Hoy nuevamente utilizan la misma estrategia y este gobierno es parte de ese chantaje. Por un lado un grupo de ex funcionarios públicos que han sido los causantes de las crisis económicas, la pobreza y desigualdad del país (entre ellos Osvaldo Hurtado, Alberto Dahik, Augusto de la Torre, Mauricio Pozo, Abelardo Pachano, César Robalino, Magdalena Barreiro y Elsa de Mena), así como periodistas y analistas que defienden intereses oligárquicos y muchos de ellos reciben fondos de organizaciones extranjeras neoliberales (entre ellos Simón Espinoza, Vicente Albornoz, José Hidalgo, Pablo Lucio Paredes, Jaime Carrera y Walter Spurrier) suscriben un comunicado solicitando al gobierno de Moreno, apoye las reformas laborales. 

El Mandato Constituyente No. 8 aprobado en septiembre de 2008, explícitamente señala lo siguiente: “Art. 1.- Se elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral y cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo en las actividades a las que se dedique la empresa o empleador. La relación laboral será directa y bilateral entre trabajador y empleador. 

Art. 2.- Se elimina y prohíbe la contratación laboral por horas. Con el fin de promover el trabajo, se garantiza la jornada parcial prevista en el artículo 82 del Código del Trabajo y todas las demás formas de contratación contemplada en dicho cuerpo legal, en la que el trabajador gozará de estabilidad y de la protección integral de dicho cuerpo legal y tendrá derecho a una remuneración que se pagará aplicando la proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la jornada completa, que no podrá ser inferior a la remuneración básica mínima unificada. Asimismo, tendrá derecho a todos los beneficios de ley, incluido el fondo de reserva y la afiliación al régimen general del seguro social obligatorio. En las jornadas parciales, lo que exceda del tiempo de trabajo convenido, será remunerado como jornada suplementaria o extraordinaria, con los recargos de ley”.  Por tanto, cualquier cambio implica reformas constitucionales y no solo reformas al Código de Trabajo. Pero en cualquier caso, la opción es impedir cualquier cambio que afecte a los trabajadores.

Debemos recordar que el gran empresariado respecto al mandato 8 (mismos que hoy han elaborado esta propuesta de flexibilización laboral recogida por el gobierno de Moreno) decían que esta medida iba a llevar a la calle a miles de empleados, ¿qué sucedió? Las estadísticas muestran que se produjo una paradoja: el empleo global se mantuvo en niveles similares, el empleo adecuado mejoró, la tasa de subempleo se redujo, y el desempleo se mantuvo en niveles similares. Esto muestra el chantaje que siempre las élites empresariales han utilizado para tratar de afectar al trabajador. 

Hoy nuevamente utilizan la misma estrategia y este gobierno es parte de ese chantaje. Por un lado un grupo de ex funcionarios públicos que han sido los causantes de las crisis económicas, la pobreza y desigualdad del país (entre ellos Osvaldo Hurtado, Alberto Dahik, Augusto de la Torre, Mauricio Pozo, Abelardo Pachano, César Robalino, Magdalena Barreiro y Elsa de Mena), así como periodistas y analistas que defienden intereses oligárquicos y muchos de ellos reciben fondos de organizaciones extranjeras neoliberales (entre ellos Simón Espinoza, Vicente Albornoz, José Hidalgo, Pablo Lucio Paredes, Jaime Carrera y Walter Spurrier) suscriben un comunicado solicitando al gobierno de Moreno, apoye las reformas laborales. Y mencionan cuatro ejes: 1) privilegiar la creación de nuevos empleos, en especial para desempleados o empleados en el sector informal; 2) evitar la precarización del empleo; 3) proteger al trabajador en su movilidad (“un cambio radical frente a la legislación vigente, que busca proteger el puesto de trabajo más que al trabajador, a fin de que su esfuerzo y talento se dirijan a las actividades de mayor productividad” indican); y 4) alinear los incentivos de empleadores para que inviertan en sus trabajadores y de los empleados para que estos se esmeren en dar lo mejor de sí. 

La pregunta es ¿Cómo van a evitar la precarización laboral, la protección del trabajador, alinear los incentivos de empleadores para que inviertan en sus trabajadores y de los empleados para que estos se esmeren en dar lo mejor de sí, si proponen cambios en los tipos y jornadas de trabajo que afectan todos los derechos de los trabajadores? 

Por otro, la Cámara de Comercio de Quito anunció acuerdos logrados por parte de los delegados de trabajadores, empleadores y del Ministro de Trabajo, ¿habría que ver qué delegado de los trabajadores aprobaron estos acuerdos? En sí, se indica que se reformaría el artículo 47 que habla de la jornada laboral y en la frase que dice “sin superar las 8 horas diarias”, se pondría “sin superar las 12 horas diarias”. El cambio de jornada se aplicaría en caso de llegar a un acuerdo expreso con el trabajador. Sin embargo, la jornada de trabajo también podría ser de menos de 8 horas, pues en los cambios se ha dispuesto que las 40 horas semanales se cumplan hasta en seis días.

