Lee Hung-chi, de 39 años, fue condenado en primer lugar a cadena perpetua por asesinato. Pero después el Tribunal Supremo de Taiwán cambió la sentencia por la pena de muerte. A finales del mes de agosto de 2018, fue ejecutado de un único disparo dirigido al corazón. La presidenta del país, Tsai Ing-wen, tenía intención de abolir la pena de muerte durante su mandato. Ahora, por primera vez desde su llegada al poder, en mayo de 2016, se ejecuta una sentencia de pena de muerte.

El Gobierno de Arabia Saudí acusa a la activista de derechos humanos chiita Israa al-Ghomgham, de 29 años, de promover y participar en protestas. Lleva en prisión desde diciembre de 2015. La Fiscalía ha pedido para ella y para cuatro activistas más la pena de muerte, que en aquel país suele llevarse a cabo mediante decapitación.

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