El rechazo legislativo a la Ley Económica Urgente deja al Gobierno aun más debilitado, aunque todo indica que seguirá buscando imponer esos objetivos.

El Gobierno de Lenín Moreno sufre la segunda derrota consecutiva en menos de dos meses: en el pasado octubre tuvo que recular en la suba de los combustibles y el día de ayer, 17 de noviembre, la Asamblea decidió negar y archivar la Ley Económica Urgente que pretendía, entre otras cosas, eliminar impuestos, erosionar la institucionalidad de la administración tributaria, crear escudos fiscales, imponer algunos impuestos regresivos, reducir el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), debilitar la empresa pública de telecomunicaciones (CNT) y, tal vez lo más determinante, “entregar” la dolarización a la banca privada.

Este segundo revés deja al Gobierno aun más deslegitimado y con pocos resortes políticos. Los pactos a conveniencia le fallaron y casi todos sus eventuales socios le dieron la espalda. Para la vieja política, el Gobierno ya huele a naftalina. Jaime Nebot, su amigo y con quien ha cogobernado hasta ahora, el día de ayer no lo apoyó: el mismo Partido Social Cristiano (PSC) propuso la moción en el pleno para que la Asamblea vote por archivar el proyecto, lo cual se logró en segunda votación y con escasos votos (70 de 137). El bloque de Moreno (Alianza País) se dividió y un grupo importante de sus asambleístas se abstuvo de la votación, lo que dejó al Gobierno sólo con el banquero Guillermo Lasso, contrincante de Moreno en las últimas elecciones – y quien, como es lógico, tenía únicamente intereses concretos y personales en el proyecto-. Estos intereses estaban puestos en: i) la entrega de la dolarización y de las reservas internacionales a la banca privada; ii) una nueva Junta Monetaria gobernada por el sector financiero que tendría más poderes que el ministro de Economía y; iii) la ley rompía algunos de los candados legales que Lasso tenía por poseer bancos en paraísos fiscales.

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