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Comité Empresarial pide a la Corte Constitucional no dar paso a consulta popular por minería

Mediante un comunicado de prensa, los sectores productivos del país se pronunciaron sobre la situación que atraviesa la minería en el Ecuador, ante un pedido de un sector que solicita una consulta popular para impedir una minería a gran escala.

Comunicado de prensa

Los sectores productivos del país confían en que la Corte Constitucional no dé paso a una consulta popular que pondría en riesgo la seguridad jurídica del país y la estabilidad de las actividades productivas. 

Ecuador es un territorio megadiverso, somos privilegiados por nuestra riqueza con sus grandes yacimientos de minerales; resultainaudito que exista desigualdad social y pobreza en el territorio nacional, mientras tenemos bajo tierra los suficientes recursos que nos ayudarán a crecer como país, saliendo de un periodo de crisis obligado. La minería industrial trabaja de una manera sostenible y sustentable, enmarcada en estándares de responsabilidad ambiental, social y económica internacionales. 

Nos hemos reunido: empleados, comunidades, proveedores, inversionistas, ambientalistas y profesionales en distintas ramas, representando a los sectores productivos e industrial, de la mano de organizaciones ambientales y de la academia, por convicción apoyamos para que el aprovechamiento de estos recursos se haga de manera formal y regulada, en beneficio de todos los ecuatorianos. 

La actividad minera formal trae un sin número de beneficios y oportunidades para el país en general y, en particular, para las comunidades de su zona de influencia, gracias a la minería existe generación de empleo, encadenamiento productivo, ingresos económicos directos y desarrollo de tecnología, todo esto se da protegiendo los ecosistemas respetando a la clara y rigurosa legislación ambiental que tiene nuestro país. 

La minería es una de las principales fuentes de inversión extranjera con la que cuenta el país. En el año 2018, se alcanzaron cifras récord (US$ 742 millones), la minería significó más del 53% del total de Inversión Extranjera Directa -IED- (US$ 1.400 millones), y esto inicialmente, ya que en el 2019 se marcará un hito con el inicio de producción de 2 proyectos estratégicos como son Fruta del Norte y Mirador. 

Se estima que entre 2019 y 2021, en la etapa de producción de los primeros proyectos estratégicos, la minería podría convertirse en el segundo pilar de la economía del país: 

  • Aporte del 4% al PIB, con amplio potencial de crecimiento
  • Inversión comprometida de US$ 1.157 millones
  • Inversión proyectada de US$ 1.395 millones
  • Recaudación en impuestos de US$ 722 millones (regalías, IVA,
    utilidades, impuesto a la renta y patentes de conservación)
  • Creación de nuevas plazas de trabajo directo e indirecto
  • Desarrollo tecnológico y de industrias complementarias
  • Desarrollo de carreras y profesionales afines
  • Transferencia de tecnología y conocimiento a profesionales
    ecuatorianos
  • Repotenciación de las zonas rurales del área de influencia de los
    proyectos mineros, creando focos de desarrollo y evitando la
    migración a las ciudades
  • Generación de beneficios a todo el país con los recursos generados
    por regalías, especialmente a las zonas de influencia directa.
    Considerando que el desarrollo, tanto de la actividad minera como de otras actividades productivas, requiere un marco de seguridad jurídica en base al respeto a la Constitución y las leyes, y que el Estado es el único responsable de decidir sobre el destino de los recursos naturales en beneficio de todos los ecuatorianos, rechazamos que este derecho quede en manos de unos pocos, a través de consultas populares ilegítimas.
  • La decisión que está por tomar la Corte Constitucional respecto al pedido de consulta para prohibir la minería en cuatro parroquias de Imbabura y Carchi, no solo puede impactar el futuro de una industria de la que depende significativamente la salud económica del Ecuador, sino que también afectaría a la estabilidad de cualquier sector productivo, que quedaría expuesto a consultas populares que hacen tabla rasa de los derechos reconocidos en la Constitución y la ley. 
  • Negar la actividad minera responsable, formal y regulada, sería dar paso a la minería ilegal con todos los problemas que conlleva, por eso estamos convencidos que esta es la oportunidad de determinar de una manera ética el destino de los recursos minerales con los que cuenta el país para así, construir el camino hacia el desarrollo y bienestar de todos los ecuatorianos.

Confirmado.net / Comité Empresarial del Ecuador

Etiquetas : Comité Empresarial EcuatorianoCORTE CONSTITUCIONALMINERÍA RESPONSABLE
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