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Corte Constitucional reconoce la autonomía de la Defensoría del Pueblo

El Ejecutivo objetó la Ley de la Defensoría del Pueblo, porque dijo que asignaba la promoción y protección de los Derechos Humanos exclusivamente a esa institución. Además, porque le otorgaba una autonomía no sujeta a control constitucional y le daba la capacidad de promover y tutelar los derechos de la naturaleza.

Cuestionó también que se le asignara al Defensor del Pueblo “una total inmunidad e inimputabilidad” y que se considerara a los defensores de los Derechos Humanos como funcionarios públicos. Pero la Corte Constitucional (CC) le respondió y, en su dictamen sobre la constitucionalidad de la norma, estableció que ninguna de esas objeciones contravenía la Carta Magna.

El presidente, Lenín Moreno, objetó parcialmente la Ley aprobada por la Asamblea el 5 de diciembre de 2018. El 9 de enero de este año llegó el veto parcial al Legislativo y el 18 de ese mes, los asambleístas se pronunciaron. Toda esa información llegó a la Corte para que los jueces hicieran un control constitucional de la ley.

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