El gobierno ilegítimo de Bolivia mantiene una inusual presión sobre la embajada de México en ese país, con la intención de conseguir que solicitantes de asilo ya instalados en esa sede diplomática, partícipes de la administración del renunciante Evo Morales, se entreguen para ser juzgados por tribunales locales. El exagerado despliegue de fuerzas policiacas y militares en torno a esa embajada obedece, también, al temor de que se estuviese organizando alguna maniobra de salida furtiva de esos solicitantes de asilo para internarse en un país cercano.

De manera oficial, la postura boliviana es de prevención ante eventuales ataques a la embajada mexicana: el secretario privado presidencial, Erick Foronda, dijo que cuenta con información creíble de amenazas de violencia por parte de movimientos sociales de la ciudad de El Alto (…) quienes, según esa información, se aprestan a marchar hacia la residencia de la embajada de México con el objeto de exigir la expulsión del ex militar y ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana (https://bit.ly/35ZDXAu ).

Otras versiones, en otros niveles del poder boliviano, dan enfoques menos benevolentes. Les pedimos a las autoridades mexicanas que nos ayuden y les digan (a los refugiados en la embajada mexicana) que comparezcan porque no podemos permitir que otras personas los estén camuflando mientras la justicia boliviana emite sus mandamientos de aprehensión para detenerlos, declaró ayer al diario Cambio el coronel Julio Cordero, comandante departamental de la policía de La Paz. Añadió: Para evitar que escapen esas personas trabajamos de manera coordinada con todas nuestras instancias para dar cumplimiento. No vamos a disminuir un solo efectivo policial en la vigilancia de esos recintos porque estaríamos cometiendo el delito de incumplimiento de deberes, además que tenemos la orden para detenerlos en cuanto sea posible (https://bit.ly/2tP7LRX ).

Otro factor de inconformidad boliviana ha sido el procedimiento utilizado por México para asumir la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que actualmente ejerce el país sureño y a partir de enero corresponde al norteamericano. Bolivia ha señalado la actitud inamistosa de México al convocar a reuniones de la Celac sin informar ni contar con el consentimiento de ese país sudamericano que está por entregar dicha presidencia temporal.

Le asiste a México la razón al denunciar la excesiva presencia de fuerzas armadas bolivianas a las afueras de la embajada que está a cargo de María Teresa Mercado Pérez, diplomática de carrera. Los alegatos de servidores públicos del Estado Plurinacional de Bolivia son inadmisibles y constituyen formas de amago y coacción. Tan rupestre comportamiento del equipo de la señora Áñez tiene como telón de fondo la desesperación política que les causa el no haber logrado el control político y social verdadero en ese país y el riesgo que para sus intereses representan las elecciones a que se debe convocar en 2020 y en las cuales, a pesar de que no participará como candidato Evo Morales, sí lo hará el Movimiento al Socialismo (con este u otro nombre), con la intención de restituir en el poder el proceso de cambio que allá se pretende detener con golpismo militar y otras medidas extremas.

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