Mientras el Ministro de Trabajo informó de tres acuerdos en reformas laborales. Las reformas que necesitan aprobación del órgano legislativo se refieren a la creación de un contrato por emprendimiento, la eliminación del 35% de recargo de contrato eventual y ocasional; y, el establecimiento de la jornada de 40 horas en la semana. Están solicitando la creación de un contrato por emprendimiento, con nuevas modalidades de emprendimiento para generar oportunidades de trabajo y empleo. Con la eliminación del 35% de recargo en contratos eventuales y en contratos ocasionales de trabajo se busca dar respuesta a ese descenso de contrataciones eventuales anuncian. Además, informó el Ministro de Trabajo, que se ha consensuado en facilitación de una jornada de 40 horas semanales de manera ordinaria, y de otro tipo de jornadas  especiales que no excedan las 40 horas a la semana y con consentimiento de las partes (empleador y trabajador).

Si tras estas reformas hay responsables, por un lado ex funcionarios, analistas y periodistas que suscriben una carta al Gobierno de Moreno para que se apliquen las reformas laborales; por otro lado la Cámara de Comercio de Quito y el Ministro de Trabajo junto con representantes de empleadores y trabajadores, quienes definen los cambios a realizarse, quienes al unísono dicen es necesario estas reformas ¿Entonces es justo que todas estas personas respondan a futuro, incluso con cárcel si lo que pretenden llevar adelante afecta a los trabajadores? Que asuman su responsabilidad, que se aplique lo que la Ley determina e incluso se aplique la acción de repetición regulada por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

En sí, esta pretensión de reformas laborales acaba con una serie de derechos del trabajador como las horas extras y suplementarias cuando se extiende la jornada a 12 horas, no pagar la seguridad social cuando se plantea reducción de contrato a 6 meses, no pagar indemnizaciones cuando se plantea el despido intempestivo por quiebra, reducir los salarios cuando se plantea acordar entre empleador y trabajador el salario, a sabiendas que el poder de negociación está en el empleador ya que la oferta de trabajo es mayor (se redujo en marzo 2019 cerca de 4 puntos porcentuales el empleo adecuado o pleno empleo, esto es más de 268.000 personas que salieron del empleo pleno); se pretende extender la jornada de trabajo a sábado y domingo cuando la propia ley indica que esos días son de descanso obligatorio. Entonces lo que se busca con esta reforma laboral es llevar a cabo la flexibilización laboral para no pagar horas extras y suplementarias, así como los beneficios sociales, esto implica una transgresión a los derechos de los trabajadores. 

Para llevar a cabo este proceso de reforma laboral, las propuestas, los acuerdos y la decisión de Moreno se centran en dos ámbitos: La flexibilidad externa o numérica y la flexibilidad interna.  La flexibilidad externa o numérica (en términos macroeconómicos) representa la estrategia principal que recomiendan Organismos Internacionales como el FMI, el Banco Mundial, el BID, la OECD, así como los gobiernos, especialmente del grupo de los 8 para frenar el desempleo (Simeón, 2000), pero que ha fracasado donde se la ha implementado. Por tanto, la flexibilización laboral es una  estrategia  política, regulada especialmente por los gobiernos, quienes, en distintos grados, llevan a cabo la liberalización de los mercados laborales. De ahí que el nivel de empleo esté determinado por la estructura social, y también por la capacidad de las instituciones del estado para generar nuevos puestos de trabajo (Koshiro, 1992; Iglesias, 2001). 

Pero se debe considerar que los efectos de la flexibilización numérica o externa para cambiar los ingresos de los trabajadores se fundamentan en tres variables: tipos de contrato, jornada de trabajo y prestaciones sociales. La flexibilización numérica entonces, se caracteriza por modificar las formas de contratación y las formas de despido y está considerada como un medio para la reducción de los costos de producción, especialmente los costos del factor trabajo (Lucena, 2002) cuyo objetivo es generar mayores ganancias al empresario. En este sentido la flexibilidad numérica se orienta básicamente a los contratos de duración definida o verbal; es decir, a reconocer modalidades de trabajo que permitan disponer de mano de obra temporal y sin mayores problemas para el despido (Ermida, 1999;   López, 2002).

Además, se debe considerar que la flexibilidad externa puede ser de tres tipos:

a) movilidad de empleo, la cual se refiere al volumen de mano de obra que ocupa el empleador y está sujeta a las necesidades de la empresa.

b)  movilidad  profesional,  la  cual  supone  cambios  de ocupación, asociado a un sistema de capacitación que permite cambiar la función productiva del trabajador.

c) movilidad geográfica, la cual alude al traslado de la mano de obra hacia el mercado de trabajo (Hernández Laos y Aboites, 1993; Standing, 1986).

Como se puede notar, este proceso de flexibilización laboral en el Ecuador es parte del cumplimiento de las metas cualitativas emanadas por el FMI y organismos internacionales que son parte del financiamiento solicitado por el gobierno de Moreno. 

