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CIDH: Las medidas del Estado ecuatoriano fueron insuficientes para evitar el riesgo de los periodistas asesinados

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este jueves 12 de diciembre del 2019, en Washington, EE.UU., el informe final del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) para la investigación del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico de EL COMERCIO.

Según el reporte de El Comercio, en su parte más importante, el documento concluye que “ante la falta de medidas para brindar protección a los integrantes del equipo periodístico de EL COMERCIO, resultaría deseable que el Estado examine a través del procedimiento idóneo que contemple la ley nacional, el efecto de las descoordinaciones y omisiones identificadas en este informe”.

Para el ESE, hubo descoordinaciones entre el jefe del Mando Único y el jefe del Destacamento de Infantería de Marina de Mataje (Desmaj). Por una parte, el primero dio la orden de que el equipo periodístico pasara a Mataje, el 26 de marzo del 2018, y el otro acató la orden, pero ninguna de las dos instancias castrenses tomó a cargo la seguridad de los periodistas.

INFORME FINAL DE LA CIDH

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Sobre el monitoreo y encauzamiento de las investigaciones por parte las fiscalías de Ecuador y Colombia

311. Según lo analizado por el ESE, la evidencia existente en ambos procesos lleva a concluir que, cuando los trabajadores del diario El Comercio transitaban por territorio ecuatoriano en las proximidades de Mataje, se produjo el acto de “retención” por parte del grupo criminal, al que siguió la consulta al líder del FOS sobre qué hacer con ellos. Según la información disponible, éste decidió que fueran trasladados a algunos de los parajes controlados por esta estructura en territorio colombiano. Se trataría entonces de una conducta alternativa de realización del tipo penal de secuestro en las legislaciones de ambos países -art 169 del CP colombiano y 161 del COIP ecuatoriano-.

312. A juicio del ESE, las circunstancias comprobadas en ambas investigaciones, razonablemente consideradas, descartan la posibilidad de que los integrantes del grupo periodístico se condujeran libremente desde territorio ecuatoriano a territorio colombiano y pondrían en duda la hipótesis de un acuerdo previo o traslado voluntario. Aunque se les prometiera que serían llevados porque el líder del FOS quería una entrevista, la presencia de hombres armados que interceptan a los integrantes del equipo periodístico, seguida de su retención y consulta sobre qué hacer con ellos -puesto que los sujetos traen la orden de “matar a toda persona ajena a la zona, fuera comerciante o turista”-.

313. Otras circunstancias objetivas, no menos relevantes, deben considerarse en la valoración del elemento normativo del tipo. Por ejemplo, que Efraín Segarra abandonó su vehículo en Mataje y se sumó al grupo, no obstante que la hipotética misión periodística no le competía, ni lo convocaba, dado su rol de chofer. Asimismo, que Paúl Rivas, fotógrafo, se fuera a cubrir aquella entrevista sin el equipo necesario para hacer el reportaje gráfico, el que se halló dentro del vehículo del señor Segarra.

314. En paralelo, el ESE observa que aun si se estimara la hipótesis de que el secuestro se consumó en Colombia, el art. 14, N°2, literal a) del COIP determina que en Ecuador concurre jurisdicción para llevar a cabo las investigaciones, toda vez que los efectos de ese delito se surtieron en su territorio, en cuanto no hay duda de la exigencia extorsiva del FOS que consistió en una demanda al Estado, -no a sus familiares- que buscaba materializar un canje entre los plagiados y tres personas detenidas por cuenta de autoridad competente de ese país y la suspensión de operativos militares en la frontera norte.

315. El fenómeno advertido, de jurisdicciones penales concurrentes es común tratándose de delitos cometidos por organizaciones de delincuencia organizada que, como el FOS, operan en más de un Estado y cuya persecución requiere de la implementación de modelos colaborativos entre Estados, como instrumento idóneo para eliminar zonas de impunidad. Como recomienda la convención de Palermo para la persecución del crimen organizado, la cooperación internacional en estos casos permite construir las bases de una persecución eficaz, desde la coordinación de actividad investigativas y judiciales.

316. El ESE también concluye que la colaboración penal internacional entre los dos Estados involucrados requiere la adopción de mayores esfuerzos. Si bien los informes de los Estados 
mencionan la articulación de políticas para compartir información y esfuerzos binacionales para tratar de manera conjunta las operaciones al margen de la ley del FOS como fenómeno de delincuencia organizada trasnacional, tales directrices contrastan con el desarrollo de las investigaciones objeto de monitoreo, desarrolladas a través de modelos metodológicos más propios de la delincuencia convencional. El ESE apunta que la asistencia penal internacional es sólo una forma de cooperación que la convención prevé, y en ese sentido menciona otras posibilidades más intensas como la creación de equipos de investigación en conjunto por parte de los países involucrados.

