Hasta el año 2018, producto de las reformas tributarias emprendidas desde el año 2008, la recaudación se ubicó en tasas del 14% sobre el PIB, pero ¿qué sucederá cuando empiece a aplicarse las metas cualitativas? la Ley de Fomento Productivo señala que los impuestos a las empresas (impuesto a la renta, IR) no se cobrarán hasta por 20 años, y se eliminará el impuesto a la salida de divisas (ISD) ¿Qué sucederá con los ingresos del estado? Sin duda alguna irán cayendo progresivamente hasta el 2021. Solo la eliminación del ISD representa una reducción del 8% en las recaudaciones del gobierno central, y la exoneración del IR llegará a un 30%, con lo cual hasta el año 2021 las recaudaciones se reducirán entre un 35% a 40%, retornando al porcentaje de recaudaciones de inicios de siglo.

“El estado social es más adecuado a la realidad y a la diversidad de las misiones que cumple el estado, que aquel más restrictivo de estado de bienestar” (Thomas Piketty, 2015: 525).

Hemos visto en los dos años de gobierno de Lenin Moreno, como se está llevando a cabo un proceso de desinstitucionalización y desmantelamiento del estado. Un proceso que arrancó al poco tiempo de empezar su mandato, aunque muchos dicen que esto lo había planificado desde mucho antes cuando era candidato a la presidencia y se declaraba la persona más leal al ex Presidente Correa. Sin embargo, mediante la consulta popular de febrero de 2018 y el cambio de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por uno Transitorio, se ha ido desmantelando de a poco al estado como parte del cumplimiento de las metas cuantitativas y cualitativas emanadas desde el FMI. Como hemos visto este proceso de desinstitucionalización ha venido acompañado del acaparamiento y repartición de las funciones del estado al puro estilo neoliberal de épocas pasadas, donde se han nombrado autoridades afines a los intereses empresariales, de la derecha oligárquica y no necesariamente por méritos. Se han nombrado jueces, consejeros electorales sin un mínimo de requerimientos, una Fiscal con una nota regular y un conocimiento mínimo de la normativa, una Superintendenta de Bancos afín al sector bancario y observada por cuatro ocasiones, un Contralor al que se le amplía el mandato convirtiéndose en la única autoridad que no fue reemplazada por los transitorios, y una Corte Constitucional de lujo que violenta la normativa superior.

Ahora le ha tocado el turno a SENPLADES, con lo cual la planificación desde el estado (planificación centralizada del estado) ha culminado el proceso de eliminación, se pretende con esto volver a la planificación estatal desde el empresario, la oligarquía, a esto se denomina en la economía política la escuela fisiocrática, de la cual incluso hasta el propio Smith estaba en contra cuando en el libro cuarto hace una fuerte crítica a la fisiocracia y el mercantilismo, oponiéndose a la intervención de gremios empresariales en las decisiones de política del estado.

¿Pero por qué el gobierno de Lenin Moreno reduce al mínimo el tamaño del estado? Porque lo que busca es que el estado deje de controlar y regular al mercado (aplicación de la mano invisible). Porque lo que se quiere es que el estado ya no provea servicios públicos de calidad; que los servicios de salud, educación, seguridad social, telecomunicaciones, luz eléctrica, agua potable, etc., colapsen. El propósito es que la gente perciba que el sector público es ineficiente, y con ello todos los servicios que actualmente provee el sector público pasen a manos del sector privado (privatizaciones), ya que asumen que el sector privado es muy eficiente. Si el sector privado es muy eficiente como se dice desde los grandes medios de comunicación y el gran empresariado, entonces ¿por qué el estado debió hacerle remisión tributaria y laboral?.

La estrategia del gobierno de Moreno ha sido como se ve en este proceso de desinstitucionalización, reducir al mínimo el tamaño del estado así como reducir el gasto público como una medida de política económica para reducir el déficit fiscal. Medidas que contemplan el cumplimiento de las metas cuantitativas y cualitativas emanadas en el recetario fondomonetarista.

