresa que lo imprimió- era del 2018 y con la particularidad de que el código de barras está roto. Ese modelo de cuaderno no se fabricaba en el 2012 porque no había la tecnología para implementar los colores existentes en el cuaderno.

El cuaderno es «falso» e «incongruente», según Fausto Jarrín, el abogado de Rafael Correa.

«Las anotaciones de este cuaderno están escritas en tiempo presente sobre acciones ocurridas entre 2012-2016; sin embargo, Pamela Martínez reconoció que lo escribió en 2018 en un «impulso inevitable», dijo Jarrín a la agencia Sputnik.

Fiscalía abre expefiente paralelo y pide prisión para Alexis Mera y María Duarte

Las anotaciones de Pamela Martínez realizadas en 2019 sobre hechos sucedidos varios años atrás son fundamentales para vincular, procesar y pedir orden de prisión sobre exministros y exaltos funcionarios de Rafael Correa y aparecen justo cuando Fiscalía formula cargos a Pamela Martínez y Laura Terán por concurso real de infracciones.

Paralelamente Fiscalía abrió un nuevo proceso y solicitó un acto urgente a la Corte Nacional de Justicia para detener a la exministra María Duarte y Alexis Mera. Por orden de la jueza Daniella Camacho que coincidencialmente ha manejado varios casos en contra de altos cargos del gobierno de Correa, detuvieron a Mera y Duarte en Guayquil y los trasladaron inmediatamente a Quito. La exministra de Desarrollo Urbano de Ecuador María de los Ángeles Duarte y el exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, que formaban parte del Gobierno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, fueron detenidos, acusados por corrupción.

Orden de prisión para Rafael Correa y otros exfuncionarios

Orden de prisión preventiva en calidad de autores contra el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas, y 20 más con prohibición de salida del país y presentación periódica, entre las que están la asambleísta Viviana Bonilla y el exlegislador Christian Viteri, fueron la medidas dispuestas por la jueza Daniella Camacho para las 22 personas que son parte del caso Sobornos 2012-2016.

La prisión preventiva se extiendió al exsecretario del Agua, Walter Soliz; al ex Secretario de la Administración, Vinicio Alvarado; y a Yamil Massuh, exasesor de la ministra María de los Ángeles Duarte.

Acusan a Rafael Correa

El expresidente Rafael Correa estuvo inicialmente acusado por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, sin embargo a falta de verificación que puedan probar esos delitos, Fiscalía decidió acusarlo únicamente por el delito de cohecho.

El momento de su vinculación ocurrió en el contexto de la supuesta visita del Secretario Jurídico de la Presidencia de la República Alexis Mera a la asesora, Pamela Martínez. En su libro la ex asesora dijo lo siguiente; «He pedido despacho con SP para contarle ese pedido de Alexis. SP dispone hablar con VP sobre pedido del Dr Mera, está autorizado, pero VP debe decirme que hacer».

Ese estracto es considerado clave por Fiscalía para acusar a Correa, sin embargo allí nunca se habla de recursos, fondos, no se refiere a nada de eso. Fiscalía colige que Correa tenía conocimiento de este asunto.

«Cada día se confirma más la inocencia de Correa. Martínez incluso dijo que no hacía las gestiones referidas a contratación pública y todos los contratistas han dicho que jamás hicieron sobornos. Todo eso demuestra que este caso es un armatoste ridículo», agregó Jarrín.

Delito de cohecho

La Fiscalía del Ecuador pese a que contra Correa mantuvo la acusación de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, al no poder justificar con pruebas estos supuestos delitos, decidió únicamente acusarlo por el delito de cohecho, delito que se puede juzgar en ausencia y es imprescriptibe.

Tipificación del cohecho en el Cógido Penal ecuatoriano antes del COIP

2.- El cohecho es un delito que se encuentra tipificado en el Código Penal Ecuatoriano en los artículos comprendidos entre el 285 y el 291.
Para nuestra ley son responsables de cohecho.
a). Todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio público (incluidos los jueces, árbitros o componedores, y los miembros pertenecientes a un jurado) que cometa algunas de las siguientes acciones u omisiones:
– acepte oferta o promesa, o reciba dones o presentes, para ejecutar un acto de su empleo u oficio, aunque sea justo, pero no sujeto a retribución;
– sii ha aceptado ofertas o promesas, o recibido dones o presentes bien sea para ejecutar en el ejercicio de su empleo u oficio un acto manifiestamente injusto; bien por abstenerse de ejecutar un acto de su obligación.
– por ofertas o promesas aceptadas, por dones o presentes recibidos, hubieren ejecutado, un ejercicio de su cargo, un acto injusto, o se hubiera abstenido de ejecutar un acto que entraba en el orden de sus deberes.
– si ha aceptado ofertas o promesas, o recibido dones o presentes por cometer, en el ejercicio de su cargo, un delito.
b). Toda persona que: – hubiere cometido por violencias o amenazas, corrompido por promesas, ofertas, dones o presentes, a un funcionario público, a un jurado, árbitro o componedor, o una persona encargada de un servicio público, para obtener un acto de su empleo u oficio, aunque fuera justo, pero no sujeto a retribución, o la omisión de un acto correspondiente al orden de sus deberes.

Las penas para cohechado y cohechador

Son las mismas y van entre la menor de seis meses de prisión a la máxima de ocho años de reclusión mayor. Además se establece como pena máxima la restitución del triple de lo que hubieran recibido. La multa oscila entre la menor de cincuenta sucres a la mayor de mil sucres. Otras medidas que toman son la privación del ejercicio de la abogacía en caso de ser abogado el cohechador o el cohechado.