317. Los modelos de cooperación estratégica en el marco binacional, podrían abarcar además de la asistencia penal internacional, coordinaciones entre equipos de investigación de cada Estado, asignación de tareas donde reposa la información relevante a fin de compartirla en lo pertinente y traslado de testigos. Igualmente, aunque el Estado de Colombia reportó haber dado respuesta en el mes de febrero a las asistencias penales internacionales presentadas por Ecuador, se sugiere revisar sus procedimientos internos con el fin de mejorar los tiempos de respuesta hacia el futuro.

318. El ESE estima que, en el presente este caso, no se halló evidencia de la utilización de la información que poseen las autoridades de Colombia y Ecuador sobre los patrones de funcionamiento de la organización criminal, derivadas de otra gran cantidad de casos en los que el actor de la agresión era el propio FOS. El diseño del plan de investigación, la definición de hipótesis de trabajo y la selección de los métodos investigativos, deberían estar dispuestos en función del tipo de organización criminal perpetradora. Lo que en la práctica significa no solo mencionar que se trata de una organización criminal y cómo surgió, sino sumar a esta investigación otros datos de casos que surjan en el desarrollo del plan de trabajo general y disponer del cruce y análisis de toda la prueba producida en los múltiples expedientes abiertos.

319. El ESE considera que los Estados no reportan procedimientos de análisis de la información generada en las múltiples averiguaciones que se siguen contra el grupo irregular FOS, para identificar si existe información que sea relevante respecto del secuestro y asesinatos de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra y para retroalimentarla. En este sentido, de acuerdo con el ESE:
a) El Estado de Ecuador posee importantes volúmenes de información derivada de extracciones forenses de teléfonos y equipos de cómputo incautados a integrantes de la organización criminal, que normalmente tienen asociadas cuentas de correo electrónico y otra información útil. El ESE desconoce si lo propio acontece en Colombia. Se recomienda en este sentido, reexaminar la información que reposa en las extracciones forenses de equipos de telefonía móvil y computación, incautados en los operativos llevados a cabo el 4 y 13 de abril de 2018, o en fechas posteriores, en cuanto a mensajería de WhatsApp y texto producida en la fecha del secuestro y durante el secuestro de los integrantes del equipo periodístico de El Comercio, así como comunicaciones vía mail e imágenes que hayan podido recuperarse de esas fechas.
b) Ambos Estados han llevado a cabo cientos de interceptaciones telefónicas, desde el año 2017 respecto de posibles integrantes del FOS. En el caso del Estado de Ecuador se tiene evidencia que la información está vaciada en tablas Excel y se cuenta con la trascripción de las sesiones relevantes. A juicio del ESE, lo mismo debería acontecer en el Estado de Colombia. Se recomienda verificar si otras investigaciones seguidas respecto del FOS, distintas de la abierta por el secuestro del equipo periodístico de El Comercio, tuvieren asociado ese método especial en los días en que se produjo tal delito y durante el cautiverio de los integrantes del equipo periodístico. En caso cierto, puede resultar útil hacer un proceso de selección de los abonados intervenidos y proceder a escuchar nuevamente las sesiones de ese periodo.
c) En razón a que los Estados parecen no disponer de tecnología para intervenir mensajería WhatsApp, o análogas, forma de comunicación que ha venido desplazando rápidamente la telefonía tradicional, de conformidad con lo señalado en el informe, resulta necesario que los Estados ajusten las plataformas tecnológicas a estas nuevas realidades con el objetivo de realizar una persecución más efectiva contra el crimen organizado.

320. El ESE identificó que el Estado de Ecuador reporta varias investigaciones de delitos asociados al grupo delictivo perpetrador con porte ilegal de armas y municiones e incautaciones, y aunque el Estado de Colombia no incluye tales datos en la investigación a la que accedió el ESE, se conoce por información abierta que se ha decomisado material bélico de la organización criminal en altos volúmenes. Siendo que se investigan asesinatos, resultaría útil realizar cotejos balísticos entre los proyectiles recuperados en las fosas, los cuerpos y las armas incautadas a la organización.

