La Fiscalía investiga cómo la información de 20 millones de ecuatorianos, incluidas personas fallecidas y menores de edad, llegó a filtrarse y a estar disponible en un hosting o sistema de alojamiento web. Este fue contratado por la empresa ecuatoriana Novaestrat y está ubicado en Miami (EE.UU.).
Los investigadores creen que las bases de datos fueron sustraídas o compradas ilegalmente a funcionarios de, al menos, seis entidades públicas: Registro Civil, Servicio de Rentas Internas, Secretaría de Educación Superior, Biess y la Agencia Nacional de Tránsito.
El origen de la filtración aún no es claro y, por eso, hay una investigación penal en curso. Ayer, la Fiscalía recogió las versiones del representante legal y del presidente de Novaestrat. Ellos fueron retenidos la tarde y noche del lunes, pero fueron liberados en la madrugada de ayer, antes de que cumplan las ocho horas de “retención con fines investigativos”, que permite el Código Integral Penal.