Fondo Solidario

La fiscal Diana Salazar presentó a la jueza Camacho 11 elementos de prueba sobre el papel de Correa en la llamada «trama de sobornos».

Una de esas pruebas es un depósito de 6.000 dólares en la cuenta personal de Correa en el Banco del Pacífico, realizado el 16 de mayo de 2014.

Correa dijo tener pruebas «hasta la saciedad» de que ese depósito por 6.000 dólares consistió en un préstamo que él tomó del «Fondo de Solidaridad» creado junto con los integrantes de su gabinete.

«Tengo todos los recibos; al préstamo lo pagué en 12 cuotas hasta agosto de 2015 (…) La gente del gabinete integraba ese fondo, y algunos colaboradores cercanos; contribuimos fuerte, yo, desde el primer día del Gobierno contribuía de forma intermitente, pero aportaba 380 dólares por mes; en total habré aportado a ese fondo unos 40.000 dólares», aseveró.

El «Fondo de Solidaridad» era «absolutamente privado» y su objetivo era destinar recursos a personas vulnerables, como una madre que pedía dinero para que su hijo pudiera operarse en el exterior o para una viuda de un «militar heroico», según Correa.

Procuraduría de la Nación acusó a Correa liderar una «sofisticada estructura de la corrupción».

Según Procuraduría el expresidente Rafael Correa y funcionarios de su gobierno habrían recibido dinero de empresarios para asegurar contratos con el Estado, y esos recursos presuntamente habrían sido usados por Alianza País para solventar gastos de la Presidencia, organizar convenciones, fiestas y otros actos de proselitismo político.

El Procurador del Estado, Iñigo Salvador, afirmó durante el proceso que la «sofisticada estructura de corrupción» fue diseñada, dirigida y utilizada desde la presidencia, vicepresidencia y Ministerios de la República, utilizando sus instalaciones y recursos, para canalizar y administrar sobornos recibidos de empresarios privados, a cambio de los contratos de obra pública.

Salvador pidió una indemnización de 23,3 millones de dólares para el Estado.

CNE dijo que Alianza PAIS cumplió controles en reportar gastos de campaña

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el 20 de diciembre de 2019 el informe sobre los aportes y gastos de campaña del movimiento político Alianza PAIS (AP), que confirmaría que «cumplieron con los requisitos de control».

El informe se aprobó con tres votos de Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero; y dos en contra de Luis Verdesoto y Enrique Pita. Sus conclusiones serán remitidas a la Fiscalía General y a la Contraloría del Estado, para su análisis.

Acusación para tapar corrupción del gobierno de Moreno

La persecución en contra de los líderes de la Revolución Ciudadana es una cortina de humo para ocultar el escándalo de corrupción de INA Papers en donde está involucrado el presidente Moreno, su familia y círculo íntimo.

En este caso se tiene hasta la cuenta secreta de los testaferros de Moreno:

INA Investment

100-4-1071378

Balboa Bank – Panamá.

La justicia está ausente en el caso INA Papers, después de un año no hay nada, mientras que en el caso “Arroz Verde – ahora Sobornos 2012-2016 – ” en 28 horas hubo 2 detenidas y 7 allanamientos.

Los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas fueron llamados a juicio como autores del delito de cohecho, sancionado en el Código Penal con penas de entre a uno y siete años de cárcel.

Las acusaciones son negadas por el expresidente Correa y sus exfuncionarios, que aseguran que hay una persecución política en su contra.

Fiscalía renunció a más de 90 testigos. Defensa señaló que es una «verguenza total»

Los abogados de los procesados en el denominado Caso «Sobornos» consideran que es una verguenza total la renuncia de Fiscalía a todo el resto de su prueba testimonial y pericial.

Fausto Jarrín, abogado del expresidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, señaló que la acción de la Fiscal Salazar se de debe a que «la farsa se desmorona todos los días».

«Hoy en el “súper mega probado” #CasoBochornos la fiscal acaba de renunciar a todo el resto de su prueba testimonial y pericial, incluido el testigo de Odebretch!!! La farsa se desmorona todos los días y por eso renuncia a los testigos!!! Una vergüenza total!!!».

Adviertió que es un «enigma» la acción de la Fiscalía en un caso «que no existió nunca».

«Realmente es un enigma!!! La farsa no la sostienen sus testigos, sus peritos son muy endebles y todo gira alrededor de lo que dicen Pamela y Laura, las cooperadoras eficaces! Ya solo les queda el apuro y la fuerza, el caso no existió nunca!!!», insistió.

En tanto Eduardo Franco Loor considera que la Fiscal busca «acelerar el juicio» al renunciar al resto de su prueba.

«@DianaSalazarM2 al retirar el resto de su “prueba” intenta acelerar el juicio, sin darse cuenta, por su acefalía en Derecho Penal, que NO PUDO PROBAR que @MashiRafael y @JorgeGlas hayan perpetrado COHECHO. No probó la conducta penalmente relevante de ese delito».

Harrison Salcedo, defensa técnica del exvicepresidente, Jorge Glas, también señaló que la presión ejercida por las defensas de los procesados sobre los testigos de Fiscalía y el límite muy claro en el cometimiento del delito de perjurio de todos los que han pasado hasta el momento, le han obligado a Fiscalía a prescindir a sus decenas de testigos.

Confirmado.net

Etiquetas : ARROZ VERDECASO SOBORNOS 2012-2016EcuadorFISCALÍA DEL ESTADORAFAEL CORREA
A %d blogueros les gusta esto: