Representantes de organizaciones sociales y de los trabajadores presentaron una acción pública ante la Corte Constitucional, para que ratifique la necesidad de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sea conocido y aprobado por la Asamblea Nacional aplicándose el control de constitucionalidad, requisito imprescindible para la aplicación del acuerdo y los condicionamientos expuestos en la Carta de Intención.

La acción presentada busca, además, que la Corte Constitucional disponga a la Presidencia de la República, le remita el instrumento o instrumentos internacionales que el Estado ecuatoriano ha suscrito con el Fondo Monetario Internacional para contratación de deuda externa. Dinero del que nuestro país ya ha recibido desembolsos por parte del FMI desde el pasado 1 de marzo. Esto debido a la escasa información brindada por parte del gobierno nacional a la ciudadanía y la preocupación general por el impacto que las medidas puedan ocasionar a los derechos de las y los trabajadores ecuatorianos.

Los demandantes son representantes de la Integración de Federaciones Ecuatorianas Sindicales (IFES), Acción Jurídica Popular (AJP) y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES).

La demanda señala que el acuerdo con el FMI inobserva los pasos constitucionales que se deben cumplir para aprobar un tratado internacional de estas características. Expone las contradicciones entre el contenido del acuerdo y las disposiciones constitucionales sobre la garantía de los derechos humanos y la jurisdicción nacional. Los demandados en representación del Estado ecuatoriano son: Lenín Moreno Garcés, Richard Martínez, Sandra Argotti, César Litardo e Íñigo Salvador Crespo.

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