El cierre de radio Pichincha Universal, determinado por ARCOTEL, mantiene el debate entre diversos sectores del país. La discusión radica en el derecho que tiene la ciudadanía de recibir información actualizada, verificada y contextualizada.

El jurista Ramiro Aguilar, señaló que no se puede exigir a las personas que se “expresen” como al Estado quiere que se expresen.

“En el fondo lo que está en discusión no es tanto si la radio funciona o no, sino el derecho que tienen las personas a ser informadas y a expresarse”, señaló.

Aguilar agrega que si los medios se expresan como el Gobierno quiere, le premian con la renovación de las frecuencias -como sucedió con la renovación automática por 10 años a Ecuavisa, Teleamazonas y Telesucesos-; en cambio si usted opina en contra de lo que dice el Gobierno, le declaran su enemigo y le quitan la frecuencia.

El cierre de Pichincha Universal es violatorio a los derechos humanos, según María Dolores Miño

A criterio de María Dolores Miño, experta en derechos humanos, la resolución de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), que busca cerrar las frecuencias de radio Pichincha Universal, preocupa, porque viola el derecho a la libertad de expresión.

El cierre de una radio, la remoción del título habilitante, que impide a la radio seguir funcionando, es, de acuerdo a los estándares internacionales, reiterados tanto por la Corte Interamericana, como por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, una medida de última ratio. Es decir, la sanción más severa que se le puede imponer a un medio y la más lesiva, además, porque a partir de esa decisión el medio no puede funcionar más”, sentenció.

Para Miño, si la emisora incurrió en excesos, hay métodos y medios menos lesivos que el cierre de la radio con los que se hubiera podido sancionar.

Confirmado.net / Radio Pichincha Universal