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María Mercedes Vivas | Susheela Singh*

Las leyes restrictivas de aborto pueden dañar a las mujeres, las complicaciones de intervenciones inseguras son una de las principales causas de mortalidad materna

Aprovechando que el Senado de Argentina se prepara para votar la legislación que despenalizaría el aborto, es necesario discutir abiertamente el impacto negativo que tienen las restricciones a este servicio sobre la vida y la salud de las mujeres de América Latina y el Caribe. Sabemos que prohibir el aborto no lo elimina, en cambio, las leyes restrictivas aumentan la posibilidad de que el procedimiento sea inseguro. Es decir, las leyes restrictivas no están al servicio de la salud pública sino todo lo contrario.

Según un informe reciente del Guttmacher Institute, Aborto a nivel mundial 2017: Progreso irregular y acceso desigual, América Latina y el Caribe es la región con las tasas de aborto y embarazo no planeado más altas en el mundo, a pesar de que el 97% de las mujeres vive en países con leyes de aborto restrictivas destinadas a evitar y castigar estos procedimientos. Ante un deseocada vez más común entre las mujeres y las parejas de tener familias más pequeñas y dadas las altas tasas de embarazos no deseados, el aborto es una realidad cotidiana: alrededor de 6,5 millones de abortos ocurren cada año en la región; y el procedimiento es más común entre mujeres casadas que entre mujeres solteras.

El aborto es un procedimiento seguro cuando se realiza en apego a las pautas médicamente recomendadas. Pero cuando los procedimientos legales y seguros no son accesibles, es más probable que las mujeres recurran a procedimientos clandestinos que pueden ser inseguros. Una investigación de la Organización Mundial de la Salud y el Guttmacher Institute muestra que, a nivel mundial, la gran mayoría de los abortos son seguros en países donde el procedimiento es ampliamente legal y la mayor parte son inseguros en países en los que está muy restringido.

En América Latina y el Caribe, seis países no permiten el aborto por ningún motivo y 21 permiten el aborto solo para salvar la vida de la mujer o para proteger su salud física o mental. Por lo tanto, no es sorprendente que solo uno de cada cuatro abortos en la región sea seguro y que cada año alrededor de 760.000 mujeres reciban tratamiento por complicaciones de aborto inseguro, como hemorragia e infecciones. Además, un número considerable de mujeres con complicaciones no recibe tratamiento debido al estigma, el temor o la falta de acceso a proveedores de servicios de salud capacitados y de instituciones de salud adecuadamente equipadas. En Argentina, las complicaciones del aborto inseguro son una de las principales causas de mortalidad materna.

Las leyes restrictivas de aborto también pueden destruir la vida y la salud de las mujeres de otras maneras. En El Salvador, donde el aborto está tipificado como delito en todas las circunstancias, algunas mujeres que abortan espontáneamente han sido acusadas de aborto inducido; y, por ello, han sido enjuiciadas y encarceladas. En este país hay historial de encarcelamiento de mujeres como es el caso de “Las 17”, que según el Centro de Derechos Reproductivos fueron condenadas a prisión hasta por 40 años después de experimentar complicaciones relacionadas con el embarazo.

Y en los países donde el aborto es legal bajo circunstancias muy restringidas, puede ser difícil obtener el procedimiento aún para las mujeres que cumplen con los criterios legales. En Paraguay, donde el aborto es legal solo para salvar la vida de la mujer embarazada, el caso ampliamente difundido de la niña conocida como “Mainumby” es un claro ejemplo de la dificultad para obtener el procedimiento: embarazada como resultado de una violación a los 10 años, la joven fue obligada a llevar su embarazo a término, a pesar de las recomendaciones en contra por parte de médicos y organizaciones internacionales de derechos humanos.

Ha habido algunos avances alentadores en América Latina y el Caribe: entre 2000 y 2017, cuatro países ampliaron las causales bajo las cuales el aborto es legal, mientras que solo uno —Nicaragua— cambió sus criterios para prohibirlo completamente. A su vez, las discusiones recientes sobre la despenalización del aborto en Argentina y Chile han promovido el debate público, incluyendo los argumentos relacionados con el impacto negativo que tienen las leyes restrictivas. En entornos legalmente restrictivos, los abortos clandestinos se están volviendo más seguros porque los métodos extremadamente inseguros se están reemplazando por medicamentos. Sin embargo, las mujeres de la región —y de todas partes— deberían poder acceder al aborto legal y seguro sin tener que enfrentar barreras ni arriesgarse a sufrir lesiones o la muerte. Es indiscutible que las políticas restrictivas continúan causando daño de múltiples maneras en la salud y la vida de las mujeres y las niñas. Esto tiene que cambiar.

Las mujeres y las parejas tienen derecho a elegir de manera segura si desean tener hijos y cuándo tenerlos y así lograr el tamaño deseado de familia. Además, para evitar los embarazos no planeados es necesaria la disponibilidad de servicios anticonceptivos integrales de alta calidad y a precios asequibles. Y cuando por cualquier razón las mujeres y las niñas experimenten un embarazo no deseado, es imperativo que puedan obtener servicios de aborto seguro. Para que esto sea posible, los países no deberían solo conformarse con ampliar las causales bajo las cuales el aborto es legal sino buscar su total despenalización y, a partir de esto, dar los pasos necesarios para establecer directrices, monitorear su implementación y así garantizar que los servicios de aborto seguro estén realmente disponibles y de fácil acceso. Esto incluye la implementación de sistemas de información que permitan la recolección de datos confiables y anonimizados que, a su vez, retroalimenten y fortalezcan con evidencia las mismas políticas públicas, siempre manteniendo la privacidad y confidencialidad de las mujeres.

Argentina tiene ahora la oportunidad de proteger el bienestar de las mujeres, las niñas y las familias al hacer que el aborto sea legal y liderar el camino para que el resto de América Latina y el Caribe haga lo mismo.

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*María Mercedes Vivas es directora ejecutiva adjunta de Fundación Oriéntame. Susheela Singh es vicepresidenta de investigación internacional en el Guttmacher Institute. Artículo publicado en sección Tribuna de El País, el 8 AGO 2018

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Etiquetas : ArgentinaOther NewsPor el aborto legal en América Latina y el Caribe