Las organizaciones sociales que somos parte de Ecuador Decide y otras organizaciones que firmamos esta alerta pública, preocupadas por las acciones que las instituciones gubernamentales implementarán tras la decision de la Haya en el segundo Laudo Arbitral de Chevron contra Ecuador caso conocido como Chevron III, manifestamos que:

· Respaldamos la lucha histórica de la UDAPT la organizacion de las comunidades del norte de la Amazonía afectadas por la contaminación petrolera dejada por Chevron Texaco, que nos muestra los impactos del sistema económico depredador que debemos superar con iniciativas de relacionamiento, producción y consumo soberanas, conscientes, comunitarias y ecosistémicas. Mirar los impactos de las actividades extractivistas nos recuerda también la importancia de auditar los impactos de la explotación petrolera y la urgencia de articularnos para impedir que esta lógica se expanda hacia la Amazonía Centro Sur con la nueva ronda de licitaciones Sur-Oriente; así como detener las concesiones mineras que afectarían al 15% del territorio ecuatoriano.

· Saludamos el comunicado de la Defensoría del Pueblo del Ecuador y llamamos a las Defensorías del Pueblo de América Latina a respaldar a los pueblos originarios y comunidades campesinas y urbanas en sus acciones en busca de protección ante los embates extractivistas y la demanda de reparación frente a abusos ya sufridos.

· Pedimos a la ONU y en especial al grupo de trabajo que prepara el Convenio contra la Impunidad Corporativa, vigilen que los convenios internacionales de Derechos Humanos se cumplan y sean vinculantes para que prevalezcan frente a tratados comerciales.

· Llamamos a la población y organizaciones sociales del Ecuador y el mundo a no comprar productos y servicios de Chevron en rechazo a su pretensión de impunidad frente a los daños dejados en la Amazonía ecuatoriana. Nos corresponde ejercer los espacios ciudadanos de participación para impedir que los intereses transnacionales se impongan sobre los derechos humanos y de la naturaleza.

· Demandamos a los jueces ecuatorianos cumplir su rol de garantes de justicia de forma soberana sin presiones políticas. Las acciones de la empresa Chevron contra el Estado ecuatoriano no deben relacionarse con las demandas de reparación y justicia que exigen las comunidades afectadas.

· Exigimos a los y las asambleístas a desistir de los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea y con la EFTA ahora que aun todos los otros estados contrapartes no los han ratificado; y a impedir que se negocien otros TBIs y TLCs.

· Exigimos al Gobierno Nacional no permitir injerencia ni presión alguna del lobby transnacional, lo que incluye depurar funcionarios(as) de las instancias cuya función es defender al Ecuador y que tienen vinculación con la empresa. Todos los esfuerzos gubernamentales deben centrarse en impedir esta injusticia a las comunidades afectadas por la voracidad extractivista. Este laudo arbitral no procede porque el contrato con la empresa terminó en 1992 cuando no se habia firmado el TBI.

· Recordamos a los decisores gubernamentales que el Art. 422 de la Constitución señala que no se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.

Los Pueblos y la biodiversidad amazónica no pueden seguir siendo sacrificadas por poderes políticos y económicos que se afirman y consolidan mediante los TBI y los TLC porque estos instrumentos promueven el monopolio de las áreas esenciales para la reproducción material y simbólica de la vida y legitiman los abusos de las transnacionales. Los TBI y los TLC son nefastos para las iniciativas económicas y sociales de nuestros países. Es momento de escuchar las alertas sobre los impactos del TLC con la Unión Europea, y del recién negociado TLC con la EFTA. Urge detener las negociaciones de un TLC con Estados Unidos, un país que ha demostrado históricamente su interés en explotar territorios y pueblos a la par que defender los intereses de sus corporaciones, como Chevron-Texaco.

La vida, la salud, la paz, el bienestar de los pueblos son innegociables.

Texaco contra la vida

Desde 1964 y hasta 1992, el Estado ecuatoriano entregó, sin el consentimiento de sus habitantes, 500 mil hectáreas de selva, patrimonio biogenético y hogar de pueblos ancestrales, a la Corporación estadounidense Texaco.

Durante 26 años en Ecuador, la Texaco extrajo 1,5 mil millones de barriles de crudo, perforó 356 pozos, vertió en ríos y suelos toneladas de material y desechos tóxicos, arrojó más de 16 mil millones de galones de agua con desechos tóxicos cancerígenos.

Las actividades de la Texaco causaron graves daños en la población y en la naturaleza:

· Miles de casos de cáncer y otros problemas de salud degenerativos y discapacitantes.

· Contaminación de suelos y agua, lo que impide a las personas campesino-colonas y a comunidades Siona, Siekopai, Kofán, Shuar, Waorani y Kichwa, producir sus alimentos y les obliga a comprar a altos precios el agua que antes obtenían de los ríos y vertientes.

· Debido a las concesiones en su territorio y a la creciente contaminación, una parte de la población de los pueblos originarios fueron desplazados de sus hogares

· El contacto forzoso especialmente por la construcción de carreteras para ampliar la frontera petrolera causó la extinción de los pueblos indígenas Tetete y Sansahuari.

· Se ejerció violencia contra mujeres y personas obreras de la empresa

Por esto, en 1993, 30.000 personas afectadas en el norte de la Amazonía ecuatoriana concretaron una demanda en los juzgados de Estados Unidos contra la transnacional. Este caso en las cortes se conoce como Aguinda vs. Texaco y se presentó a la par que la demanda de comunidades afectadas en Perú a la misma empresa, caso conocido como Jota vs. Texaco.

