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Virgilio Hernández, Ex-Asambleísta Constituyente 2007-2008. Ex- Asambleísta Nacional 2009-2017, considera que la propuesta de Consulta por iniciativa del Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, es la evidencia de las actuaciones inconstitucionales del Consejo Transitorio que ahora pretende “blindarse institucionalmente”, sin embargo considera que no tiene posibilidad de convocarla legalmente y sobre todo al proponer un referéndum que modifica la estructura del balance de poder diseñada en la Constitución y altera los principios básicos del régimen republicano sólo podría realizarse mediante Asamblea Constituyente, con las reglas y condiciones establecidas en el artículo 444 de la Constitución de la República.
A continuación reproducimos su análisis respecto a la posibilidad de convocatoria a referéndum propuesta por el Presidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo.

ANÁLISIS RESPECTO DE LA POSIBILIDAD DE CONVOCATORIA A REFERÉNDUM PROPUESTA POR EL DOCTOR JULIO CÉSAR TRUJILLO, PRESIDENTE DEL CONSEJO TRANSITORIO

Virgilio Hernández E

1. En esta semana ha trascendido en el debate público nacional la iniciativa del Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respecto de “convocar a consulta popular” con el objeto de blindar los cambios institucionales e incluso eliminar de la norma constitucional el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al respecto es necesario señalar, en primer lugar, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 104 de la Constitución de la República, el Presidente del Consejo Transitorio NO puede convocar por sí mismo, puesto que una consulta nacional sólo puede hacerlo el Presidente de la República o por iniciativa de la ciudadanía. Entonces caben dos posibilidades, la primera, que lo haga a través del Ejecutivo, aunque en este caso, el Presidente de la República tendrá que valorar políticamente si le conviene llamar a una consulta, que bien puede convertirse en un plebiscito sobre su gestión cada día más desgastada. La segunda alternativa es que utilice sus “Mandatos” a los cuales les ha pretendido otorgar carácter de constitucionales y la convocatoria la haga al margen de lo dispuesto en la Norma Suprema, lo que convertiría en ilegitimo el llamado a las urnas.

2. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, incluso de acuerdo a lo estipulado en la Consulta Popular del 4 de febrero de 2018, debió actuar conforme a la Constitución, la ley que regula su funcionamiento y el mandato expreso de la consulta (principio de lege data), es decir evaluar a las autoridades nombradas por el Consejo cesado y de ser el caso terminar anticipadamente sus períodos, sin embargo, ahora se pretende una eventual consulta para cubrir efectos posteriores de las decisiones ilegales que han tomado (lege farenda).

3. Un aspecto que vale la pena reflexionar es sobre uno de los objetivos que tendría la Consulta, según se ha señalado para “blindar los cambios institucionales”, sin embargo si se revisa la gestión del Consejo Transitorio, se podrá constatar que en los siete meses transcurridos desde su posesión, no han existido ni reformas propuestas ni cambios institucionales desarrollados, por lo que claramente se evidencia que se busca blindar las decisiones adoptadas debido a que existe plena conciencia de que se han extralimitado en sus funciones y temen que en el futuro el Estado tenga que responder a demandas internacionales y los hoy “todopoderosos” integrantes del Consejo de Participación Transitorio enfrenten acciones de repetición; como solía decir mi abuela: “Tarde llegan los tempranos” y sin duda habrá el momento en que el Consejo Transitorio deberá responder por las acciones al margen de la Constitución.

Cabe indicar, que la mayoría de las resoluciones y reglamentos aprobados son inconstitucionales y han debilitado la institucionalidad del Estado, basta mencionar que han generado un régimen de transitoriedad y las autoridades que han designado no se han posesionado ante la Asamblea Nacional, como lo dispone el artículo 120, numeral 11 de la Constitución de la República.

4. Está pretensión de blindaje de las responsabilidades contradice de forma expresa lo determinado en el artículo 233 de la Constitución que señala: “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones…”; por tanto, de realizarse la consulta esta se volvería ineficaz, por cuanto ni la Contraloría General del Estado ni otro órgano de control político podría dejar de cumplir lo dispuesto en la Carta Magna, pretender excluir a determinados “servidores” por mandato popular afectaría al “principio de igualdad”, sin el que es imposible hablar de estado constitucional de derechos y justicia. Adicionalmente, desde el punto de vista de los afectados por las decisiones tomadas, este blindaje afectaría el derecho a la tutela judicial efectiva, pues les privaría la posibilidad de reclamar un derecho vulnerado por el Consejo Transitorio, violentando el artículo 75 y 173 de la Constitución y el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que solo agravaría las responsabilidades del Estado ecuatoriano, ya que esta garantía ni siquiera es susceptible de suspensión en estados de excepción, según el 27.2 de la misma Convención.

