La última vez que vi a Julian Assange en persona, en la Embajada del Ecuador en Londres, estaba ya mal de salud, habiendo pasado varios años encerrado en un pequeño espacio sin aire fresco o luz natural. El lugar donde Julian ha pasado los últimos seis años de su vida es realmente un espacio muy chiquito, un piso con pocos cuatros, un baño para su uso y una media cocina. No hay patio ni balcón donde pueda salir a tomar sol o respirar aire fresco, y no ha podido abrir la ventana y sacar su cabeza por las amenazas y peligros que están afuera. En la cárcel, los privados de libertad tienen acceso al sol y el aire libre, aunque sea por una hora diaria. Pero Julian no lo ha tenido en más de seis años, y su cuerpo, y su salud mental están sufriendo. Y todo eso por cometer ‘el crimen’ del periodismo.

Desde su llegada a la Embajada del Ecuador en Londres, el Gobierno ecuatoriano ha estado intentando negociar su salvoconducto para viajar al territorio ecuatoriano y finalmente gozar de su estatus como asilado, y también como ciudadano ecuatoriano nacionalizado a finales del 2017. Y desde hace seis años, el Gobierno británico ha rechazado esa posibilidad y, a cambio, ha mantenido una postura totalmente contraria al derecho internacional. Varios organismos de las Naciones Unidas han emitido opiniones y sentencias a favor del salvoconducto de Julian y en contra de su ‘detención arbitraria’, y han demandado su traslado seguro a Ecuador, o a cualquier lugar donde desee ir y donde podría gozar de su libertad. No obstante, los británicos han ignorado los llamados de la ONU y los defensores de los derechos humanos internacionales.

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