321. En cuanto a las actividades puntuales que la fiscalía en Ecuador adelanta para determinar qué integrantes del FOS participaron en el secuestro, el ESE considera oportuno que se elabore un plan de investigación que considere el contexto en el que tuvo lugar el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio y que involucre una metodología en que se apliquen las destrezas que ya posee la propia Fiscalía y su policía judicial, respecto de uso de información, triangulaciones y análisis relacionales, que quedaron evidenciadas tras el examen de la investigación seguida por el atentado terrorista al comando de policía de San Lorenzo y por el delito de delincuencia organizada. Las recomendaciones concretas dirigidas a la FGE se incluyen en el anexo 2, para conocimiento de dicha entidad, las víctimas y sus apoderados.

322. Respecto de las investigaciones seguidas en Colombia, las mismas se encuentran actualmente bajo la dirección de la Fiscalía 27 Especializada contra el Crímen Organizado. El ESE reconoce que han sido identificados los cabecillas de la organización, no obstante sería valioso documentar la forma en que se impartieron las órdenes desde esa dirigencia y cómo se condujo el secuestro, a fin de avanzar en la reconstrucción de lo sucedido y extender las imputaciones a la mayor cantidad de delitos investigados que se hubieran cometido bajo su mando. En paralelo, liderar acciones para dar con el paradero y captura de los participantes de las conductas punibles investigadas, que se encuentran individualizados y que continúan operando en la en la región de Alto Mira y Frontera, veredas el Playón, el Tandil, el Vallenato, El Azúcar, Brisas del Mira, Casas Viejas, La Balsa, Montañitas y Puerto Rico, del municipio de Tumaco, como en las parroquias de Mataje, El Pan, Candelilla y Ricaurte, Cantón de San Lorenzo, Ecuador.

323. El ESE observa que la baja a “alias Guacho”, en desarrollo de la operación militar llevada a cabo una vez fue ubicado, constituye un obstáculo para la investigación completa de los hechos. Si bien el Estado en sus observaciones al informe clarifica que la declaratoria de objetivo militar no implica la orden operacional de aplicar fuerza letal sobre ese objetivo y menciona que de acuerdo a la Directiva 300-28 de 2007 del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, las unidades militares deben privilegiar las capturas sobre las muertes en desarrollo en operaciones militares, en este caso el Comandante de las Fuerzas Armadas declaró que la alta peligrosidad de alias guacho, y los daños que había causado en la frontera, ”

324. El ESE considera importante tener en cuenta que aún en sede del DIH rige el principio de uso progresivo y racional de la fuerza por parte de los Estados. Por otra parte, el ESE también entiende que había consideraciones vinculadas al derecho de las víctimas para privilegiar la captura, como lo son nada menos que la identificación y sanción de todos los responsables de los graves violaciones que cometieron y el derecho de los familiares, así como de la sociedad, a la reconstrucción completa de la verdad de lo sucedido con graves violaciones a los derechos humanos.

325. El ESE considera que la Fiscalía en Colombia debería llevar a cabo tareas complementarias de investigación que permitan afianzar la credibilidad de los testigos de cargo, o descartarla, si los relatos se tornan contradictorios o inverosímiles. Los aspectos que se enunciaron en este informe derivan de la observación de lo informado y se explican a modo de ejemplo. Se deja igualmente constancia de que se ignora si la fiscalía tiene planificadas otras tareas que escapan al conocimiento del ESE, por no contar con el historial completo de la investigación.

326. También, el ESE estima importante incorporar a la investigación en Colombia el historial con que cuenta la FGE de Ecuador acerca del canal de comunicación que existió entre el FOS y la policía ecuatoriana, como de las negociaciones adelantadas durante el cautiverio de los secuestrados, en cuanto pueden servir de referencia para probar extremos de las imputaciones que se han formulado y avanzar en la determinación de otros detalles que pudieran fortalecerlas.

327. Del mismo modo, a juicio del ESE, una investigación completa requiere verificar la información suministrada por el líder comunal de la vereda Puerto Rico, acerca de la presunta presencia de los cadáveres de los periodistas en esa región, el 11 de abril de 2018.

Respecto a la obligación de protección a los periodistas

328. En el peritaje de Seguridad para periodistas que apoya las labores de monitoreo del ESE, se concluye que las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano fueron insuficientes para hacer frente a la evidente situación de riesgo extraordinario generado tanto por la presencia de los grupos delincuenciales armados con presencia transnacional, como por los hechos por ellos realizados y por los anuncios de atentados graves que hicieron en un canal de comunicación que mantenían con la inteligencia policial.

