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Compromiso Social acudirá a instancias legales para liberar a detenidos en Ecuador

El movimiento político opositor Compromiso Social de Ecuador dijo este jueves que seguirá todas las instancias legales nacionales e internacionales para que sean liberados cuatro de sus integrantes que guardan prisión preventiva como parte de las investigaciones de las protestas de inicios de octubre.

“Compromiso Social por la Revolución Ciudadana y la bancada (legislativa) Revolución Ciudadana seguirán todas las instancias legales nacionales e internacionales para que Paola Pabón, Virgilio Hernández, Christian González y Yofre Poma sean liberados”, dijo la organización en un comunicado publicado en su cuenta de la red social twitter.

Compromiso Social es el nombre adoptado para cobijar al partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Pabón, Hernández, González y Poma están detenidos en el marco de las investigaciones que realiza la Fiscalía General por delito de rebelión y paralización de un servicio público, presuntamente cometido en las protestas en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles.

Pabón, Hernández y González son investigados por rebelión; Poma es investigado por paralización de un servicio público por haber ingresado, según la Fiscalía, el 7 de octubre con otras ocho personas de forma violenta a las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en Sucumbíos (Amazonía), y obligar a los técnicos a paralizar el bombeo de petróleo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano.

Compromiso Social dijo que los cuatro fueron “acusados falsamente” y que son presos políticos.

El artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece dos tipos de sanciones para el delito de rebelión: prisión de cinco a siete años, y de siete a 10 años.

El primer caso se aplica a quien se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución o el derrocamiento del Gobierno legítimamente constituido, sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia.

El segundo caso aplica a quien se levante en armas para derrocar al Gobierno o dificultare el ejercicio de sus atribuciones, impida la reunión de la Asamblea Nacional o la disuelva, impida las elecciones convocadas o promueva, ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz.

La Fiscalía no ha precisado sobre cuál de los dos casos realiza las investigaciones en el presunto delito de rebelión.

Para el caso de paralización de un servicio público la pena es prisión de uno a tres años.

El comunicado de Compromiso Social afirma que para los cuatro encarcelados no existen “pruebas reales que sustenten la acusación”.

Hernández, cuyo paradero fue desconocido por varios días, acudió el pasado martes a la audiencia de vinculación, pidiendo que le permitan defenderse en libertad, pero la Corte Provincial de Justicia de Pichincha (cuya capital es Quito) decidió su prisión preventiva.

La Fiscalía ha dicho que todos los procesados intervinieron en las manifestaciones “con la finalidad de subvertir al pueblo, y (…) desconocer el orden constituido y el orden constitucional”.

Compromiso Social aseguró que en Ecuador “hay un sistema dictatorial, donde el odio político ha hecho tabla rasa del derecho”, y que el presidente Lenín Moreno “sentenció a los acusados” en entrevistas y en una cadena nacional difundida durante los días del paro, “proporcionándole (a los jueces) una lista (de) a quienes debían dictar prisión preventiva y/o detener para investigación”.

El movimiento añadió que en las respectivas instancias legales nacionales e internacionales buscarán la liberación de los detenidos y la sanción para los operadores de justicia que “han privado de libertad a personas que cometieron el delito de expresar sus criterios en redes sociales”.

La fiscal general Diana Salazar aseguró el miércoles que existen abundantes y contundentes evidencias contra los procesados y que la investigación que se realiza no es política sino técnico-jurídica.

Durante las movilizaciones y protestas hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo y una serie de hechos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia del país andino.

Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.

Datos del Ministerio de Gobierno dan cuenta que durante las jornadas de protesta 42 ambulancias fueron agredidas, 435 policías heridos, 202 retenidos, 26 unidades de Policía Comunitaria destruidas y 108 vehículos policiales afectados, algunos de ellos incinerados.

Confirmado.net /Sputnik

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