Las reformas cuantitativas las vienen aplicando desde inicios del 2018, con la reducción del gasto público corriente especialmente en sueldos y salarios (implica los despidos masivos, entre mayo 2018 a marzo 2019, más de 85.000 servicios públicos han sido despidos y se espera el despido de otros 80.000 hasta diciembre de 2019, esperan reducir en total 2.000 millones de dólares de gastos por sueldos y salarios) y compras de bienes y servicios (acorde al PGE 2019 será una reducción de 3.564 millones de dólares), la reducción en transferencias (el bono de desarrollo humano sufre una reducción de 132 millones de dólares y 43 millones de dólares en desarrollo social), así como la reducción de 1.628 millones de dólares en el plan anual de inversiones. Todo esto implica reducciones de más de 8.100 millones de dólares en el PGE 2019, similar a lo no cobrado a las grandes empresas por las remisiones tributarias, laborales y subfacturación que llegan a más de 7.500 millones de dólares.

La diferencia entre ingresos y egresos permanentes muestra que no había la necesidad de despedir más de 80.000 empleados o reducir el gasto público que termina afectando a las familias, la demanda agregada y por tanto las condiciones económicas y sociales del país. ¿Entonces por qué se toma esa decisión que afecta a miles de familias ecuatorianas, así como a la economía ecuatoriana? Fácil, porque con este mecanismo el gobierno quiere financiar el déficit fiscal de más de 7.500 millones de dólares producto de las remisiones tributarias, la subfacturación y remisiones laborales producido por el no cobro a los grandes empresarios, así como las futuras reducciones de las recaudaciones que la Ley de Fomento Productivo I y II (TROLE I y II) implementa con el no cobro de impuesto a la renta hasta por 20 años, y el futuro pago de deuda por 30 años.

Estas medidas de reducción del tamaño del estado y del gasto público tienen como objetivo la reducción del déficit fiscal. Pero el déficit fiscal no es una variable económica sino contable, por tanto para reducir el déficit se debe recurrir a generar más ingresos y no a reducir el gasto ¿entonces porque se utiliza el déficit fiscal como un mecanismo para mejorar las condicionantes económicas? Porque aplicar esta instrumentación lleva a aumentar las condicionantes de concentración y acumulación, y que los procesos de privatización se puedan cumplir eficientemente. Por ello, el proceso de desinstitucionalización del estado debía aplicarse para cumplir con los procesos de acumulación y concentración en los grupos más ricos y como consecuencia el agravamiento de las condiciones sociales: empleo, pobreza y desigualdad.

El aumento de la concentración y acumulación se puede observar en las ganancias obtenidas por la banca en los dos últimos años, así como el incremento de los ingresos de los grupos económicos. Las ganancias de la banca entre 2001 a 2006 crecen 5 veces (2001 era de 59 millones de dólares y crece a 2006 a 239 millones de dólares), entre 2007 a 2016 se mantienen estables e incluso caen (2007 era de 254 millones de dólares y 2016 cae a 223 millones de dólares), mientras entre 2017 y 2018 pasan de 396 a 554 millones de dólares. Las ganancias promedio anual de la banca privada en el gobierno de Lenin Moreno son de 475 millones de dólares, mientras en el gobierno de Rafael Correa las ganancias fueron en promedio anual 282 millones de dólares. Estos resultados muestran que la aplicación de medidas neoliberales conllevan como resultado procesos de mayor acumulación y concentración.

Mientras los ingresos de los grupos económicos crecen a mayor rapidez que el crecimiento de la economía ecuatoriana, mostrando procesos de concentración en el ingreso. De ahí la importancia de profundizar no sólo en impuestos sobre los ingresos, sino en impuestos sobre la propiedad y sobre el capital. Pero la Ley de Plusvalía fue eliminada con la consulta de febrero de 2018, restringiendo el mecanismo de limitar procesos de acumulación.

Hasta el año 2018, producto de las reformas tributarias emprendidas desde el año 2008, la recaudación se ubicó en tasas del 14% sobre el PIB, pero ¿qué sucederá cuando empiece a aplicarse las metas cualitativas? la Ley de Fomento Productivo señala que los impuestos a las empresas (impuesto a la renta, IR) no se cobrarán hasta por 20 años, y se eliminará el impuesto a la salida de divisas (ISD) ¿Qué sucederá con los ingresos del estado? Sin duda alguna irán cayendo progresivamente hasta el 2021. Solo la eliminación del ISD representa una reducción del 8% en las recaudaciones del gobierno central, y la exoneración del IR llegará a un 30%, con lo cual hasta el año 2021 las recaudaciones se reducirán entre un 35% a 40%, retornando al porcentaje de recaudaciones de inicios de siglo.

