Hacienda La Clementina.- Historia de un fraude que perjudica a los trabajadores

Más de 1.800 trabajadores de La Clementina, la hacienda más grande del país, aún esperan recuperar la propiedad que obtuvieron en 2014 luego de un proceso legal de incautación que siguió el SRI al empresario Alvaro Noboa por una deuda que mantenía con el estado por US 95MM.

Los trabajadores recibieron un crédito por US 78MM que la Corporación Financiera Nacional (CFN) otorgó a la Cooperativa de Producción y Comercialización La Clementina (Cooproclem), nombre legal que adoptaron los trabajadores para hacerse con esta hacienda, de casi 12.000 hectáreas, que fue embargada al Grupo Noboa en 2013. El valor de la propiedad se canceló en partes, una vez que la empresa recibió el dinero.

Para pagar la deuda con el Estado, COOPROCLEM creó dos fideicomisos para garantizar el cumplimiento del pago de la deuda. El primer fideicomiso tutelaba los activos de la empresa y el segundo el flujo de caja que tenía como objetivo asegurar el pago de sueldos, salarios y otros ingresos a los trabajadores.

En marzo de 2018 tras una polémica decisión que está siendo investigada por la Comisión Anticorrupción del gobierno nacional, la propiedad pasó a manos de la empresa Koval Management, una firma de capitales rusos que no tiene sede en Ecuador y cuyos accionistas son suegros de Miguel Macías, beneficiario de este traspaso.

El pasado 10 de diciembre, la entonces secretaria anticorrupción Dora Ordoñez, denunció la existencia de una serie de irregularidades en el traspaso de la administración de la Hacienda La Clementina, ahora en manos de Miguel Macías Ulloa, hijo de un exfuncionario del Grupo Noboa, ya que no ha cumplido con sus obligaciones económicas con el Estado, ni ha entregado a los trabajadores los montos que les correspondería por las ganancias que arroja la empresa.

Según Ordóñez, en la administración del inmueble, ubicado en la parroquia La Unión, del cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, se han cometido delitos como lavado de activos, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, defraudación bursátil, entre otros, que ya investiga la Fiscalía General del Estado.

La FGE explicó en un comunicado que, como parte de las primeras diligencias, la entidad solicitó la versión de denunciantes e investigados, así como exhortó a las instituciones del Estado que tengan información, relacionada con la hacienda, que la remitan para avanzar con la indagación.

A decir de Carlos Medina, abogado defensor de los trabajadores de la hacienda, pese a que las denuncias están hechas desde el mes de septiembre, el  director de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) aún no ha presentado el resultado del examen integral de las operaciones y movimientos financieros de los involucrados en el manejo de La Clementina.

La historia del traspaso

El proceso de remate de La Clementina inició en mayo de 2013, cuando el Servicio de Rentas Internas (SRI) notificó el embargo, pero este proceso apenas se cumplió hasta enero de 2014, cuando los trabajadores de a hacienda lograron asociarse, obtener personería jurídica y conseguir financiamiento estatal para la compra de la propiedad.

En ocho meses la producción La Clementina cambió su rumbo. Una vez que los trabajadores se hicieron cargo de la administración de la empresa el monto de producción creció considerablemente y como consecuencia, los ingresos mejoraron. Solo en el primer mes de gerencia hubo alrededor de 770 000 dólares en ganancias.

Como parte del programa “Créditos del Buen Vivir”, que implementó el gobierno del expresidente Rafael Correa, la CFN modificó las características del crédito que había entregado a los trabajadores. La tasa de interés anual pasó del 8% al 5%, lo que les permitiría ahorrar al menos 25 millones de dólares y obtener servicios básicos del gobierno como educación, salud y vivienda dentro de la empresa.

Hasta entonces todo iba bien. Los problemas empezaron en marzo de 2017 cuando los representes de Cooproclem, por medio de un contrato, cedieron la administración de la hacienda a la compañía Koval Management, apoderada por Miguel Macías Ulloa, hijo de un ex-directivo de Álvaro Noboa.

En su cuenta de tuiter, Medina aseguró que Miguel Macías se ha tomado el nombre del presidente Lenín Moreno, para decir que el mandatario ampara las acciones que se han realizado en la empresa, por lo que cuestionó que dichas declaraciones no hayan obtenido una respuesta de las autoridades.

Además, explicó que se está despidiendo a los trabajadores que piden explicaciones sobre lo que ocurre en la hacienda y quienes quedan ya no pueden acceder a servicios básicos como vivienda, dispensarios y educación.

Confirmado.net / redes sociales

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