5. Está pretensión de “blindaje“ se asemeja a las peores iniciativas llevadas a cabo en la región por diferentes gobiernos que pactaron la transición de las dictaduras a la democracia y con el objetivo de buscar una “supuesta reconciliación”, pero generaron impunidad de las acciones violatorias a los derechos humanos cometidas durante las dictaduras, sin embargo de lo cual, la Corte IDH ha señalado que los Estados no eximen su responsabilidad sobre dichas violaciones así se hayan desarrollado leyes o incluso procesos de consulta popular, tal como lo dictaminó en el caso Gelman vs Uruguay.

6. Otro elemento para el debate es el relacionado a la propuesta de que mediante consulta popular se pueda eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, frente a la cual algunos voceros de la “AlianzaPaís–Social Cristiana” han adelantado su complacencia, sin reflexionar si dicho planteamiento podría o no hacerse constitucionalmente. Revisemos lo que dispone el artículo 441 de la Constitución de la República:
“Art. 441.- La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará:

1. Mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República, o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho por ciento de las personas inscritas en el registro electoral.

2. Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará en dos debates; el segundo debate se realizará de modo impostergable en los treinta días siguientes al año de realizado el primero. La reforma sólo se aprobará si obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional”. (El resaltado me pertenece)
Según la norma, el referéndum sólo podrá ser convocado si la propuesta no altera la estructura fundamental de la Constitución y no modifica el carácter y elementos constitutivos del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es una simple dependencia sino que, al tener el mandato de seleccionar o vigilar los procesos de selección de las máximas autoridades de otras funciones del Estado, cumple un papel trascendental en el equilibrio del poder entre ejecutivo y legislativo, por tanto, su eliminación altera el balance de poder y por ende modifica la estructura fundamental de la Constitución de la República. ¿Qué organismo asumiría las funciones que hoy tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Cualquiera que sea la respuesta alteraría el diseño constitucional respecto del poder político que consta en la norma constitucional.

7. De la misma forma, el artículo 1 de la Constitución de la República señala que el Estado ecuatoriano “se organiza en forma de república” y según la misma Norma Suprema, tiene cinco funciones, siendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social parte fundamental de la Función de Transparencia y Control, su eliminación afectaría directamente a como fue concebida la Función de Transparencia y por tanto a la independencia de poderes; que es uno de los pilares del principio republicano.

8. Según el artículo 443 de la Constitución el organismo que dirime la vía de la reforma es la Corte Constitucional, sin embargo, por decisión de los propios integrantes del Consejo Transitorio, en este momento se experimenta una “Vacancia Constitucional” por lo que no existiría el mecanismo constitucional para determinar la vía adecuada, ni cumplir con la disposición del artículo 104 de la Constitución en concordancia con los artículos 102, 103 y 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional sobre la obligación de dictaminar la constitucionalidad o no de las preguntas que pretendan ser sometidas a referéndum. En el caso de que en estos meses se proceda a la integración de una nueva Corte Constitucional, su pronunciamiento tendría visos de ilegitimidad puesto que le correspondería dictaminar sobre una propuesta del organismo que los eligió, una vez que cesaron de forma inconstitucional a los jueces anteriores.

9. Colofón: La propuesta de Consulta es la evidencia de las actuaciones inconstitucionales del Consejo Transitorio que ahora pretende “blindarse institucionalmente”, pero no tiene posibilidad de convocarla legalmente y sobre todo al proponer un referéndum que modifica la estructura del balance de poder diseñada en la Constitución y altera los principios básicos del régimen republicano sólo podría realizarse mediante Asamblea Constituyente, con las reglas y condiciones establecidas en el artículo 444 de la Constitución.

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4.- Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: Art. 102.- Control constitucional de convocatorias a referendo.- Cuando la enmienda, reforma o cambio constitucional se tramite a través de un referendo, existirá un control constitucional previo de la respectiva convocatoria.

Art. 103.- Alcance del control constitucional.- La Corte Constitucional efectuará un control formal de la convocatoria a referendo. En el desarrollo de este control, la Corte Constitucional verificará al menos:

1. El cumplimiento de las reglas procesales para la realización de la convocatoria;
2. La competencia en el ejercicio del poder de reforma a la Constitución; y,
3. La garantía plena de la libertad del elector, y en particular, el cumplimiento de las cargas de claridad y lealtad.

Art. 104.- Control constitucional de los considerandos que introducen la pregunta.- Para controlar la constitucionalidad de los considerandos introductorios, la Corte Constitucional verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. No inducción de las respuestas en la electora o elector; 2. Concordancia plena entre el considerando que introduce la pregunta y el texto normativo. Esta concordancia comprende la relación entre las finalidades que se señalan en el considerando que introduce la pregunta y el texto sometido a consideración del pueblo; 3. Empleo de lenguaje valorativamente neutro y sin carga emotiva, sencillo y comprensible para el elector; 4. Relación directa de causalidad entre el texto normativo sometido a aprobación del pueblo y la finalidad o propósito que se señala en el considerando que introduce la pregunta, de modo que una vez aprobada la disposición jurídica, la finalidad perseguida se obtenga con una alta probabilidad; y, 5. No se proporcione información superflua o ninguna otra que no guarde relación con el texto normativo a ser aprobado por el electorado.

Confirmado.net / Análisis Virgilio Hernández

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