329. Al respecto, el ESE ha notado que las medidas implementadas por el Estado tras el atentado terrorista del 27 de enero de 2018, en el marco del estado de excepción que se declaró ese mismo día en los Cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, fueron diseñadas en el COSEPE y buscaron articular la intervención de las fuerzas militares dirigidas a reforzar la seguridad fronteriza, las acciones de los componentes de inteligencia e investigación policial dispuestos a la neutralización de las organizaciones criminales que desestabilizaban la región y el reforzamiento de la seguridad de la población mediante el eje preventivo, todo ello a través de un Mando Único encargado de coordinar las actividades militares y de policía en la zona.

330. No obstante los anteriores esfuerzos, el ESE identificó que en la práctica se presentaron aparentes descoordinaciones que llevaron al debilitamiento del último de los ejes de intervención. Lo anterior, tras repasar como la DGI contó con información temprana acerca de la forma en que evolucionaba la amenaza que representaba el FOS, la cual se tenía monitoreada a través de una estrategia consistente en prometer a sus integrantes el envío de un delegado para discutir sus peticiones -consistentemente traducidas en que se liberara a tres de sus hombres y se suspendieran operaciones militares en la frontera-, entre tanto las autoridades preparaban el operativo que incluyó la orden de captura no ejecutada en contra de Walter Patricio Arizala Vernaza y el allanamiento a la casa de Mataje en que habitaban sus familiares, el 16 de marzo de 2018.

331. Ahora bien, la FGN ha indagado detalles del cubrimiento noticioso y si las razones que llevaron al equipo periodístico hacia Mataje tuvieron por objeto conseguir una entrevista con Walter Patricio Arizala Vernaza, de forma que estuvieran determinados a asumir un riesgo tal calificable de auto puesta en peligro. Sin embargo, según lo ha constatado el ESE, el equipo del Comercio llegó a la zona a hacer un cubrimiento periodístico, no ingresó por el río, ni por una trocha, ni lo hizo saltando los controles. Por el contrario, según la información analizada, pidió autorización al jefe del Mando Único, y quedó registrado en el DESMAJ, todo lo cual en principio descartaría una conducta temeraria. En este sentido, para el ESE, el ejercicio probatorio respecto de dicha hipótesis debe evitar caer en una especie de re victimización a las víctimas debido a su trabajo periodístico.

332. Como se relató en el informe, la última llamada que Javier Ortega efectuó fue precisamente al Jefe del Mando Único, quien, según se infiere, consideró que como no había prohibición de paso salvo en la noche, ni alteraciones del orden público en Mataje que tornaran inviable su acceso a esa parroquia, los autorizó. Lo anterior, no obstante que Mataje atravesaba por serias dificultades de seguridad. Según el ESE, la descoordinación contribuyó a que ninguna autoridad, ni militar ni de policía, adoptara medidas específicas de carácter idóneo en el asunto, pues según la información disponible estimaron que era competencia de la otra. 


333. Se infiere que la autorización que le dio el Jefe del Mando Único a Javier Ortega, sería idéntica a la narrada por un periodista de El Telégrafo, quien ingresó el 24 de marzo de 2018 a Mataje, de manera excepcional, gracias al permiso que le extendió el mismo oficial. Asimismo, el jefe del DESMAJ, en su informe elaborado el 27 de marzo de 2018, dejó constancia que la autorización de paso de los periodistas de El Comercio provino del jefe del Mando Único. Ese documento fue entregada a los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, por el Ministerio de Defensa Nacional.

334. En este sentido, el ESE estima que ante la falta de medidas para brindar protección a los integrantes del equipo periodístico de El Comercio, resultaría deseable que el Estado examine a través del procedimiento idóneo que contemple la ley nacional, el efecto de las descoordinaciones y omisiones identificadas en este informe.

El manejo del secuestro y el acceso a la información acerca de operativos militares

335. El ESE espera que el presente informe contribuya al acceso a la verdad de las familias y la sociedad de ambos Estados. No obstante, aún queda pendiente que los Estados cumplan con debida diligencia con una serie de medidas de recopilación de información y desclasificación de documentos de forma sistemática, relativas a distintas esferas que rodean a los acontecimientos y que permitirían a los familiares hacerse una composición completa de los hechos.

336. En especial, es indispensable desclasificar la información en poder de las Fuerzas Armadas de ambos países (sobre operativos en la zona durante el secuestro, y labores de inteligencia o de investigación para dar con el paradero de las víctimas secuestradas). Máxime cuando el Estado de Colombia ha comunicado al ESE que sus Fuerzas Armadas llevaron adelante operaciones militares de búsqueda de información en la zona que operó el FOS mientras las víctimas permanecieron secuestradas.

