Organizaciones de DD.HH. cuestionaron al Gobierno la decisión de pedir a los venezolanos que deseen ingresar al Ecuador el pasado judicial apostillado. La medida se tomó tras el femicidio cometido por un ciudadano de esa nacionalidad en contra de su pareja ecuatoriana, en Ibarra.

Estefanía Corelia, representante de la Misión Scalabriniana, aseguró que la población venezolana ejerce su legítimo derecho para desplazarse y movilizarse dentro de nuestro país, por lo que al solicitar el pasado judicial solo se busca un “chivo expiatorio”, que siempre recaerá en la gente más indefensa, que en este caso son los desplazados y refugiados. “Es gente que en este mismo momento está atravesando todo el castigo de un hecho del cual no es responsable”, dijo. Añadió que la medida anunciada por el Gobierno es discriminatoria y evidencia el afán de querer criminalizar a toda una población, lo que le hace más vulnerable.

Por su parte Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (Cedhu), agregó que no se puede criminalizar a toda la población venezolana, y que lo que ha hecho el Régimen es tratar de desviar la atención ante su ineficacia para combatir la violencia contra la mujer.

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