Hace dos semanas, Ana comenzó a laborar en un local de comida en el norte de Quito, como mesera y ayudante de cocina. El horario es de lunes a sábado, de 07:00 a 17:30. Aún está a prueba. No ha firmado un contrato, pero el salario ofrecido es de USD 300, menos de un básico.

Desde el primer momento, la dueña le advirtió que no le afiliaría al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) porque “las ventas están malas”. Sus dos compañeros, que llevan un mes y tres meses, tampoco están afiliados. “Quisiera estar afiliada al Seguro.

Es lo legal. Me gustaría recibir los décimos y me hace falta un seguro de salud”, dijo. No es la primera vez que Ana acepta, por necesidad, un trabajo en estas condiciones. Antes, había laborado un año en un parqueadero. La jornada era de lunes a sábado, de 08:00 a 18:00.

No firmó contrato ni estaba afiliada al IESS. Recibía USD 10 diarios y el almuerzo. La Ley de Seguridad Social determina en su artículo 73 que el empleador está obligado a inscribir al trabajador como afiliado del Seguro General Obligatorio desde el primer día de labor y a remitir al IESS el aviso de entrada dentro de los primeros 15 días.

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