El fiscal general encargado, Paúl Pérez Reina, dijo que los asambleístas que cobraban a sus asesores serían investigados por presunto cohecho y concusión. Anunció que una vez que se realicen las investigaciones se tomará la decisión para determinar si existió o no un delito de acción pública.
“Nuestra obligación como Fiscalía General es investigar estos posibles hechos delictivos, lo cual implica un tiempo para poder establecer e identificar a los responsables a través de todas las diligencias investigativas que se necesitan”, señaló Pérez.
Según el Fiscal, se establecerá si, en estos casos, podrían existir delitos como el cohecho o concusión. “Vamos a analizar todos los hechos de convicción que se recaben y cuando ya los tengamos, se tomará la decisión para determinar la existencia o no de un delito de acción pública”.
Confirmado.net / Sonorama