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Editorial – La Jornada

Ante la inminente llegada a México de la caravana de migrantes hondureños que en días pasados atravesó el territorio guatemalteco con el propósito de llegar al nuestro para transitar hacia Estados Unidos, el presidente de ese país, Donald Trump emitió ayer una amenaza prepotente: debo, en los términos más enérgicos, pedir a México que detenga este embate y si es incapaz de hacerlo, llamaré a los militares estadunidenses y cerraré nuestra frontera sur, en lo que ha sido una de las más fuertes altanerías del magnate republicano en contra de nuestro país: se trata, ni más ni menos, que de la pretensión de dictar a México una política migratoria determinada, pretendiendo ignorar la soberanía nacional y el hecho básico de que en este país y en su territorio mandan los mexicanos.

Por añadidura, Trump escribió que detener a los migrantes le resulta más importante que el nuevo acuerdo comercial de América del Norte, acusó a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador de lanzar un asalto a Estados Unidos por no hacer lo suficiente para impedir que este flujo de gente, incluyendo a muchos criminales, llegara a México en dirección al país del Norte, y volvió a amenazar con suspender toda la ayuda económica a esas tres naciones centroamericanas. Unas horas más tarde, al enterarse de que el gobierno mexicano envió un contingente de efectivos de la Policía Federal a la frontera con Guatemala para hacer frente a la situación, el huésped de la Casa Blanca comunicó en un nuevo tuit: Gracias, México, esperamos trabajar con ustedes.

Debe quedar claro que la secuencia de mensajes del mandatario es esencialmente una maniobra electorera de las que caracterizan a Trump, dirigida a los sectores más xenófobos y racistas de su país, y que tanto el amago como el agradecimiento guardan poca relación con la realidad: por un lado, la clausura de los pasos fronterizos entre México y Estados Unidos –que es la única manera realista en la que podría cerrar la frontera tendría ciertamente consecuencias catastróficas para ambos países, tanto en lo social como en lo económico. Implicaría, por ejemplo, que a los estadunidenses que se encuentran temporalmente en territorio nacional les resultaría complicado regresar a su nación por vía terrestre, que las exportaciones procedentes del norte del río Bravo se quedarían varadas en su lugar de origen, que el comercio bilateral experimentaría una parálisis casi total y todo ello tendría un costo político inconmensurable para el propio Trump. Por otra parte, aunque éste pretenda acreditárselo como un triunfo personal, el movimiento de personal policial a la frontera sur decidido por el gobierno mexicano no es consecuencia del amago referido sino de la necesidad de hacer frente a la situación generada por la inminente llegada de centenares o miles de centroamericanos.

En esta circunstancia, las autoridades nacionales tienen la obligación de cumplir con el marco legal mexicano, independientemente de las bravatas del magnate estadunidense, en los términos del artículo 11 constitucional (Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general) y en las disposiciones de la Ley de Migración.

La legalidad vigente abre dos posibilidades a los migrantes centroamericanos: ingresar a México con visa o solicitar refugio a su llegada. Es claro que en su gran mayoría quienes esperan ingresar al país en el sur de Chiapas son personas expulsadas de sus lugares de origen por la violencia o por la carencia por lo que es procedente y necesario, en consecuencia, agilizar al máximo los trámites individuales correspondientes. Cabe esperar que las autoridades nacionales sepan estar a la altura de la situación y marcar una diferencia inequívoca y contundente con respecto a la política racista y xenófaba del gobierno de Estados Unidos. 19.10.18

Anexo:

Otra caravana de hondureños camina hacia el sueño americano 

Danica Jorden *  – Open Democray (Democracia Abierta) 

Queda por verse si México permitirá que esta nueva caravana de migrantes atraviese su territorio de manera segura, y qué harán los EE.UU. con todos sus niños cuando lleguen allá. English

Es viernes 12 de octubre de 2018. Un flujo continuo de gentes se va congregando, desde primera hora de la mañana, en las afueras de la ciudad. Son al menos un centenar, entre los que se encuentran madres de lactantes y adolescentes solos, un hombre con muletas y otro en una silla de ruedas, empujado por su hermano. Alguien sostiene un letrero que dice: “No nos vamos porque nos guste. Huimos la violencia, pobreza, desempleo)”.

Amanece en Honduras. Aproximadamente medio año después de que un grupo anterior alcanzara con éxito la frontera de los EE. UU. Se ha formado una nueva caravana, y se está dirigiendo hacia el norte.

En el momento de llegar a San Pedro Sula, recientemente nombrada la ciudad más violenta de la tierra, son ya casi quinientos los caminantes. Unas notas manuscritas, pegadas a las paredes de la estación principal de autobuses, los organizan en grupos por sus ciudades de origen: Choloma Cortés; El Progreso; La Ceiba… Una joven de Santa Bárbara de dieciocho años acuna al bebé de su amiga en sus brazos mientras se sienta en el bordillo: calza calcetines de color rosa y chanclas blancas. “¿Tienes miedo a Donald Trump?”, le pregunta un reportero de la HCH TV . “No”, responde. “Yo creo en Dios. Dios es más grande que nadie en la tierra”. Cruzarán a Guatemala, y luego a México. “Esperamos que nos den un pasaje gratuito para viajar hasta la frontera, a través de México”, dice un hombre de 49 años.