La participación de los impuestos sobre el ingreso nacional se incrementa en 4 puntos porcentuales del PIB entre 2007 y 2017 y se estanca a partir del año 2018. Si se considera la participación de los impuestos sobre el ingreso nacional y la participación del gasto público sobre el ingreso nacional en los países ricos podemos observar que bordea entre el 40% al 55%. Esto muestra, ¿hasta qué punto para algunos analistas el retorno del estado fue incongruente con el contexto de país? Por ello, el estado debe intervenir no solo recaudando impuestos para financiar gastos y transferencias, sino fijando las reglas, y en este gobierno ello se ha perdido, solo basta revisar sus políticas y medidas económicas adoptadas, así como los resultados sociales alcanzados en estos dos años de gobierno de Moreno.

Con una reducción de los impuestos y gravámenes sobre el ingreso nacional es imposible cumplir con las funciones de todo gobierno (policía, justicia, ejercito, relaciones exteriores, administración general, salud, educación, etc.). La reducción del estado, así como de los ingresos que obtiene, implica por tanto reducción de las funciones del gobierno. Ya vemos los problemas que está generándose en la salud, donde no tienen el personal necesario para realizar las fumigaciones en la costa y por ende los posibles procesos epidémicos, la reducción de los salarios de los internos que puede llevar a una paralización del sistema de salud.

Si las medidas de fortalecimiento institucional continuarían, el estado podría ser poseedor y productor de capital, pero en un proceso de privatizaciones basado en este proceso de desinstitucionalización del estado, no sólo el papel del estado se reduce sino los activos generados. Desde el punto de vista fiscal y presupuestal, el estado entre 2007 a 2016 desempeñó un papel económico muy importante que se vio reflejado en mejoras de los indicadores económicos y sociales, a diferencia de lo sucedido en los años 2007 y 2018. Considerando que el estado social moderno puede resolver los problemas del capitalismo atado a un incremento del peso del estado y de su gasto público. Hay que recalcar que el alza en la participación de las recaudaciones sobre el ingreso nacional producida entre 2007 y 2017 permitió al gobierno hacerse cargo no sólo de la universalización de la salud, la educación, de la infraestructura que por tres décadas estaban olvidadas, sino incluso de misiones sociales cada vez más importantes, entre ellos los programas Manuela Espejo, Joaquín Gallegos Lara, que le permitió al actual gobernante Lenin Moreno presentarse ante el mundo como el defensor de las personas más vulnerables. ¿Qué hace ahora con los impuestos y el gasto público? Los reduce, y eso se ve reflejado en los condicionantes de pobreza. Mientras entre 2007 y 2016 este sistema público social permitió reducir la pobreza en todas sus dimensiones, así como las desigualdades, entre 2017 y 2018, entramos en un proceso de incremento de las tasas de pobreza y las desigualdades, y en disminución de las de empleo adecuado o empleo pleno.

Por tanto, el estado debe buscar mediante las recaudaciones garantizar un mínimo social desde el gasto público. El desarrollo del estado fiscal es fundamental para la constitución del estado social, ¿pero que plantea la ley de fomento productivo? ¿Que plantea la carta de intención? Exoneraciones impositivas, cambio del sistema impositivo a uno regresivo, priorizando los impuestos indirectos por sobre los impuestos directos. Esta lógica neoliberal surge porque se piensa desde esos sectores oligárquicos empresariales que son los que manejan el gobierno y las decisiones económicas y políticas, que procesos de redistribución consiste en transferir riquezas de los ricos a los pobres, cuando no entienden que un proceso de redistribución se basa en financiar servicios públicos e ingresos de reposición sobre todo en el ámbito de la educación y la salud. Por tanto, el desarrollo del estado social y fiscal se vincula fuertemente con el proceso de construcción del estado, y más no en su desmantelamiento.

Confirmado.net / AMVE2019

Etiquetas : EcuadorESTADO SOCIAL MODERNOESTADO TRADICIONAL BURGUÉSFMILENÍN MORENORAFAEL CORREA
A %d blogueros les gusta esto: