La seguritización de la política aplicada por el gobierno ha legitimado la disminución y vulneración de las garantías básicas de derechos humanos. Las violaciones a elementos como: debido proceso, presunción de inocencia, libertades fundamentales, libre movilidad, derechos de los privados de libertad, soberanía nacional, etc. no son más que daños colaterales en su agenda de restablecimiento de la agenda económica neoliberal.
El gobierno de Moreno progresivamente ha centrado su gestión en la retórica. En contubernio con el oligopolio mediático corporativo se han enfocado en la creación de mensajes políticos cargados de una marcada intencionalidad de construir artificialmente escenarios propicios para legitimar sus decisiones y posibilitar el manejo de la opinión pública desde criterios que obvian su responsabilidad en la gestión pública y que permanentemente crean responsables externos de aquellos elementos que son responsabilidad del ejecutivo y del Estado en general.
Así, el trillado discurso de la “descorreización” se ha convertido en la punta de lanza de Moreno y sus aliados para implementar el paquete de medidas tendientes a la restauración del neoliberalismo como doctrina de administración de la cosa pública, aún a sabiendas de las nocivas repercusiones para la economía de las familias y de la misma estabilidad macroeconómica del Estado.
El discurso de “descorreizar las instituciones” se ha convertido en la columna vertebradora de la acción del ejecutivo, un accionar que reacciona, que permanentemente responde a la coyuntura y al antojo antes que ser el reflejo de una orientación estratégica o a una mínima planificación. Las decisiones de Carondelet no obedecen a ninguna línea de las propuestas en el plan nacional de desarrollo y mucho menos a las propuestas que fueron presentadas en el plan de gobierno, todo esto se justifica en lo actuado por el gobierno pasado y en la cruzada emprendida por el actual por restablecer el statu quo neoliberal.
En el ámbito de la seguridad, específicamente, las “descorreización” ha supuesto el retorno a una gestión de la seguridad ciudadana desde las concepciones tradicionales del uso de la fuerza y la presencia de los agentes de seguridad en las calles como respuesta a la creciente y real inquietud y temor ciudadano respecto al aumento del delito en las calles.
No obstante, aquí opera una paradoja pues paralelamente al rediseño de las instituciones de seguridad que se justifican desde el argumento de la eficiencia y el fortalecimiento, se viene dando una progresiva desinversión en materia de seguridad que desarticula la operatividad de la Policía Nacional, la misma que en reiteradas veces ha sido protagonista de actos bochornosos en los que el uso desproporcionado de la fuerza y la violencia policial se han hecho patentes.
En este sentido, es pertinente abordar la actual política de seguridad ciudadana desde la categoría de “seguritización” que consiste en la utilización de la seguridad como instrumento para la movilización de la opinión pública hacia aquellos “lugares mediáticos” que permiten al poder mantener su acción sin la presión ciudadana respecto a los problemas estructurales. Así, la gestión del Gobierno permanentemente maneja un discurso seguritizante en el que la delincuencia común, la comunidad venezolana residente en el país, el correismo o lo que “calce” en la coyuntura, se convierten en el enemigo público y por lo tanto merecedor de toda la fuerza del Estado en su contra.
El gobierno nada dice respecto a las causas estructurales de los problemas que hoy enfrenta el país, no es capaz de vincular el aumento de la delincuencia con las políticas laborales, la masiva desvinculación de trabajadores en el sector público y privado, la precarización del empleo, etc. El gobierno nada dice respecto a la influencia de sus decisiones en materia migratoria con la difícil situación de la comunidad venezolana. Lo más terrible de todo, el gobierno guarda un silencio radical respecto a las violaciones a los derechos humanos que se han registrado en varias actuaciones policiales, es más han sido “reconocidos” los agentes que han intervenido en los mismos.
Seguritizar la política es la estrategia para distraer a la población de los problemas objetivos que atravesamos y legitimar la ruptura de la ley; Seguritizar la política supone en la práctica el establecimiento de un estado de emergencia permanente que permite pasar por alto cualquier elemento básico del funcionamiento democrático de la sociedad. Tal como señala Gabriel Orozco: “consiste en un proceso mediante el cual se pretende darle calidad o estatus de asunto de seguridad a un problema que puede atentar contra la supervivencia de un ente, ya sean individuos, conglomerados, Estados o la humanidad.”
La seguritización de la política aplicada por el gobierno ha legitimado la disminución y vulneración de las garantías básicas de derechos humanos. Las violaciones a elementos como: debido proceso, presunción de inocencia, libertades fundamentales, libre movilidad, derechos de los privados de libertad, soberanía nacional, etc. no son más que daños colaterales en su agenda de restablecimiento de la agenda económica neoliberal.
Queda por verse cuál será la respuesta de Moreno al nuevo contexto colombiano de restablecimiento del enfrentamiento armado, no sería de sorprenderse si en su afán de beneficiar a los grandes sectores agroexportadores o a los proyectos extractivistas que operan en las provincias fronterizas comiencen a “aparecer” guerrilleros en el Ecuador. (O) Diego Vintimilla Jarrín
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