A 5 días de que termine la instrucción fiscal y un día después de que Amnistía Internacional señaló que existen serias violaciones a los derechos humanos en el caso Ola Bini Fiscalía General del Estado solicita audiencia para reformular cargos en contra del activista informático sueco.
«Fiscalía, ya que no pudo probar el supuesto ataque a sistemas informáticos de #FreeOlaBini, ahora solicita el cambio de delito. Medida desesperada e ilegal a 5 días de terminar la instrucción. Este caso será ejemplo de como violar la Constitución y derechos humanos», denunció el abogado Carlos Soria.
???♂️ Fiscalía, ya que no pudo probar el supuesto ataque a sistemas informáticos de #FreeOlaBini, ahora solicita el cambio de delito. Medida desesperada e ilegal a 5 días de terminar la instrucción. Este caso será ejemplo de como violar la Constitución y derechos humanos. pic.twitter.com/w6Fap7o3bU
— Carlos Soria (@calilo84) August 27, 2019
DETENCIÓN ARBITRARIA Y VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO (AMNISTÍA INTERNACIONAL)
Ola Bini es un defensor de derechos humanos sueco que vive en Ecuador desde 2013y se dedica al desarrollo de herramientas enfocadas en seguridad y privacidad digitales. Él defiende el derecho a la privacidad y su labor ha permitido a periodistas y activistas compartir información y recabar evidencia de manera segura, evitando la vigilancia ilegal.
El11 de abril de este año, Bini fue detenido por policías a raíz de una acusación pública de la ministra de Gobierno y una denuncia telefónica.El 20 de junio, un tribunal provincial ordenó su liberación tras aceptar una acción de hábeas corpus. En su argumentación, tras considerar estándares internacionales de derechos humanos, el tribunal reconoció la ilegalidad y arbitrariedad de su detención.
Tras analizar el caso de Ola Bini, Amnistía Internacional considera que el Estado ecuatoriano incumplió sus obligaciones bajo el derecho internacional al privarlo de su libertad de manera arbitraria durante 70 días e infringir el debido proceso y las garantías judiciales, violando su derecho a la libertad personal y afectando su derecho a un juicio justo.
Ante estos antecedentes, podría existir riesgo de que la Fiscalía a cargo del caso presentara cómo evidencia pruebas obtenidas en violación al debido proceso y las garantías judiciales. De ser así, el Estado ecuatoriano estaría incumpliendo con su obligación bajo el derecho internacional de no utilizar pruebas obtenidas en violación de normas de derechos humanos.
Adicionalmente, la organización considera que el uso indebido del sistema penal contra personas que defienden los derechos humanos viola el derecho internacional y podría generar un ambiente intimidatorio para otras personas que llevan a cabo esta labor.
Confirmado.net / @Calilo84/ Amnistía Internacional
