Al comenzar el siglo XX, Ecuador era un país regionalizado, con poderes locales y particulares, contra los que poco o nada podía hacer el Estado, pues sus capacidades económicas e institucionales eran raquíticas. En tales condiciones apenas podía imponerse la autoridad, la ley, el orden y el interés públicos, como podía esperarse de un Estado moderno.

En esa sociedad oligárquica, la “libertad económica” fue entendida como respeto y predominio absoluto a las actividades privadas, sin intervencionismo estatal. En consecuencia, las reducidas elites de la Sierra y de la Costa (hacendados, agroexportadores, comerciantes, banqueros y uno que otro industrial), que controlaban la riqueza, obraban como si el país les perteneciera.

Las cámaras de comercio, agricultura e industria, creadas en Guayaquil (1889) y Quito (1906), fueron reconocidas por la ley como consultoras obligadas de los gobiernos y sus criterios económicos debían observarse. Los bancos privados controlaban el sistema monetario-financiero y cuatro de ellos (B. Del Ecuador, B. Comercial y Agrícola, B. Del Pichincha y B. Del Azuay) tenían el monopolio de la emisión. Los esfuerzos de Eloy Alfaro por industrializar al país fracasaron. Las finanzas del Estado, siempre pobres, dependían de los créditos bancarios, el cobro de impuestos indirectos especialmente al comercio externo, y la venta de algunos productos (estancos) o servicios. Durante el “período plutocrático” (1912-1925) los banqueros y sus aliados económicos eran, literalmente, “dueños” del país.

Con los gobiernos de la Revolución Juliana (1925-1931) se inició un largo proceso de superación del régimen oligárquico. Se intervino y fiscalizó a los bancos y empezó el desarrollo de capacidades económicas del Estado, con la creación del Banco Central, la Contraloría, la Superintendencia de Bancos (1927), logrados con el concurso de la Misión norteamericana Kemmerer, pues antes todo intento similar fue combatido. También se logró el impuesto a la renta (1928) y, además, sobre utilidades y herencias, que son resistidos y evadidos por las capas ricas hasta nuestros días. Y, finalmente, se alcanzaron amplias leyes protectoras del trabajo: contrato individual y colectivo, jornada máxima, salario mínimo, sindicalización, huelga, indemnizaciones, consagrados en la Constitución de 1929; pero, además, se crearon la Caja de Pensiones (antecesora del IESS), las Direcciones de Salud y el Ministerio de Previsión Social.

El lento y largo proceso antioligárquico en Ecuador no se consolidó con los julianos, pues prácticamente fue interrumpido entre 1931-1948, con la crisis generalizada de la economía y del régimen político (hubo 20 gobiernos). Fue una dictadura militar, la del general Alberto Enríquez Gallo, la que expidió el Código del Trabajo (1938).

Galo Plaza (1948-1952) se interesó por el fortalecimiento estatal a las actividades privadas; pero sólo con la década de 1960 se levantó el “desarrollismo”, que fortaleció capacidades estatales, al mismo tiempo que bajo su amparo creció la empresa privada. El desarrollismo vino de la mano de una dictadura (Junta Militar, 1963-1966) que impuso la reforma agraria (1964) que liquidó el viejo sistema de las haciendas, antes imposible. En la década de 1970, dos dictaduras militares fortalecieron el desarrollismo y gracias a la riqueza petrolera, controlada por el Estado, el país se modernizó como nunca antes, a tal punto que en los estudios sociales de la época se sostenía que podía hablarse de un Ecuador antes del petróleo y de otro, después.

Durante la trayectoria resumida, ha sido una constante histórica la reacción de la burguesía ecuatoriana al “estatismo”, que ha servido como idea central para su rechazo a los impuestos, al fortalecimiento de las capacidades regulatorias del Estado, a la institucionalidad pública y los servicios estatales. También ha servido contra los gobiernos inclinados a favorecer a los trabajadores, y más aún contra todo aquel que intente redistribuir la riqueza, procurar equidad y crear condiciones sociales de bienestar, afectando a los intereses privados para imponer los intereses nacionales.

La atrasada y conservadora elite empresarial del Ecuador ha tildado como “estatistas” y hasta “comunistas” a los gobiernos de Jaime Roldós (1979-1981), Osvaldo Hurtado (1981-1984) y Rodrigo Borja (1988-1992). El de Rafael Correa (2007-2017), según esa misma elite, se lleva el premio mayor del estatismo, el autoritarismo, la corrupción y el populismo izquierdista, y su memoria histórica debiera desaparecer.

En cambio, esa clase dominante ubica en la línea correcta del impulso económico a los gobiernos sucesores del empresario León Febres Cordero (1984-1988) que continuaron su política para afirmar el modelo empresarial, consolidado hasta inicios del nuevo milenio, en un ambiente mundial favorecido por la globalización capitalista, el derrumbe del socialismo y la difusión de la ideología neoliberal.

Si se observa con cuidado el proceso económico ecuatoriano del siglo XX, cabe entender que hay una constante histórica en las elites del poder: entienden por libertad económica el dominio directo de su modelo empresarial, prefieren un Estado que poco o nada intervenga en regular los negocios o el trabajo, consideran suyas y naturales las actividades privadas sobre las cuales el Estado nada debe regular, creen que la acumulación de su riqueza proviene de su propio trabajo emprendedor. Por ello, no están dispuestas a pagar impuestos, redistribuir la riqueza, mejorar salarios y crear condiciones favorables de vida social. El neoliberalismo ha servido para enriquecer sus elementales conceptos económicos.

Ese manejo de valores y conceptos representa la visión oligárquica tradicional y no la visión modernizadora de burguesías emprendedoras y constructoras de un país.

Las sobreemisiones bancarias de la época plutocrática, la persistente evasión y elusión tributarias, la condonación de deudas al Estado, la remisión de intereses y multas, el perdón al pago de impuestos, tanto como la sucretización de las deudas privadas (1983 y 1987), el feriado y los salvatajes bancarios (1999-2000), la dolarización (2000) o la Ley “Trole 3” (2018), además de una amplia gama de corruptelas privadas, se ubican en la misma línea de comportamiento oligárquico: el país parece tener dueños a quienes no importa más que el interés privado. Desde luego, hay gobiernos que se subordinan a ese poder.


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