Fausto Jarrín, abogado defensor del presidente Correa, cuestionó una información publicada por el portal digital Primicias respecto a que los “Correístas” ya no niegan sobornos, intentan dessacreditar las pruebas”. Señaló que los juicios deben resolverse en los tribunales y no en los medios.

EN CONTEXTO

Un simple barrido de la cobertura que hacen los medios de comunicación sobre el denominado “juicio del siglo”, permite establecer que se ha posicionado mediáticamente que el juicio pone a prueba la Justicia de la cual se espera una actuación rápida con decisiones políticas

En la segunda jornada del juicio fueron 38 noticias relacionadas al Caso Sobornos y al segundo día de diligencia. 23 medios cubrieron la noticia, 9 de carácter internacional y los restantes de carácter nacional.

La mayoría de informaciones no están contextualizadas ni debidamente ni contrastadas. Por una parte, se toma en cuenta los testimonios de los acusados que sostiene la hipótesis de los sobornos, la fiscalía, de denunciantes y actores políticos a favor del juicio. Del otro lado no se considera las versiones de los acusados y si se lo hace es para enfocar temas colaterales al tema central, como ejemplo en el caso de expresidente Jorge Glas se resalta su postura sobre su Estado en la cárcel y las complicaciones para rendir testimonio.

Los medios no nacionales se hacen eco de las declaraciones del expresidente Rafael Correa y se usa las declaraciones de los abogados defensores para sostener la idea de un intento de dilación del proceso.

Se crea el imaginario de que el expresidente Rafael Correa es un “gánster” que estuvo a la cabeza de una red criminal, una estructura delictiva sofisticada integrada por ex altos colaboradores y empresarios que benefició a los intereses proselitistas de Alianza País.

El juicio sustenta las aseveraciones vertidas en medios durante los últimos años de abuso del poder en beneficio de un grupo de Alianza País y, a la par, de la injusta participación en relación con los demás partidos y movimientos en las sucesivas elecciones.

Esto también pone en tela de juicio los triunfos de Alianza País en las urnas, que contaban, además, con un supuesto Consejo Nacional Electoral cómplice.

Como sucedió con el caso Odebrecht, en otros países donde se satanizó al progresismo con un movimiento político corruptor, sin considerar la participación privada, misma que se ha repetido desde décadas atrás en los gobiernos de la región.

Se banaliza la postura de los demandados, minimizando su defensa, acusándolos de dilatar el proceso y haciéndose eco de sus problemas personales de los acusados.

Confirmado.net