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Fue por causa de la Ley Orgánica de Servicio Público que surgió una protesta disfrazada de reclamo policial, pero alentada por una virulenta oposición al Gobierno de la Revolución Ciudadana, que creyó llegado el momento de enancarse en la revuelta para buscar el derrocamiento del Presidente Correa. Amaneció el jueves 30 de septiembre con la novedad de que algunos cuarteles policiales se habían revelado a su Comandante en Jefe porque, según la desinformación generada por la prensa “libre e independiente”, la LOSEP supuestamente afectaba sus derechos remunerativos. Cuando fue todo lo contrario, la ley planteó un considerable incremento salarial, mejores condiciones laborales, vivienda fiscal, Unidades de Policía Comunitaria, UPC, donde ejercen su trabajo dignamente y en franca reconciliación con la ciudadanía. Pero como buscaban defenestrar al Gobierno, los politiqueros de la desprestigiada partidocracia asumieron como suyo el seguro golpe de estado.

El Presidente Correa buscó un diálogo directo con los insurrectos uniformados y llegó a su cuartel general con esa intención; pero se encontró con una emboscada previamente preparada y como telón de fondo una lluvia de gases lacrimógenos que le obligó al Mandatario a refugiarse en el Hospital policial, donde un fulano que hoy funge de Asambleísta, se disfrazó de médico para impedir el ingreso de Rafael Correa, poniendo en gravísimo peligro su integridad y vida. El país recibió la información de la asonada golpista y tomó la iniciativa de ir a rescatar a su Presidente de aquel encierro con ínfulas de magnicidio. Salió el pueblo a las calles de Quito y contrario a lo que ocurría en tiempos de la partidocracia que la gente se reunía para botar al presidente de turno, tipo Jamil, Abdalá, Lucio, esta vez salió en apoyo del Mashi Rafael. En ese patriótico empeño cayeron víctimas mortales de la violencia criminal de los alzados, tanto civiles, como militares y policías.

La gente, desafiando el peligro, logró su objetivo de liberar al Líder de la Revolución Ciudadana y lo restituyó a Carondelet, donde una inmensa muchedumbre nacional vibraba de emoción por su retorno al poder popular. Los sediciosos fueron identificados y juzgados, la conjura fue descubierta en toda su gravedad. Hubo autores materiales e intelectuales del intento de golpe, los medios guardaron silencio y el Ecuador había aprendido la dolorosa lección de no descuidar el frente interno plagado de golpistas. Sentimos la solidaridad de los pueblos latinoamericanos a través de la UNASUR. Por allí un par de trasnochados pretendieron desvirtuar los hechos con absurdas acusaciones de que se trataba de un autogolpe gestado por el Presidente víctima de la sedición frustrada. La ley puso a los audaces en el sitio que se merecían por su infamia.

Al cumplirse 8 años de aquel triste episodio de nuestra historia, el mismo fiscal que impulsa el proceso en contra del Presidente Correa por el caso Balda, ahora rebusca argumentos para acusarlo por el 30S bajo el peregrino argumento de que fue el mismo Presidente, secuestrado por una fuerza demencial sedienta de sangre, quien habría ordenado tirar a matar, ¡para provocar su propia muerte! Sólo el odio satánico que sienten por la Década Ganada puede generar tanta perversidad; y agárrense que también le acusan en el caso FYBECA, que ocurrió cuando Lucio era presidente. Al paso que van terminarán incriminándolo por la muerte de Atahualpa. (O)


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