337. Toda vez que la columna vertebral del FOS parece haber sido desarticulada tras la detención y muerte de sus principales líderes, los Estados de Ecuador y Colombia deberían desclasificar y entregar a las familias la información de los organismos militares de ambos países e instancias de coordinación, exclusivamente referida a las decisiones y acciones realizadas durante la fecha del secuestro y asesinato de Javier, Paul y Efraín.

338. El ESE recomienda a los Estados que se designe una comisión especial, que revista suficientes garantías de independencia e imparcialidad, para que, mediante un ejercicio independiente y un procedimiento expedito, garantice a los familiares de manera coordinada el acceso a la información en poder de las diferentes agencias, y se establezca:

En Ecuador:

* a)  Cuál fue la estrategia que se trazó para el manejo del secuestro;
* b)  Qué papel cumplió el comité de crisis;
* c)  Quién tomaba las decisiones de los que debía hacerse;
* d)  Cuando se tomó la decisión de la ruta a seguir;
* e)  Si se autorizó a las fuerzas armadas de Colombia para efectuar operativos de
búsqueda desde territorio ecuatoriano con el propósito de ubicar a alias Guacho durante el secuestro de los integrantes del equipo periodístico.

En Colombia:

f) Si existieron durante los meses que actúo el FOS alertas tempranas o claridad por
parte de los organismos de protección y seguridad respecto a la existencia de grupos disidentes de las FARC que determinaron situaciones de riesgo extraordinario para periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos;
g) Si existieron o no operativos de fuerzas armadas colombianas, con el propósito de ubicar a alias Guacho durante el secuestro de los integrantes del equipo periodístico.

Medidas de reparación y de no repetición

339. El ESE recomienda que los Estados de Ecuador y Colombia valoren la creación de mecanismos para evaluar y determinar una reparación integral a los familiares de Paul, Javier y Efraín, en el entendido que han sufrido aflicciones severas y afectaciones a las condiciones de existencia propias y en su relación con las víctimas. El ESE reconoce que el presente informe no tiene el objetivo de establecer responsabilidades de los Estados, pero sí parece evidente que las victimas perdieron la vida en el marco de un conflicto protagonizado por un grupo armado terrorista que actúo a ambos lados de la frontera, y cuyos efectos deben involucrar un análisis a la luz del deber de prevención, protección y procuración de justicia por parte de ambos Estados. Son diversas las experiencias en las que un Estado desarrolla iniciativas para aportar a la construcción de la verdad de los hechos y efectúa reparaciones debido a las circunstancias y graves afectaciones que rodean a un grupo de víctimas, sin perjuicio de la actuación de los organismos jurisdiccionales nacionales e internacionales en la determinación de responsabilidades.

El ESE recomienda concretar en el Estado de Ecuador la puesta en marcha de un Comité Institucional para la Protección de Periodistas que incluya la participación de periodistas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y familiares de las víctimas. El ESE considera que el Estado debe establecer una política de protección integral de periodistas en consistencia con los estándares internacionales y proveer recursos materiales y humanos para su funcionamiento.

En esa línea, el ESE toma nota de que el Estado de Ecuador informó sobre un acuerdo de 29 de abril de 2019 para la creación del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación. El Estado indicó que la constitución de este Comité es un paso histórico en la protección y promoción de la libertad de expresión. Dicho Comité Interinstitucional tendría como objetivo coordinar entre diversas instituciones estatales y de la sociedad civil la adopción de acuerdos, protocolos y mecanismos para prevenir y proteger a los comunicadores y trabajadores de la comunicación que, en el cumplimiento de sus labores profesionales, puedan enfrentar riesgos contra su vida, integridad personal, libertad y seguridad. El Estado destacó que la firma del Acuerdo ratifica la voluntad del Estado de garantizar las libertades de expresión y de prensa, así como de promover el debate más amplio sobre cualquier tema que se requiera en una sociedad democrática. La conformación de dicho Comité y su puesta en funcionamiento, con recursos suficientes, se encuentra en una fase inicial a cargo del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación (Cordicom).

Esta instancia en Ecuador y la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia deberían establecer un protocolo común para intercambiar información sobre las zonas de frontera en las que existan diferentes riesgos para el ejercicio del periodismo y articular las medidas de protección necesarias al interior de cada Estado para que las coberturas se lleven adelante bajo medidas de prevención y protección para mitigar el riesgo. Estas medidas deben contemplar la no interferencia en el trabajo periodísticos y los riesgos específicos de grupos de periodistas.

INFORME FINAL DE LA CIDH

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