Luego de diez años de procesos, la Corte estadounidense estipuló que la empresa se someta a las cortes ecuatoriana y peruana respectivamente. Entonces, las comunidades ecuatorianas agrupadas en la UDAPT Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco, por trece años más lucharon por justicia en el caso llamado “Juicio del Siglo”.

En respuesta al juicio de las presonas afectadas la Texaco empresa que desde el 2001 es filial de la corporación Rockefeller Chevron, arremetió con varias acciones: 1. demandó al Estado equatoriano en Nueva York en 2004 ganando el Estado ecuatorian este caso conocido como Chevron I 2. En diciembre del 2006 caso Chevron II, y en septiembre del 2009 caso Chevron III, la empresa llevó al Estado ecuatoriano a un tribunal de arbitraje en La Haya en base al Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TBI), firmado entre Estados Unidos y Ecuador en 1993 durante el gobierno neoliberal de Duran Ballen y vigente desde 1997-5 años después de que la petrolera terminara su contrato con el Estado ecuatoriano-; 3. Apeló la sentencia del 14 de febrero del 2011 dada por el Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos que le ordena pagar 9.500 millones por reparación de daños ambientales. Esta sentencia se ratificó en última instancia en la Corte Constitucional del Ecuador el pasado 10 de julio. 4. Inició un juicio en EE.UU contra las personas afectadas acusándolas de extorsión y de usar medios corruptos, y, 5. Planteó más de 20 demandas en EE.UU contra las personas afectadas, buscando indicios para atacar a quienes estimaron los daños.

Los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y su función de protección de las corporaciones

Ecuador Decide, como plataforma de organizaciones sociales contra los Acuerdos Comerciales basados en el Libre Mercado, hemos alertado que los TBI son instrumentos de las transnacionales para acrecentar su monopolio, asegurar su impunidad frente a daños cometidos por su violencia y voracidad extractivista, y para que los gobiernos pongan a la estructura estatal a cargo de cuidar los intereses corporativos a cambio de favores económicos y políticos.

Los TBI fueron denunciados por la Asamblea ecuatoriana el 3 de mayo del 2017 en base a las recomendaciones de la Comisión de Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional (CAITISA), pero sus efectos nefastos para el Ecuador siguen en varias demandas empresariales contra el Estado ecuatoriano debido a una clausula de vigencia de 10 años luego de la denuncia. Están vigentes 26 demandas: el 50% en el área petrolera, 19% en el área de electricidad y 12% en minería. El Estado ecuatoriano es demandado por 11.188´966.571 dólares. Hasta abril de 2017 el goibierno cuatoriano ha pagado a Oxy, a Chevron y a otras corporaciones 1.342´115.969 dólares y ha gastado 155´929.417 dólares en abogados internacionales.

El 10 de julio del 2018, la Corte Constitucional del Ecuador ratificó el fallo a favor de los afectados de Chevron-Texaco en el Juicio del Siglo, pese a las presiones del vicepresidente Estadounidense quien, en visita histórica al Ecuador, ofreció un Tratado de Libre Comercio (TLC) si el Ecuador eliminaba temas que calificó de “irritantes”, como el juicio de las personas afectadas por Chevron-Texaco, las cláusulas que impiden el cultivo de transgénicos OGM y la negativa de reiniciar acciones militares de su país en Ecuador entre otras estipuladas en la Constitución y exigidas por la población ecuatoriana.

Las presiones políticas de Texaco hacia los gobiernos de turno del Ecuador no son nuevas. En el año 1995, el gobierno de Duran Ballen-Dahik firmó el contrato para la remediación ambiental, en el cual el Estado libera a Texaco de responsabilidad y se compromete a no demandarla. En 1998, luego que Texaco, supuestamente había remediado el área que le correspondía, el Gobierno de Mahuad, firma el acta de finiquito en la cual ratifica la liberación de responsabilidades de Texaco. Todo esto sin consultar a las personas afectadas. En el año 2008, Chevron-Texaco consiguió que EE.UU amenazara con no renovar las preferencias arancelarias al Estado ecuatoriano si este no obtenía que las comunidades desistieran de su denuncia. En 2016, para poder colocar bonos soberanos en el mercado financiero internacional, el gobierno ecuatoriano presionó a los afectados para que levantaran el embargo sobre los recursos que legalmente les correspondía. En julio del 2016, en el laudo arbitral conocido Chevron II, el Estado ecuatoriano pagó a la Chevron-Texaco 112 millones de dólares de indemnización por supuesta denegación de acceso a la justicia, pese a que en el discurso el gobierno de Correa llamaba a no transar con “la mano sucia” de Chevron.

Dos meses después de que la Corte Constitucional del Ecuador ratificara el fallo a favor de los afectados de la Chevron-Texaco, el 7 de septiembre del 2018, el Tribunal de la Haya, en el laudo arbitral Chevron III sentencia al Estado ecuatoriano a hacerse cargo de remediar los daños provocados por la empresa y reparar a la población.

Adhieren:

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo” (CSMM)

ALAMES Ec Asociación Latinoamericana de Medicina Social núcleo Ecuador

Acción Ecológica

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo

Asociación Ecuatoriana de Libre Pensamiento

Natalia Sierra

Cdes

Yasunidos Cuenca

Chile mejor si TLC

Red AGROECOLÓGICA del Cañar

Colectivo de Género Acción y Política

Comité Derechos Humanos de Shushufindi

Surkuna

Ecuador Today

Agencia de Noticias Ecologistas Tegantai

Si desea adherir a esta carta, escribir a presidencia@accionecologica.org

Confirmado.net / Ecuador Decide

Etiquetas : CHEVRON IIIECUADOR DECIDETBIUDAPT