Lo grave es que a esta “reorganización” le acompaña un proceso de desvinculación masiva de servidores públicos mayor a la que ya vivimos entre diciembre de 2018 y enero de 2019.  Potencialmente son más de 150 mil funcionarios públicos quienes podrían verse afectados por el acuerdo de “reorganización de la presencia institucional”. 

Han pasado siete días desde que el triunvirato neoliberal (Secretaría General de la Presidencia, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Trabajo) que maneja los hilos de Carondelet, mediante Acuerdo Interinstitucional No. SENPLADES-MEF-MDT-001-2019, expidió las “Directrices para la reorganización de la presencia institucional en territorio y la reestructura orgánica de la administración pública central”.

Seguramente para los medios de comunicación del país el título del acuerdo interinstitucional SENPLADES-MEF-MDT-001-2019les resulta demasiado largo como para dignarse en publicar algo al respecto. Basta con “googlear” el rimbombante título para constatar que la capacidad del (des)gobierno de Moreno para implementar la contrarreforma neoliberal se sustenta fundamentalmente en la actitud cómplice del oligopolio mediático corporativo público-privado que magnifica acontecimiento en detrimento del abordaje de la opinión pública de los temas sustantivos de preocupación nacional.

Y es que mediante la “reorganización de la presencia institucional” el Gobierno ha decretado el retorno a los años 80, al menos. Se lanza por la borda el andamiaje institucional de la Función Ejecutiva y, literalmente de un plumazo, se eliminan los niveles administrativos de planificación a nivel zonal, distrital y circuital, que pasan a ser reemplazados por “unidades desconcentradas zonal o pluricantonales”.  Lo que en términos concretos significa: se elimina toda la estructura desconcentrada del gobierno y se retoma el esquema centralista donde la función pública se maneja desde la capital en desmedro de la posibilidad de que sea a nivel territorial donde la administración pública tome decisiones en función de las necesidades y realidades propias de cada ubicación geográfica.  Con el acuerdo vigente y los plazos corriendo es cuestión de 6 meses, según se señala en el documento, para que nos despidamos de la función pública como la hemos tenido en estos últimos años, y la gestión del gobierno se realice mediante “oficinas técnicas” que serán meras intermediarias administrativas entre el ciudadano y las famosas “plantas centrales”.

Sin embargo, lo peor de todo no es que se modifique la forma en la que la función ejecutiva se organice a nivel del territorio nacional para atender a la ciudadanía y cumplir con sus responsabilidades constitucionales.  Lo grave es que a esta “reorganización” le acompaña un proceso de desvinculación masiva de servidores públicos mayor a la que ya vivimos entre diciembre de 2018 y enero de 2019.  Potencialmente son más de 150 mil funcionarios públicos quienes podrían verse afectados por el acuerdo de “reorganización de la presencia institucional”. 

 Tal como dice el dicho popular “el eufemismo no evita el fusilamiento”, nos enfrentamos a la materialización de la tan promocionada disminución del tamaño del Estado que hasta fin de año habrá dejado a miles de funcionarios sin empleo, y nos habrá dejado a las y los ecuatorianos sin función pública; ya que el acuerdo es obligatorio para “Toda la “Administración Pública Central” y literalmente CONMINA –“Requerir [la autoridad] el cumplimiento de cierto mandato, el cual lleva implícito una amenaza si no se obedece.”- a las demás funciones del Estado a acogerlo.

Resulta paradójico que el acuerdo que está pulverizando la presencia del ejecutivo en territorio, utilice 6 de las 10 páginas en considerandos que citan a la Constitución de la República y otras normas que refieren al fortalecimiento de la presencia y las garantías del servicio público.  Así, por ejemplo, en el acuerdo de retorno al centralismo tienen la desfachatez de señalar el artículo 227 de la Constitución que señala: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”  Igual de contradictorio e incomprensible resulta que el proceso de implementación del acuerdo esté a cargo de la Subsecretaría de Planificación Territorial de Senplades –cuando acabaron con Senplades y ahora acaban con la planificación territorial-; la Subsecretaría de Fortalecimiento del Servicio Público del Ministerio del Trabajo –cuando en realidad es debilitamiento del servicio- y al Viceministerio de Finanzas –que realmente debería ser el Viceministerio del desfinanciamiento de las obligaciones del Estado-.

Al puro estilo de las aguas que vende el Chavo del 8, el acuerdo es de jamaica pero sabe a tamarindo, pues la recentralización y reconcentración de los ministerios que hasta el momento se llevaban bajo el esquema de Alta desconcentración, baja descentralización (tales como Trabajo, Educación, Salud) y los de Alta descentralización, baja desconcentración (tales como Ambiente, Agricultura, Turismo, Inclusión Económica) enfrentarán graves dificultades para cumplir con eficacia, eficiencia o calidad sus funciones.

Es cuestión de tiempo observar como este estado aparente –como García Linera llama al Estado neoliberal-, reducido hasta le máximo sus capacidades, comienza a suponer un atentado al derecho al servicio público. Y si a esto sumamos que el Ministerio de Finanzas permanentemente modifica y disminuye el presupuesto real para el sector social la situación es extremadamente compleja, y no se trata de la posición ideológica respecto al gobierno sino de la capacidad de un ciudadano para observar si en un hospital hay medicinas y no le toca esperar en el suelo mientras le atienden o si a sus hijos les entregan el desayuno escolar o debe comprar el puesto en la fila el día de la obtención de cupos.

No me sorprendería que sobre este particular Moreno no esté ni enterado, en su ineptitud hay una gran dosis de indolencia respecto a sus conciudadanos y una vanagloriada ignorancia para la administración.  Eso sí, tiene unos funcionarios sumamente eficaces, eficientes y de calidad para tomar el dictado del FMI y aplicar con papel calco el decálogo del Consenso de Washington.

A usted ciudadano, al que agradezco se tome el tiempo para leer este artículo, le sugiero no olvide estos nombres: Sandra Katherine Argotty Pfeil; Richard Iván Martínez Alvarado; Andrés Vicente Madero Poveda, ya que son quienes suscribieron el acuerdo que dejará a miles en la calle y por el que las filas, la burocracia, los tramitadores habrán retornado.

Tal como van las cosas, solo nos queda decir, apaguen la luz y cierren la puerta… que esto solo puede solucionarse en las calles.  (O)


Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Confirmado.net

Etiquetas : Acuerdo Interinstitucional No. SENPLADES-MEF-MDT-001-2019DESCENTRALIZACIÓNEcuadorSENPLADES
A %d blogueros les gusta esto: