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Precaria;  sería la palabra con la que podemos definir el estado de la universidad ecuatoriana de estos tiempos.  La inestabilidad política, económica, administrativa y académica es ya el modus vivendi de las instituciones de educación superior públicas del país.  

Precario, ria

Del lat. precarius.

  1. adj. De poca estabilidad o duración.
  2. adj. Que no posee los medios o recursos suficientes.
  3. adj. Der. Que se tiene sin título, por tolerancia o por  inadvertencia del dueño.
  4. m. Docente que ocupa un cargo provisionalmente.

Precaria;  sería la palabra con la que podemos definir el estado de la universidad ecuatoriana de estos tiempos.  La inestabilidad política, económica, administrativa y académica es ya el modus vivendi de las instituciones de educación superior públicas del país.  

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A raíz de la discusión y movilización (noviembre y diciembre 2018) de estudiantes universitarios –y honrosas excepciones de trabajadores y más extrañas de docentes-   en contra de las pretensiones de reducir el presupuesto para la educación superior, el (des)gobierno nacional emprendió un proceso de “negociación” con las autoridades universitarias para encontrar mecanismos para mantener el esquema de reducción de asignaciones públicas para las IES, desactivando cualquier expresión de rechazo.  Con fotos y “acuerdos” tuiteados desde el Ministerio de Finanzas y la Secretaría de Gestión de la Política se anunciaban los grandes compromisos del diálogo con los Rectores de las Universidades.  Más, solo se confirmó lo ya conocido; el (des)gobierno sobrevive mediante el ofrecimiento engañoso y el incumplimiento.  

Por su parte los rectores de las Universidades poco o nada han dicho, cuando ya en enero de 2019 se confirmó lo que meses atrás se advirtió… la universidad ecuatoriana recibió menos recursos de lo que legalmente le correspondía.  Pero mayor sorpresa genera el beneplácito con el que las autoridades y los Consejos Universitarios han avalado, con su participación y silencio, un nuevo despojo de recursos a las Universidades que supone la aplicación de las nuevas disposiciones contenidas en el Reglamento de Régimen Académico (RRA), aprobado en marzo de 2019 por el Consejo de Educación Superior CES, que debería denominarse el Reglamento del Régimen de Precariedad Académica.

En sí, el RRA es el instrumento para la aplicación de la austeridad neoliberal en las universidades.  En función de la disminución de recursos asignados y las crecientes necesidades de las IES para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, el RRA permite configurar un régimen de explotación y precarización laboral para las y los docentes universitarios, reducción de horas de preparación de clases y otros derechos establecidos por ley.  Al respecto, la peor parte se la llevan los docentes contratados que, además son la mayoría en casi todas las universidades del país, se vuelven piezas descartables y prescindibles para las Universidades, ya que además su vinculación precaria inhibe su participación en la discusión de la política universitaria e impide la modificación de la correlación de fuerzas para los procesos electorales internos.

Criterio técnico, ¿para qué?

El RRA ha puesto a correr a las universidades para rediseñar las mallas curriculares de la inmensa mayoría de sus carreras –que estaban en proceso de aplicación de una malla ya rediseñada, en el mejor de los casos hace 2 años, sin el menor análisis técnico de viabilidad y sin medir las consecuencias institucionales y sociales que supone la reducción de la duración de las carreras- y obliga a que las carreras ofertadas por las IES reduzcan sus tiempos de duración en un margen del 10 al 15%, lo que cual configura una nueva forma de precariedad académica pues reduce la vinculación del estudiante con la universidad, dando más peso a las horas de trabajo autónomo, lo que a su vez reduce la calidad de las formación universitaria y, lo más grave, abre paso al proceso de depreciación de la formación de pregrado y la disminución y progresiva eliminación de la gratuidad del tercer nivel.

¿Y los derechos?

A la precariedad económica-financiera, administrativa se suma, la más grave y compleja de todas: la precariedad política.  Las Universidades ecuatorianas han sucumbido al chantaje y las presiones que vienen desde el CES y de Carondelet. El silencio de la academia es un mal síntoma, que se agrava cuando las voces críticas son acalladas y cualquier intento de, hacer lo que la universidad debe hacer, discutir y proponer alternativas al desmantelamiento neoliberal es tachado de cómplice con el régimen anterior para anularlo. 

Vemos como los gremios universitarios de docentes y empleados han quedado para gestionar la canasta navideña y un par de asuntos internos, carentes de vocería política como evidencia de la ausencia de voluntad para hacer política en defensa de sus agremiados y los derechos de las y los ecuatorianos.

Por su parte los gremios estudiantiles, aunque pretenden activar y politizar al sector estudiantil, enfrentan grandes obstáculos como la falta de recursos, la dispersión organizativa y la desidia generalizada.

Sin embargo, y aunque no se trata de un tema relacionado al RRA, vale destacar y reconocer la capacidad instalada en el movimiento estudiantil en defensa el Estipendio para las y los internos rotativos del área de la salud, que lograron movilizar de forma sostenida en toda el país y que lograron hacer retroceder al gobierno nacional en su pretensión de disminuir el estipendio para quienes ingresaban al internado en el mes de mayo.  Más, es preciso también advertir la perversa y engañosa acción del (des)gobierno nacional a través del MSP para firmar un acuerdo con la Asociación de Internos Rotativos AIR en el que se mantenían los valores del estipendio para la cohorte de mayo y que deja en total indefensión a las próximas cohortes de septiembre y los meses posteriores, bajo el argumento de que se deben encontrar mecanismos para el financiamiento del internado, cuando en la proforma presupuestaria de 2019 los recursos estaba asignados y deliberadamente fueron retirados por el Ministerio de Finanzas, en la misma dinámica con la que ha reducido asignaciones para los sectores de salud y educación.

Más allá de la ingenuidad con la que AIR actuó al final de las negociaciones y la consecuente ruptura interna, es importante valorar la potencia de dichas movilizaciones que obligaron a varios rectores y decanos a pronunciarse a favor de los internos, incluso por vías legales como es la Acción de Protección contra el MSP, presentada de forma conjunta por las Universidades de Cuenca, del Azuay y Católica de Cuenca.

Ante estos acontecimientos, la sociedad en su conjunto debe exigir respuestas y acciones, debemos acompañar a las universidades y exigir a sus integrantes salir del ostracismo y el miedo y tomar una postura firme en defensa de sus instituciones pero también de respeto a la dignidad nacional y de nuestro pueblo.  Requerimos que las y los legisladores aumenten su acción de control político para verificar el cumplimiento de la LOES y otras leyes vinculadas a la Universidad y que hoy son vulneradas por reglamentos y normativas menores. 

La precariedad universitaria no es un asunto de académicos, es un proceso eminentemente político, y en tal virtud las respuestas deben ser políticas, desde la sociedad organizada. (O) Diego Vintimilla Jarrín


Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Confirmado.net

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