La cantidad de niños y madres solteras es asombrosa, tendidos en mantas coloridas a lo largo de la acera, a las puertas de la estación, que ha cerrado por la noche. Una madre soltera, de La Ceiba, viaja con sus tres hijos, de 4, 5 y 10 años. ¿Ya le han dicho que podría ser difícil para usted, una vez allá? “Sí, pero tienes que tener fe”.

Un hombre de Tegucigalpa explica: “No hay ningún líder aquí. Todo fue auto- comunicado (de boca en boca)”. El plan es salir de la ciudad a las 6 de la mañana. “Nadie nos está ayudando. Nosotros no dependemos de nadie”. Una niña de once años y su hermana de dieciocho viajan por su propia cuenta. “Ya no puedo más” dice la mayor.

Desde hace casi dos años Estados Unidos no tiene embajador en Honduras, o al menos desde que Honduras celebró elecciones nacionales a fines de 2017, que provocaron manifestaciones masivas y fueron ampliamente criticadas en el extranjero, aunque aprobadas por la administración Trump.

A última hora del pasado domingo, Heide Fulton, la “chargé d’affaires ad interim, de la embajada (para usar su multilingüe título), lanzó una advertencia a los participantes de la caravana. Ésta consistió, básicamente, en traducir literalmente de las palabras del vicepresidente Mike Pence, que dijo: “No arriesgue a su familia… Si no puede venir a los Estados Unidos legalmente, no lo haga”.

Pero ellos ya van de camino. Son 1.500 personas las que circulan junto a camiones y autobuses a lo largo de la carretera. Otra pancarta dice: “Si los gringos pueden estar en el territorio de la ciudad, los Katrachos tenemos derecho a entrar y estar en los Estados Unidos. ””Catracho” es un término a veces peyorativo para denominar a los hondureños, que ha sido recuperado recientemente, especialmente por afro-descendientes y mestizos.

Honduras fue la “república bananera” original, administrada por la United Fruit Company a principios del siglo XX. El invierno pasado, los trabajadores de Chiquita en Honduras hicieron huelga durante meses, reclamando garantías por cuestiones de salud. 96 trabajadores fueron despedidos.

Con poco más que la ropa imprescindible a sus espaldas, el grupo, cada vez mayor ha acelerado el ritmo de la marcha. Las mochilas que cargan, estampadas con colores vivos, de brincan arriba y hacia abajo, y más de una luce el logo de Nike con el lema: “Just do it”.

Para el lunes, ya son hasta 2.000 los caminantes, según la policía guatemalteca, que finalmente les cedió el paso cuando cruzaron a Guatemala. Al mediodía, un sacerdote dice que, en uno de las tres puestos de descanso que administra su parroquia, alimentaron al menos a 2,000 personas.

El martes por la mañana, las autoridades guatemaltecas arrestaron a Bartolo Fuentes, ex congresista del Partido Libre de Honduras, junto a dos personas más, acusándolos de haber organizado la marcha. Guatemala ha anunciado que el señor Fuentes puede ser deportado de regreso a la frontera con Honduras.

En las elecciones de 2017, el Partido Libre fue apoyado por el ex presidente Manuel Zelaya, quien sufriera un golpe de Estado en 2009. El candidato del Partido Libre, Salvador Nasralla, compitió hasta el último momento con el actual presidente Juan Orlando Hernández en una elección que, según la OEA (Organización de los Estados Americanos), estuvo llena de irregularidades. Después de la elección, en un intento por frenar las protestas que estallaron en todo el país, Hernández impuso un toque de queda durante 10 días

Aunque, al arrestar a Fuentes, el gobierno guatemalteco pueda haber sucumbido a la presión política, parece que hay apoyo popular para los caminantes. Además de las iglesias y de las escuelas que abren sus puertas y brindan descanso y comida a los hondureños, ahora se pueden ver camiones y camionetas entre la multitud que camina. Hay tantos niños, mujeres embarazadas, ancianos y discapacitados, que se necesita un corazón de hielo para estar manejando y no darles un aventón.

Mientras Donald Trump ha amenazado con cortar la ayuda financiera a Honduras si la caravana no se detiene, los caminantes, que ya están en Guatemala, confían en ingresar a México. México, a su vez, ha enviado agentes federales para “garantizar la seguridad” de sus cruces fronterizos en el estado sureño de Chiapas, e insiste en que solicitará la documentación legal de cada persona.

Parece que mucha gente ya estará durmiendo el próximo lunes por la noche en Chiquimula, un pueblo ubicado cerca de la frontera entre Honduras y Guatemala y la ciudad de Guatemala. Mientras tanto, otro grupo de unos 500 hondureños ha salido de San Pedro Sula con la esperanza de reunirse con la caravana bien pronto.

Queda por verse si México permitirá que esta nueva caravana atraviese su territorio de manera segura, tal como ocurriera ya el pasado mes de abril. También habrá que ver que harán los EE.UU. con todos sus niños cuando lleguen allá.

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*Danica Jorden es escritora y traductora de francés, español, portugués, italiano y otras lenguas.

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