close

El fujimorismo está herido de muerte luego de probar una cucharada de su propia medicina: la lucha contra la corrupción, la misma que enarboló como bandera para deshacerse de Pedro Kuczynski. Keiko, a diferencia de su padre –quien gobernó una década con la prensa a su favor-, perdió el beneplácito de los medios de comunicación quienes no dudaron en exponer los vínculos de la lideresa naranja con Odebrecht, la misma constructora brasileña vinculada al expresidente. Pero hubo más, el fujimorismo siguió fiel a su estilo de demostraciones grotescas de fuerza y eso anticipó su propio desgaste. Desde entonces, no ha dejado de caer en desgracia.

El fujimorismo viene acumulando derrotas, desde la lucha fratricida entre keikistas y albertistas (representados en Kenji) que despilfarró el capital político de la que supo ser la identidad política mayoritaria y –relativamente- estable en el tiempo. Durante el 2018 el accionar de Fuerza Popular (FP) no sólo exhibió un exceso de autoritarismo, sino que también protagonizó un espiral de escándalos condensados en material audiovisual, que evidenciaron la prestación de favores entre integrantes del Poder Judicial, funcionarios y políticos, especialmente los vinculados a la cúpula fujimorista. Y no ha cesado de caer.

Octubre comenzó con la decisión judicial de la Corte Suprema de anular el indulto ¨por razones humanitarias¨ a Alberto Fujimori, la medida que permitió a Kuczynski sortear la primera moción de vacancia. Una vez más, la respuesta del fujimorismo desde el Congreso no tardaría en llegar y, nuevamente, sería torpe y bravucona: propiciaron una ley para otorgar la libertad no sólo a su principal líder, Alberto Fujimori, sino a otros personajes de su Gobierno en los años ‘90. Gracias a esta medida, figuras como Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y Julio Salazar Monroe, quienes han sido sentenciados por crímenes de lesa humanidad, podrían salir en libertad.

La Ley Fujimori

La Ley N° 3.533, aprobada por el Congreso, habilita la excarcelación de los reos mayores de 75 años en el caso de los varones y de 65 años en el de las mujeres, siempre que hayan cumplido un tercio de la pena y sufran enfermedades crónicas. La Ley prácticamente fue diseñada a medida de las necesidades del exdictador. Y, a diferencia de las propuestas del referendo -las cuales demoraron meses-, ésta fue aprobada en tiempo récord. Si bien desde el 2016, el fujimorismo gobierna a su antojo producto de su mayoría parlamentaria, lo que entre otras cosas le ha permitido aprobar leyes con una velocidad inusitada, la ‘Ley Fujimori’ merece el podio con tan sólo dos días y 34 minutos.

Desde el aspecto jurídico la Ley es, para muchos, anticonstitucional. En primer lugar, porque contraviene pactos preexistentes como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos[i], pero también en el aspecto formal el artículo 103 de la Constitución prohíbe legislar para casos específicos que beneficien a sujetos en particular. Otra innovación es que la norma crea una nueva figura legal –a diferencia de un arresto domiciliario, habilita la movilidad del reo cuando lo requiera, con sólo solicitar el permiso al Instituto Nacional Penitenciario, lo que implicaría, de hecho, una nueva modalidad de arresto o la modificación del arresto domiciliario prevista en el Código de Ejecución Penal-. Además, la Ley reduce los requisitos para acceder a un beneficio penitenciario, bajando en cinco años la edad para acceder al mismo y habiendo cumplido tan sólo un tercio de la pena[ii]. Tal vez uno de los puntos más irrisorios es que viola el principio republicano de división de poderes, ya que anula la efectividad de una sentencia del Poder Judicial. Tantas irregularidades levantan suspicacias, ¿se trata, una vez más, de una amnistía encubierta?

El Ejecutivo tiene una nueva disyuntiva:

  • Promulgar la Ley, lo que implicaría la libertad de Fujimori y sus exsocios.
  • Observar la Ley, aunque el Legislativo podría aprobarla por insistencia y, en dicho caso, el Ejecutivo deberá recurrir al Tribunal Constitucional[iii].
  • ¿Bomba de humo? 

El 10 de octubre Keiko Fujimori, junto a 17 miembros de su partido, fue arrestada bajo prisión preventiva. De acuerdo con la hipótesis del fiscal, la lideresa de Fuerza Popular, presuntamente, encabezaría una organización criminal cuya finalidad es obtener poder político en las instituciones del Estado. Keiko es acusada de haber recibido 1,2 millones de dólares de la constructora Odebrecht para financiar su campaña presidencial en 2011. Cabe señalar que Ollanta Humala, su rival en aquel entonces, también se encuentra involucrado por haber recibido aportes de Odebrecht y cumplió 18 meses de prisión preventiva. Finalmente, y tras sólo ocho días de encarcelamiento, la Segunda Sala de Apelaciones del Poder Judicial anuló la orden de detención preliminar contra la lideresa.

