Lenín Moreno, presidente de Ecuador desde 2017, puede ser sin duda considerado como el elemento más acabado de esta saga de gobernantes al servicio de las élites económicas, lo cual puede demostrarse aplicando la matriz de análisis del concepto de captura del Estado a las más recientes decisiones del gobierno morenista.

La política latinoamericana experimenta hoy profundos vaivenes con un importante impacto en las condiciones de vida de las mayorías sociales. Las políticas de ajuste antisocial profundo llevadas a cabo en Brasil, Argentina o Ecuador, en buena medida fruto de la sumisión al Fondo Monetario Internacional, se conciertan con un sesgo cada vez más autoritario, por medio de mecanismos institucionales y judiciales que buscan controlar o eliminar toda oposición o disidencia política.

La aprobación de normativas (fiscales y laborales fundamentalmente) derivadas del paradigma neoliberal fondomonetarista, la utilización de mecanismos de persecución judicial (el llamado lawfare) y la obturación de canales de participación y control democrático, conforman una ecuación que provoca pobreza, precarización, desigualdad y erosiona profundamente la construcción democrática, socavando la confianza de la gente en las instituciones, en los procesos de participación en la vida política y muy particularmente en el poder judicial. De hecho, el fenómeno es tan evidente que cada vez más expertos destacan la incompatibilidad entre las exigencias de las élites económicas y los mecanismos de la democracia liberal, y dejan claro que el neoliberalismo de hoy exige una gestión mucho más autoritaria que riñe con el Estado democrático y constitucional, y a la larga degenera en formas de gobierno neo-autoritarias (incluso neofascistas). Por añadidura, como se evidencia en Brasil, pero con coletazos evidentes en otros países, el racismo, la xenofobia, el machismo, la apología o justificación de la violencia y el menosprecio al Estado de derecho se expanden por la región latinoamericana, de la mano de nuevas figuras políticas emergentes en las derechas.

Para explicar las vías por las que se hacen efectivas estas nuevas formas de autoritarismo, es especialmente útil el concepto de “captura del Estado”, definida como “la influencia ilegítima que las corporaciones ejercen sobre las instituciones públicas nacionales e internacionales, manipulándolas para que actúen de acuerdo con sus prioridades, a costa del interés público y la integridad de los sistemas necesarios para respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos y proteger el medio ambiente”. Este concepto permite evaluar el grado de “secuestro” de la democracia. Así, en un Estado “capturado”, las políticas públicas e instituciones aparecen “sujetadas” por grupos de poder que interfieren y ponen al servicio de sus intereses el sistema judicial, poder ejecutivo, instituciones de control político, además de las narrativas mediáticas e incluso las líneas de pensamiento académico. Las consecuencias de la captura son múltiples, pero pueden agruparse en cinco grandes categorías: reducción de ingresos de los gobiernos, aumento de las desigualdades sociales y económicas, freno al crecimiento económico, potenciación de la corrupción y el conflicto, y erosión de la construcción democrática de instituciones políticas, así como de la credibilidad de los procesos democráticos.

Claramente, Bolsonaro y Macri aparecen como los campeones de este momento que, en directa oposición a las políticas del ciclo anterior, disuelve bienestar, democracia y Estado de derecho de manera acelerada, y propicia el saqueo de estos países, pilotado por las elites económicas. Sin embargo, otros líderes latinoamericanos están configurándose como las grandes estrellas de la posdemocracia y la precarización de sus países. En concreto, Lenín Moreno, presidente de Ecuador desde 2017, puede ser sin duda considerado como el elemento más acabado de esta saga de gobernantes al servicio de las élites económicas, lo cual puede demostrarse aplicando la matriz de análisis del concepto de captura del Estado a las más recientes decisiones del gobierno morenista.

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