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Editorial – La Jornada

El martes el mundo volvió a estremecerse con las historias de abusos sexuales cometidos por curas católicos contra niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con el informe dado a conocer por un gran jurado en Pensilvania, durante los pasados 70 años al menos 300 sacerdotes cometieron todo tipo de ataques contra más de mil menores, aunque los investigadores estiman que la cifra real es varias veces mayor, debido a todas las víctimas que no se atrevieron a denunciar o cuyos archivos se perdieron. La gran mayoría de estos casos no tendrá consecuencias legales por la antigüedad de los crímenes o la muerte de los perpetradores.

Estas revelaciones se suman al interminable escándalo que desde hace décadas tiene en jaque a la Iglesia católica por la evidencia de que virtualmente no existe una diócesis, a escala mundial, en la cual sus ministros de culto no hayan cometido actos atroces contra los integrantes más vulnerables de la sociedad, puestos bajo su cuidado por la confianza que los padres de familia y las comunidades depositan en sus líderes espirituales. Sólo en Estados Unidos, la organización no gubernamental Bishop Accountability tiene registros de que hasta 10 mil sacerdotes católicos han sido denunciados por acoso sexual; mientras que en México se conocen casos tan abominables como el del difunto Marcial Maciel, fallecido en completa impunidad gracias a la protección no sólo del Episcopado Mexicano y del Vaticano, sino de poderosos personajes de las cúpulas política y empresarial.

Una escalofriante característica común a todos los asaltos sexuales documentados en Pensilvania es justamente el encubrimiento sistemático: siempre que tales episodios fueron conocidos por jerarcas eclesiásticos, éstos optaron por encubrir a los atacantes, proteger a la institución católica e ignorar el sufrimiento de las víctimas.

Si bien el pontificado del papa Francisco significó un viraje en la política de cerrada negación sostenida por sus antecesores –de manera especialmente execrable por Juan Pablo II–, la Iglesia se encuentra muy lejos de entender la magnitud del daño causado, y más aún de dar a sus fieles cualquier indicio de verdadera contrición y voluntad de enmienda. Para no ir más lejos, un día después de que estallara el más reciente escándalo, el cardenal Sergio Obeso Rivera, arzobispo emérito de Xalapa, desacreditó a quienes denuncian los abusos sexuales cometidos por sacerdotes.

Sin importar las acciones que tome o deje de tomar la Iglesia para poner fin a esta realidad ominosa, los estados están obligados a investigar y llevar ante la justicia a cualquier persona que violente la integridad física y emocional de los menores. En este sentido, es necesario retomar las propuestas del gran jurado estadunidense que sacó a la luz lo ocurrido en Pensilvania para impedir que estos crímenes queden impunes: alargar el plazo de prescripción de los delitos de abuso sexual contra menores, dar más tiempo a las víctimas para presentar demandas civiles y endurecer la legislación que obliga a reportar los abusos.

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Anexo:

Chile abre dos nuevas investigaciones sobre abusos sexuales de sacerdotes

Clarín, Argentina

Se trata del obispo de Chillán, Carlos Pellegrín, y el sacerdote ya con condena canónica, Cristián Precht

Dos nuevos casos emblemáticos se suman a la larga lista de sacerdotes investigados por presuntos abusos sexuales o su encubrimiento en Chile: el obispo de Chillán, Carlos Pellegrín, y el sacerdote ya con condena canónica Cristián Precht, en una segunda investigación.

La fiscalía de la región chilena del Bio Bio (unos 500 kilómetros al sur de Santiago) confirmó que se interpuso a principios de agosto una denuncia formal contra el obispo de Chillán, por un delito no especificado.

“El 3 de agosto la fiscal Marcia Venegas, especialista en delitos sexuales de la Fiscalía Local de Chillán, despacha una orden de investigar”, confirmó la fiscal regional del ministerio Público del Bio Bio, Marcela Cartagena. La denuncia se habría recibido el 2 de agosto, pero la fiscal no ofreció más detalles sobre la misma.

Tan solo dos días antes el mismo Pellegrín había anunciado la investigación de dos casos más de sacerdotes vinculados a delitos sexuales en su diócesis.

El obispo de Chillán afirmó ante los medios que “es la primera noticia que tengo. No tenía ningún oficio ni ninguna información de la Fiscalía. Obviamente que me impacta la noticia”. También afirmó que tiene “la disposición para colaborar al máximo con todo lo que requiere el Ministerio Público”.

“Tendré que esperar hasta el momento que la fiscalía me informe sobre cuál es la acusación concreta para poder también presentar” mi defensa, afirmó, asegurando que su “conciencia está limpia”.

Por otro lado el arzobispado de Santiago anunció que ya se habían remitido al Vaticano, a la Congregación para la Doctrina de la Fe “los resultados de la investigación previa realizada contra el presbítero Cristián Precht Bañados por antecedentes de eventuales abusos contra menores, aparecidos en el contexto del denominado caso Maristas, causa ya iniciada en el Ministerio Público”. Como medidas cautelares se le impidió realizar actos sacerdotales y se le ordenó residir en Santiago.

La investigación se referiría a hechos ocurridos en el pasado.

Es la segunda vez que se investiga a Precht por estos delitos. El antiguo Vicario de la Solidaridad cumplió en 2012 un castigo canónico de suspensión de cinco años por abusos.

El Arzobispado de Santiago también anunció en el mismo comunicado el inicio de una investigación al sacerdote David Vera Andrade, por presunto abuso sexual a un menor en 2012.

El papa Francisco recibió el viernes al obispo chileno Juan Ignacio González para discutir sobre la prevención de abusos sexuales en Chile, según un comunicado de la Santa Sede, tras los escándalos de pedofilia que golpearon a la iglesia chilena.

En la reunión, que se celebró en la residencia Santa Marta del Vaticano, también participó la presidenta del Consejo Nacional chileno de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas, Ana María Celis Brunet.

El encuentro sirvió para intercambiar información sobre los avances que se están dando en Chile para afrontar los casos de abusos sexuales, tratando con especial interés “el sufrimiento de las víctimas y su necesidad de hallar consuelo y reparación”.

“El papa Francisco, que sigue con interés cada avance por parte de la Conferencia Episcopal Chilena, ha expresado su deseo de que se sigan aclarando todos los interrogantes para que se pueda dar una respuesta justa a cada uno”, añade el comunicado.

Desde que estallaron en el 2001 los casos de abusos sexuales en la Iglesia católica, primero en Irlanda y luego en Estados Unidos, las denuncias contra sacerdotes y religiosos se han multiplicado por todo el mundo, desde el corazón de Europa hasta América Latina.

La iglesia chilena se ha visto golpeada por escándalos de abusos a menores cometidos por decenas de sacerdotes, que llevaron este año al papa Francisco a criticar duramente el trato de la jerarquía eclesiástica chilena a las denuncias de pederastia.

El papa aceptó la renuncia de cinco obispos chilenos, acusados, cuatro de ellos, de encubrir o ignorar los abusos sexuales de menores. Fuente: AP y AFP

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