El mismo día en que Keiko recuperó la libertad el exjuez supremo César Hinostroza, vinculado al escándalo de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y acusado de encabezar la red criminal conocida como ‘Cuellos Blancos’ en el Callao, se dio a la fuga luego de haber sido blindado tanto por la lideresa naranja como por su partido. Sobre la última acusación la bancada mayoritaria de Fuerza Popular se demoró unos excesivos 12 días en mandar las acusaciones constitucionales aprobadas a comienzos de octubre, por lo que se retrasó notablemente su pedido de captura[iv]. La indignación con la huída de Hinostroza coincidió con una nueva movilización ciudadana contra la corrupción entre el sistema judicial y el Congreso, el blindaje al fiscal Pedro Chávarry y el congresista fujimorista, Héctor Becerril[v] [vi]. Luego de conocerse la fuga del magistrado, Vizcarra aceptó la renuncia al ministro del Interior, Mauro Medina[vii].

El fujiaprismo y los coletazos

En su desesperación frente a su situación judicial, el fujimorismo ha buscado intimidar al fiscal José Domingo Pérez[viii], quien ordenó la detención contra Keiko y sus asesores. Para hacerlo se recurrió a Alan García, el líder del partido aprista que, durante el último año, ha actuado conjuntamente con FP  en la defensa de sus intereses: mantener su fuerza política en el Congreso evitando los impedimentos a la reelección inmediata y esquivar las implicaciones en la megared de corrupción develada con los audios de CNM. El expresidente García aprovechó los votos fujimoristas para hacer comparecer al fiscal frente a la Comisión de Defensa del Congreso, a raíz de un comentario que éste realizó en una conferencia en México. Allí el fiscal definió como ‘guerrilla’ al período de violencia política protagonizado por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), y esa simple frase le valió una acusación por apología del terrorismo. Sin duda, García y Keiko buscan, mediante el hostigamiento, desprestigiarlo y preparar las condiciones de su destitución del cargo para su propio beneficio, ya que se encuentran entre los principales investigados.

A medida que se agotan los plazos de la investigación del caso denominado ‘Los cócteles’ la intimidación al fiscal se recrudece no sólo desde el Congreso sino por medio de amenazas proferidas en las redes sociales contra él y su familia. La causa es que la investigación que realiza Pérez ha puesto en jaque el poder de la mayoría parlamentaria. En el mismo sentido, durante el allanamiento de la vivienda de la secretaria de Keiko, Carmela Paucará, las autoridades encontraron una carpeta con un voluminoso expediente con información detallada sobre las 17 causas que pesan sobre el presidente Martín Vizcarra[ix]. El fujiaprismo en el Congreso se ha convertido en un gran pez dentro de un estanque pequeño, pero mientras resiste sus coletazos amenazan con llevarse puesto al conjunto de instituciones de la República.

[i] En abierta contradicción con las indicaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la medida antepone el beneficio a los sentenciados –aun por crímenes de lesa humanidad-  por sobre el derecho de las víctimas.

[ii]http://www.noticiasser.pe/opinion/fujimori-por-la-puerta-falsa?fbclid=IwAR3vwUnFI-H5oBcoi4Xfhx87xm23_TEC3erkQYU2elGUq0ZVch0FNPgKYlQ

[iii] https://elcomercio.pe/politica/gobierno-evalua-alcances-autografa-ley-beneficiaria-alberto-fujimori-noticia-568403

[iv] http://ojo-publico.com/885/cuellos-blancos-fiscalia-impedida-de-pedir-la-detencion-de-hinostroza-por-demora-del-congreso

[v] https://larepublica.pe/politica/1339686-marcha-blindaje-fujimorista-envivo-ciudadania-protesta-archivo-casos-pedro-chavarry-hector-becerril-ley-fujimori

[vi] https://larepublica.pe/politica/1340082-masivo-rechazo-impunidad-chavarry-becerril-fuga-hinostroza

[vii] https://elcomercio.pe/politica/martin-vizcarra-acepto-renuncia-mauro-medina-mininter-fuga-cesar-hinostroza-noticia-568828

[viii] https://elcomercio.pe/politica/jose-domingo-perez-fiscal-puesto-jaque-fuerza-popular-perfil-noticia-568381

[ix][ix] https://redaccion.lamula.pe/2018/10/17/en-el-allanamiento-a-la-vivienda-de-secretaria-keiko-fujimori-se-hallo-expediente-de-vizcarra/redaccionmulera/

Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Confirmado.net / CELAG.ORG

Etiquetas : KEIKO FUJIMORIOdebrechtPerú