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Por Pablo Dávalos

Los conceptos de “fomento productivo”, “generación de empleo”, y “atracción de inversiones” que constan en el título de la ley económica urgente enviado por el gobierno ecuatoriano y aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador a inicios de agosto del año 2018i, más allá de su aparente significación inmediata, en realidad, son la expresión del giro radical del gobierno de Lenin Moreno, con respecto al anterior ciclo político del Ecuador, y se inscriben en el reposicionamiento del discurso neoliberal y las políticas de ajuste.

El gobierno de Lenin Moreno se había caracterizado por cortar amarras con respecto al anterior régimen de la Revolución Ciudadana y, aunque pertenecía al mismo partido político y a su misma línea ideológica, su primer año de gobierno se caracterizó por provocar la implosión de su propio partido.

Ahora bien, la transición, hasta antes de la aprobación de esta ley, se había dado desde la política y la reconfiguración del sistema político pero dentro de las mismas coordenadas ideológicas del partido gobernante. No obstante, la Ley económica urgente de agosto del año 2018, es un giro de tuerca radical, porque no solo implica el retorno al neoliberalismo sino la configuración de los empresarios como los sujetos políticos de la transición.

En el periodo neoliberal de 1982-2004, fueron básicamente los tecnócratas quienes asumieron la responsabilidad de las políticas de ajuste macrofiscal y reforma estructural del Estado, con la necesaria complicidad del sistema político y los nuevos grupos de poder que se formaron en esa coyuntura. En este nuevo momento, los tecnócratas neoliberales hacen más bien de corifeo y comparsa a los empresarios, quienes se constituyen de hecho en los ejes políticos de la transición neoliberal.

En efecto, son ellos quienes posicionan el discurso de la inversión, la reactivación y el empleo como inherentes en sí mismos a la empresa privada, y son ellos quienes han asumido directamente la tarea de las reformas neoliberales. En ese sentido, la Ley económica urgente representa una nueva hoja de ruta para el gobierno pero en clave empresarial.

Los empresarios, hasta antes de esta ley, no habían tenido la capacidad de convertirse en sujetos políticos por derecho propio. Su espacio político se había restringido en el ciclo anterior al gobierno de Lenin Moreno, por ello resentían del Estado y de la dominación política creada durante la primera etapa de la Revolución Ciudadana.

Si bien tenían una importante capacidad de incidencia social a través de su manejo de los principales medios de comunicación y ciertos partidos políticos, necesitaban de una estrategia que les permita aprovechar de la coyuntura abierta por la transición y proyectarse como los referentes del momento.

De todos los discursos que los empresarios y la derecha política ensayaron para capturar el momento, aquel que les permite constituirse como sujetos políticos e inscribirse directamente en el centro de la transición política y económica en el Ecuador, es la “reducción del tamaño del Estado”.

Este discurso es aquello que el filósofo francés Lacan establecía como un “significante vacío”; es decir, su significación no estaba dada por lo que quería representar sino por el contexto, sus circunstancias y por quien lo pronunciaba. Para las cámaras empresariales, enemigas de todo aquello que implique regulación, control y política de redistribución del ingreso, el anterior ciclo político se había caracterizado por un excesivo crecimiento del Estado, al que medían a través de la comparación entre el presupuesto fiscal y el PIB.

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