Harrison Salcedo, abogado de la exasambleísta Sofía Espín, criticó el tiempo que se demoró la actual Fiscal General del Estado, Diana Salazar, para abstenerse de acusar a su defendida: “Después de acabar con su vida política y sacarla del país porque no había garantías de que no termine en Cotopaxi”.
En ese aspecto resaltó que este caso se enmarca en una persecución política que no ha tenido freno a la condición ni dignidad humana, mucho menos a la mujer y con esa base anunció que el siguiente paso será iniciar acciones contra el Estado como responsable de una Fiscalía que abusó en derecho: “privando ilegítimamente de su libertad a la exlegisladora, así como también restringiéndola de garantías constitucionales”.
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