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Aplicación de la reforma estructural neoliberal en Ecuador: De la mentira a la desfachatez (Análisis)

Simplificar el sistema tributario es eliminar impuestos que afectan a las grandes empresas y banca privada (IR e ISD), ellos lo llaman “eliminar gradualmente los impuestos distorsionantes relacionados con el volumen de los negocios y las transferencias al exterior”. Esto afectará la dolarización.

Definitivamente todo el proceso de desinformación a la ciudadanía desde los medios de comunicación está surtiendo efecto. Se pasó de la mentira a la desfachez. Primero, se ha venido diciendo e insistiendo en la mentira que no había otra salida, que nos dejaron el país en la ruina, que la economía estaba mal por el fuerte endeudamiento, el estado “obeso”, la alta carga tributaria en los empresarios, etc. Ahora con desfachatez hablan de la aplicación de las reformas como algo normal y beneficioso para el país. La jefa de misión del Fondo Monetario Internacional para el Ecuador, Anna Ivanova, así lo indica: “Hemos acordado con el gobierno conversar sobre el programa cada tres meses, para asegurarnos que avance según lo acordado…El objetivo será evaluar si hasta fines de marzo se llegó a las metas cuantitativas, que incluyen metas fiscales, reservas, gasto fiscal…Luego están los objetivos cualitativos o estructurales”. Es decir, las metas cuantitativas y cualitativas se deben llevar a cabo a rajatabla, y decían que no habían condicionantes, cuanta mentira.

El objetivo para abril señala la represente del FMI en Ecuador, es la reforma de la Gestión de las Finanzas Públicas (tal cual se lo hizo en Argentina con la Ley de Presupuesto). Pero esta reforma no es más que la reducción de los empleados públicos (mayores despidos), la reducción del gasto público, la reducción de los sueldos y salarios en el sector público para equipararlos a los bajos salarios del sector privado. Esto se llevará a reforma en la Asamblea. Pero la Constitución en su Art. 424 señala “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico”, además en el Art. 425 se indica “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos”.

Por tanto, las reformas deben pasar por una reforma constitucional que en el Art. 441 señala “La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará: 1. Mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República, o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho por ciento de las personas inscritas en el registro electoral. 2. Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará en dos debates; el segundo debate se realizará de modo impostergable en los treinta días siguientes al año de realizado el primero. La reforma sólo se aprobará si obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional”.

Más adelante, para mayo dice la jefa representante del FMI en Ecuador, viene la reforma del Banco Central para darle autonomía. Pero ¿qué es autonomía para los neoliberales? Que el Banco Central no sea manejado por el estado sino por el sector bancario financiero, como lo era hasta antes del 2007. La Constitución en su Art. 303 señala al respecto “La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. La ejecución de la política crediticia y financiera también se ejercerá a través de la banca pública. El Banco Central es una persona jurídica de derecho público, cuya organización y funcionamiento será establecido por la ley”.

Es decir, todas estas reformas estructurales deben sustentarse en lo que la Constitución Política del Ecuador señala. Por tanto, todo lo actuado por el Gobierno ha violentado los principios constitucionales en lo que a política económica se indica, ya que el Art. 284 señala “La política económica tendrá los siguientes objetivos: 1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales. 7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo”.

No se cumple lo mencionado por la Constitución, los resultados de empleo, pobreza, desigualdad, así como la propuesta de reforma tributaria para direccionar a impuestos indirectos, y la reforma laboral y de presupuesto, violenta lo señalado por la Constitución.

También la representante del FMI en Ecuador señala “El tercer objetivo es más continuo y es que el Gobierno tiene que comprometerse a ser muy transparente en cuanto a la deuda externa, no solo los números sino también algunos contratos con características especiales… Por ejemplo, los acuerdos de recompra con Goldman Sachs y Credit Suisse [créditos obtenidos con garantías en bonos no reembolsables], de los cuales el Gobierno se comprometió a revelar completamente la información de esa deuda externa que tiene algunas características especiales, que llamamos colaterales pero que no son realmente colaterales”. La Constitución en su Art. 290 indica “El endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones: 3. Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura, o que tengan capacidad financiera de pago. Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa, siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para el Ecuador”. Y las condicionantes de este acuerdo con el FMI no son más beneficiosas para el país, ni el pago del monto total de intereses que al cabo de 30 años bordeará los 25.000 millones de dólares sino que las condicionantes atadas a la política económica son desastrosas para el país.

Además, indica la representante del FMI en Ecuador “El Ecuador va a continuar completando todas las reformas. De las financieras no tenemos mucho en este año y se verá más en el 2020. La reforma laboral es importante… Hay un pilar fiscal, pero tiene otros…Los instrumentos son limitados, tiene política fiscal y posibilidad de hacer ajustes estructurales. No tiene política monetaria ni cambiaría. Pero las reformas estructurales -por ejemplo al manejo el sector público, la reforma al BCE, etc.- son cosas que van a ayudar a prevenir lo sucedido en el pasado, como el hecho de que la deuda pública se duplicó en cinco años. Es un crecimiento muy grande y fue porque las instituciones no funcionaron bien. Tenemos que cambiar las instituciones…Me parece importante entender que, en primer lugar, la Ley de Fomento Productivo de agosto pasado tenía medidas muy parciales, como exoneraciones fiscales. No creemos que las exoneraciones fiscales sean muy importantes para el crecimiento, lo que es importante es el entorno empresarial, una buena infraestructura, la seguridad para los inversionistas, la protección de los derechos de los inversionistas (por ejemplo, la existencia de arbitrajes para las compañías). Así que estamos tratando de realizar una serie de reformas mucho más grandes que cambiarán el entorno. Entre los componentes importantes citados por los inversionistas está el costo de la mano de obra y que hay muchas rigideces. No existe la posibilidad de trabajar en horas cortas o de tener trabajos de medio tiempo, lo que para las mujeres es muy importante”.