Mientras, la flexibilización interna, es la llevada a cabo dentro de las empresas luego que la norma ha sido cambiada. La flexibilización interna es un concepto que se refiere a las estrategias instrumentadas por las empresas en el interior de sus procesos productivos. Su esencia radica en la necesidad de aumentar la calificación a través de la polivalencia de la mano de obra. En consecuencia, este tipo de flexibilidad asegura a la empresa un determinado número de trabajadores que cuenten con habilidades, experiencia,  elementos importantes en la búsqueda de una mayor rentabilidad (Bliton y Morris, 1991; Hernández Laos y Abortes, 1993; Standing, 1986).

Pero se debe considerar que un esquema moderno de flexibilización laboral sugiere tomar en cuenta dos puntos muy importantes:

a)  primero, que cada trabajador negocie libremente el precio de su trabajo con el empleador, sin sujeción a topes mínimos, y

b)  que el Estado intervenga lo menos posible en las relaciones colectivas, a efecto de limitar, restringir y si fuera políticamente posible, eliminar la acción sindical, la negociación colectiva y la huelga.

Por ello, la importancia de oponerse no sólo a la firma de la carta de intención con el FMI, sino a todo proceso de reforma estructural en el país. 

Pero además, importante conocer que la definición en el país de estos tipos de flexibilidad laboral son parte del discurso empresarial y del gobierno de Moreno para realizar las reformas, que lo único que busca es mayores ganancias para el empresario, ya que la relación entre la flexibilidad salarial y relaciones laborales supone la referencia, análisis y revisión de un marco jurídico que regula las relaciones laborales; en donde la negociación colectiva juega un papel importante. Esta situación presenta un conflicto distributivo debido a la erosión del salario real reduciendo el contrato. Producto de este conflicto potencial entre empresarios y trabajadores se produce inflación, proceso en el cual el margen de ganancias del empresario se incrementará a costa de una reducción del salario del trabajador. 

Es decir, la flexibilidad de los salarios está condicionada como un factor de competitividad, rentabilidad y relaciones laborales, donde lo que se busca es que los empresarios maximicen sus ganancias a costa de una reducción en los salarios reales de los trabajadores. 

Esta condición es necesaria evitarla y de ahí la necesidad urgente de frenar cualquier proceso de reformas estructurales en el país. Sólo basta revisar las estadísticas de empleo de los dos últimos años en Ecuador, para saber que la aplicación de medidas neoliberales es contraproducente para el empleo y el trabajador. El empleo adecuado luego de aplicarse las medidas neoliberales empiezan a producir los efectos esperados desde marzo 2018, período en el cual los indicadores de empleo empiezan a reducirse drásticamente, y a marzo 2019 llega al mínimo histórico de 37,9%, cifra inferior incluso a lo alcanzo en los años 2016, en la cual la situación económica del país era grave producto del terremoto, la caída de los precios del petróleo, la contracción de la economía mundial, caída de nuestras exportaciones, que afectaron fuertemente al país pero no llevo a afectar ni a la economía peor a la sociedad, tal cual hoy está sucediendo. Es decir, en 2016 con shocks internos y externos, el empleo no estaba en las condiciones que hoy presenta el país, a pesar que este gobierno de Moreno no ha sufrido las consecuencias que el gobierno de Correa sufrió. Esto nos indica lo contraproducente que son las medidas neoliberales.

Lo grave de estas reformas es que se vuelve a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX porque en 1916 se adopta la jornada de 8 horas diarias, y en 2019 se quiere adoptar jornadas de 12 horas diarias. La respuesta del gran empresariado es porque se busca  emplear a más personas. Esto es falso, lo que se busca es no pagar horas extras y suplementarias, no pagar los beneficios sociales (décimo tercero, décimo cuarto sueldos, fondos de reserva, etc.). Es falso la mayor contratación, porque en el discurso de ganar competitividad han sido claro las élites empresariales, ya que desde tiempo atrás vienen expresando la necesidad de reducir salarios para reducir costos y con ello ganar competitividad, pero el objetivo es incrementar sus ganancias.

Si la reducción de salarios logrará la competitividad, ¿qué debería estar sucediendo a aquellos países desarrollados donde los salarios son 5 ó 10 veces los salarios que existen en el Ecuador? Deberían ser países no competitivos, pero resulta que sucede todo lo contrario. 

Si extender la jornada de trabajo a 12 horas genera mayor empleabilidad y productividad, ¿qué debería sucederle a Suecia, donde la jornada de trabajo se redujo a 6 horas diarias y 30 horas a la semana? Debería Suecia estar en una condición de reducción fuerte del empleo y baja productividad. Pero nada de ello le ha sucedido a Suecia.  

Todo esto implica la necesidad urgente de frenar estas reformas estructurales que van a sumir en la miseria a la mayor parte de la población y a generar mayores ganancias a una mínima parte de la población. A defender el país (O) / AMVE2019


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