Las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que aprobó la Asamblea y que esperan el veto o sanción favorable del Ejecutivo, no atacan los problemas de fondo de la rehabilitación social y de la crisis penitenciaria del país.

Esto lo señalan el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, Mario Melo, y el exsubecretario de Rehabilitación Social, Ricardo Camacho, al analizar los posibles alcances de las normas modificadas la semana pasada.

Las críticas de los analistas apuntan a los cambios introducidos a la figura legal de la libertad controlada o ‘prelibertad’, para que los reos que cumplieron 60% de la sentencia condenatoria puedan salir con grillete electrónico y a las órdenes de cumplir actividades de inserción laboral, social y familiar.

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