Un tribunal local negó el miércoles el recurso de Hábeas Corpus solicitado por la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, procesada dentro de la investigación por el presunto delito de rebelión durante las protestas que por 12 días conmocionaron a Ecuador a inicios de octubre, en contra de la decisión del gobierno de eliminar los subsidios a los combustibles.
«La decisión fue negar el Hábeas Corpus porque ellos (los jueces) no quieren pronunciarse sobre el fondo del tema; sin embargo, han exhortado a la sala que debe conocer la apelación (realizada por la defensa a la prisión preventiva) para que respete el debido proceso (…) Al conocer el Hábeas Corpus, el tribunal ha destrabado el recurso de apelación», dijo Ramiro Aguilar, abogado de Pabón.
El Hábeas Corpus es un recurso que tiene como propósito definir si la privación de libertad es legal o no.
Los jueces Fausto Chévez, Paquita Chiluiza y Gustavo Osejo, negaron el pedido de forma unánime
La prefecta Pabón, del movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017), es procesada penalmente por haber sido acusada por la Fiscalía del delito de rebelión y está detenida preventivamente desde el 14 de octubre.
El miércoles, la fiscal del Estado, Diana Salazar, dijo que la instrucción fiscal por el delito de rebelión contra la prefecta y tres personas más no es un tema político sino técnico jurídico.
El artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece dos tipos de sanciones para el delito de rebelión: prisión de cinco a siete años, y de siete a 10 años.
El primer caso se aplica a quien se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución o el derrocamiento del Gobierno legítimamente constituido, sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia.
El segundo caso aplica a quien se levante en armas para derrocar al Gobierno o dificultare el ejercicio de sus atribuciones, impida la reunión de la Asamblea Nacional o la disuelva, impida las elecciones convocadas o promueva, ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz.
Salazar aseguró que la investigación del delito de rebelión se realiza de acuerdo con el primer causal.
La Fiscal aseguró que entre las 70 técnicas de investigación que se practicaron dentro del caso está la interceptación telefónica, «en las que hay abundante información que da cuenta de que los procesados habrían incurrido en dicha conducta».
«No se trata de persecución política; no se está investigando a una persona por haberse pronunciado a través de sus cuentas de twitter o de redes sociales», enfatizó la fiscal.
A inicios del mes pasado, Ecuador se vio convulsionado por 12 días de violentas protestas en contra de la decisión de Moreno de eliminar los subsidios a los combustibles.
La fiscal dijo que en relación con las protestas se abrieron varias investigaciones previas, entre ellas contra el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Jaime Vargas y otros dirigentes indígenas por el delito de instigación y otras por una denuncia del ministerio de Gobierno debido a la retención por parte de la Conaie de varios periodistas y policías.
Durante las movilizaciones y protestas hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo y una serie de hechos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia del país andino.
Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, durante las protestas fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.
Datos del Ministerio de Gobierno dan cuenta que durante las jornadas de protesta 42 ambulancias fueron agredidas, 435 policías heridos, 202 retenidos, 26 unidades de Policía Comunitaria destruidas y 108 vehículos policiales afectados, algunos de ellos incinerados.
Confirmado.net / Sputnik