La carta de intención sobre reforma tributaria menciona lo siguiente “Hasta finales de agosto, el Régimen elaborará una reforma tributaria y, a finales de octubre, remitirá a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para actualizar el sistema tributario actual, de manera que este sea más equitativo, conducente al crecimiento y simple (meta estructural del programa). La reforma tributaria tendrá como objetivos: i) simplificar el sistema tributario; ii) ampliar la base impositiva; iii) eliminar las exenciones tributarias no justificadas, los regímenes especiales y las preferencias que en la actualidad benefician a los segmentos más ricos de la población; iv) rebalancear el sistema impositivo hacia una mayor tributación indirecta antes que directa; y v) eliminar gradualmente los impuestos distorsionantes relacionados con el volumen de los negocios y las transferencias al exterior”.

  • Simplificar el sistema tributario es eliminar impuestos que afectan a las grandes empresas y banca privada (IR e ISD), ellos lo llaman “eliminar gradualmente los impuestos distorsionantes relacionados con el volumen de los negocios y las transferencias al exterior”. Esto afectará la dolarización.
  • Ampliar la base impositiva implica más carga tributaria en las personas e incluir a segmentos de menores ingresos en ella.
  • Rebalancear el sistema impositivo hacia una mayor tributación indirecta que directa, es no cobrar a los de mayores ingresos sino de menores ingresos, porque todo impuesto indirecto afecta en mayor medida a los de menos ingresos. Esto significa abandonar las políticas redistributivas del ingreso y la riqueza en el país.

Quebrantando la Constitución que en su Art. 300 señala “El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos”. Y la carta de intención establece se priorizarán impuestos indirectos.

Respecto a las condiciones laborales, este proceso de flexibilidad laboral explicitado por el gobierno y la representante del FMI en Ecuador va en contra de lo establecido en la Constitución, Art. 326. “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. 3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración” y en el Art. 327 “La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley”.

Señala la representante del FMI en Ecuador, que los programas neoliberales aplicados en Ecuador y Argentina “Son programas muy diferentes. Argentina tiene su propio programa y sus propios temas económicos. Ecuador tiene un tipo de programa diferente y es mucho más estructural, por lo que no creo que estas cosas deban vincularse en absoluto. Los dos países tienen problemas diferentes. Ambos acudieron al FMI, pero resulta que no existe una conexión específica”.

Esto es falso, ya que los acuerdos son similares, los temas económicos son los mismos: reducción del gasto público, reformas a la ley de presupuestos (en el caso ecuatoriano al Código Orgánico de las Finanzas Públicas), reformas  fiscales que priorizan impuestos indirectos, autonomía del Banco Central, reformas laborales, liberalización de tasas de interés, etc. En Argentina acorde al Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el acuerdo con el FMI se llevó a cabo de la siguiente manera: “El 12 de junio del 2018, el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne juntamente con el entonces presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, firmaban el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras (MPEF) por el cual solicitaban al Fondo Monetario Internacional la aprobación de un Acuerdo Stand-By por un período de 36 meses y por un monto de USD 50.000 millones”. “Desde el discurso oficial del gobierno nacional, esto constituía parte de un plan sólido que ayudaría a construir confianza y reducir la incertidumbre, fortaleciendo la economía argentina y protegiendo a los sectores más vulnerables mediante el sostenimiento del gasto en asistencia social”. “A pesar del escenario mencionado, el 17 de octubre de 2018 se firmó un nuevo Memorándum, que fue aprobado rápidamente por el Directorio del FMI. Este acuerdo se dio a conocer el 26 de octubre, un día después de la sanción en la Cámara de Diputados de la Ley de Presupuesto. Resulta sintomático que dicho Presupuesto prevé ajustes en todos los rubros con excepción del pago de intereses de la deuda”. Este programa en la actualidad se ha ampliado y los efectos económicos y sociales son desastrosos en la Argentina.

En el Ecuador el acuerdo se lo firmó en las mismas condiciones al argentino. El 1 de marzo de 2019, el Ministro de Economía y Finanzas del Ecuador Richard Martínez y la Gerente General del Banco Central Verónica Artola, firmaban el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras (MPEF) por el cual solicitaban al Fondo Monetario Internacional la aprobación de un  acuerdo de tres años (36 meses) en el marco del Servicio Ampliado del FMI por una cantidad equivalente a SDR3.035 mil millones (435 por ciento de la cuota y el equivalente a US$4,21 mil millones)”. Desde el discurso oficial del gobierno nacional se dice exactamente lo que el gobierno argentino dijo en su momento “esto constituye parte de un plan sólido que ayudaría a construir confianza y reducir la incertidumbre, fortaleciendo la economía y protegiendo a los sectores más vulnerables mediante el sostenimiento del gasto en asistencia social”. Entonces ¿por qué deberían ser diferentes los programas entre Argentina y Ecuador, si el discurso y  los procesos llevados a cabo son los mismos? Si lo primero que se hizo en Argentina fue la Reforma a la Ley de Presupuesto, reforma laboral y fiscal; mientras en el Ecuador se llevará  a cabo la Reforma a la Ley al Código Orgánico de Finanzas Públicas, la reforma laboral y fiscal.

Por tanto debemos oponernos a estas mentiras y desfachatez que viene desde el gobierno, las grandes cámaras y la represente del FMI en Ecuador.

“La desfachatez e inmoralidad de los políticos es de tal magnitud, que tiene su vertiente positiva; ya no tenemos que desenmascararles, su desvergüenza y deslealtad saltan a la vista”. José Luis Rodriguez Jímenez.

Confirmado.net / AMVE2019

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