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Por Sinay Céspedes Moreno – Prensa Latina

Quito, 26 sep (PL) Ecuador centra hoy la atención del mundo debido al proceso contra el expresidente Rafael Correa por el presunto secuestro del político Fernando Balda, en Colombia (2012), considerado por el propio acusado como una gran farsa.

Contrario a lo esperado por muchos -que no se diera paso al juicio-, la audiencia de evaluación y preparatoria concluyó con su validación y consiguiente pedido de la Fiscalía de proceder contra el exmandatario.

Un auto de llamamiento a juicio, enajenación de bienes y congelación de las cuentas, fueron las solicitudes hechas por el fiscal general encargado, Paúl Pérez, a quien entendidos consideran un funcionario ilegítimo, debido a la falta de nombramiento por parte de las entidades correspondientes.

Ante esas disposiciones, la reacción de Correa no se hizo esperar y quedó plasmada en la red social Twitter.

‘¿Cómo se pueden juzgar dos veces los mismos hechos? ¿Cómo puede juzgarse en ECUADOR algo que YA está bajo la jurisdicción de Colombia? ¿Cómo la Fiscalía ecuatoriana puede llegar a una conclusión tan diferente a la de la Fiscalía colombiana? Todos saben que esto es una gran farsa’, aseveró el exmandatario en relación a su enjuiciamiento.

Su afirmación, se basa, entre otros, en un documento de la Fiscalía colombiana, que concluyó, en 2016: este despacho no encuentra suficiente motivación para vincular a esta investigación a altos funcionarios de la República del Ecuador como son el jefe de estado, jefe de gobierno, ministros, ni otros cargos de alto nivel con las conductas investigadas.

Para el exdignatario, su defensa y otros letrados que siguen el caso, todo forma parte de la persecución política en vigor contra quienes dirigieron durante su gestión (2007-2017), período denominado la Década Ganada, por los logros en materia económica, de política exterior y programas sociales desarrollados a nivel nacional.

El entramado comenzó, a juicio de algunos estudiosos de la situación actual ecuatoriana, con el enjuiciamiento al exvicepresidente Jorge Glas, a quien acusaron y condenaron por asociación ilícita en la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, en un proceso descrito por especialistas y por su defensa como viciado e ilegal.

También se ha posicionado la tesis de que el objetivo final sería quitar del panorama político nacional a figuras clave como Correa y Glas, así como a otros funcionarios de esa etapa.

Sin embargo, en la audiencia preparatoria, el fiscal general encargado señaló que cuenta con 28 elementos de convicción para proceder al juicio, uno de ellos, el nombramiento de Rafael Correa como presidente de la república.

‘En realidad, no tienen nada, ni tendrán, por eso han tenido que inventarse ‘peritajes’ y falsos testimonios. Todo esto irá al basurero de la historia’, alertó el exjefe de estado al respecto e insistió en que la figura de fiscal general encargado ni siquiera existe en la ley.

Por su parte, Eduardo Franco Loor, abogado defensor del exvicemandatario, también cuestionó la actuación del poder judicial, que describió como un absurdo.

‘Se violan la Ley. De acuerdo con art. 603 COIP#1, la acusación fiscal debe determinar el grado de participación en la infracción. Siempre es un delito, no dos. ESTO ES NULO, viola debido proceso’, aclaró en referencia a que Correa es demandado por asociación ilícita y plagio.

El debido proceso en este caso, también es cuestionado por juristas internacionales quienes acudieron a la audiencia en calidad de observadores internacionales, justamente para verificar la legalidad del caso, pero encontraron, en cambio, irregularidades.

Desde la apertura de la causa, después de seis años, cuando en correspondencia con la ley nacional, la acción debió prescribir, hasta problemas de jurisdicción por registrarse en Colombia, fueron algunas de las anomalías halladas.

‘Por lo que veo es inocente y hay manipulación de las reglas del derecho penal. Es un proceso muy espectacular, pero sin pruebas’, afirmó en entrevista con Prensa Latina, sobre la presunta culpabilidad del expresidente, el exsubjefe fiscal antimafia de Palermo, Antonio Ingroia, uno de los veedores.

El proceso por asociación ilícita y plagio es el primer juicio que se realiza contra el exmandatario ecuatoriano, a quien prevén vincular en otros casos, lo cual también ha llevado a la idea de que en Ecuador se vive una etapa de judicialización de la política.

Confirmado.net / Prensa Latina

Etiquetas : ¿proceso válido o una gran farsa?CASO BALDAEcuadorJUICIO A CORREAJuicio contra Rafael CorreaPRENSA LATINA