La visita del presidente ecuatoriano Lenín Moreno a Londres, a propósito de Cumbre Global de Discapacidad, coorganizada por el gobierno británico a partir del 24 de julio 2018, ha generado sendos rumores sobre una posible terminación al asilo del periodista Julián Assange, refugiado desde hace 6 años en la embajada del Ecuador en Londres.

Los más fatalistas apuntan a que un supuesto “acuerdo al más alto nivel” terminaría con el asilo otorgado por el Ecuador, y forzaría la salida de Julián del único lugar que hasta ahora lo ha protegido, para entregarlo a la policía de Theresa May; en buen romance, Julián Assange podría quedarle extraditable y en bandeja de plata a los Estados Unidos de Donald Trump,

Personalmente no creo que ese sea el escenario más inmediato, esperando no equivocarme. Sin embargo, en vista de la virulencia política desatada en el Ecuador de hoy, un desenlace de esa naturaleza no debe descartarse, por lo que bien vale un par de reflexiones sobre lo que significaría una eventual capitulación del Ecuador:

El abandono de Julián a su suerte sentaría un triste precedente para el Sistema Internacional de Derechos Humanos, bajo la tutela de las Naciones Unidas, cuyo Consejo de Derechos Humanos, a través de su Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, en su resolución 54/2015 del 4 de diciembre del 2015, calificó la situación de Julián Assange nada menos que equivalente a una detención arbitraria, exigiendo a Suecia y al Reino Unido ponerle fin al prolongado encierro y otorgándole al asilado el derecho a recibir una compensación, de conformidad con lo que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La contundente resolución de la ONU, en esencia, demuestra que el Ecuador tomó la decisión correcta al proteger a Julián. Sería paradójico, por tanto, que el retiro de su asilo sucediese justo cuando nuestro país preside merecidamente la Asamblea General de Naciones Unidas.

Al entregar a Julián el Ecuador contravendría, además, lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su reciente y todavía más contundente opinión consultiva OC-25/18, elaborada a petición expresa del Ecuador. Para emitir su criterio, la Corte Interamericana recibió más de 50 opiniones especializadas, provenientes de gobiernos, organismos internacionales que incluyen a OEA y ACNUR, organizaciones de derechos humanos, centros académicos de derecho internacional y expertos en derechos humanos de diversas partes del mundo.

Como resultado, unánime y tajante, la Corte establece que el principio de no devolución, consustancial al principio de asilo: “es exigible para el Estado de acogida, bajo cuya jurisdicción está la persona que ha solicitado protección en una sede diplomática…”. La Corte considera, además, “que el Estado de acogida debe, por tanto, arbitrar todos los medios necesarios para proteger a la persona en caso de un riesgo real a la vida, integridad, libertad o seguridad si es entregada o removida al Estado territorial o si existe un riesgo de que ese Estado a su vez pueda expulsar, devolver o extraditar posteriormente a la persona a otro Estado donde exista ese riesgo real”.

Si la memoria no me falla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus resoluciones solían ser sacrosantas e inobjetables, cuando fallaban en contra del gobierno del presidente Correa. ¿Será entonces que en el caso de Julián Assange el Ecuador se iría en contra de la mismísima CIDH?

Al retirarle el asilo a Julián, el Ecuador quebraría su propia Constitución de la República, cuyo artículo 41 sentencia que en los casos de asilo “el Estado respetará y garantizará el principio de no devolución…” y en su artículo 79 prohíbe terminantemente la extradición de un ecuatoriano. Nuestra constitución del Buen Vivir, otrora no muy lejano motivo de orgullo, una vez más se vería violentada, la pobre, para responder a los vaivenes del poder de turno.

Bien podría alguien argumentar que, si los británicos se comprometerían a no extraditar a Julián en caso de peligro de pena de muerte, el Ecuador garantizaría así su vida. Esto significaría que el Ecuador no objetaría la posibilidad real de una cadena perpetua, o de largas décadas de confinamiento en una prisión estadounidense, para alguien cuyo único “delito” ha sido publicar abusos de poder y violaciones de lesa humanidad. Una salida poco menos que inaceptable y ajena al principio del asilo, que protege la integridad y los derechos humanos del asilado. Una salida, además, contraria a nuestra Constitución.

Las implicaciones geopolíticas de un escenario así serían aún peores. Si Julián Assange llega a ser extraditado a los EE.UU., habría triunfado la doctrina estadounidense de querer aplicar su ley a periodistas extranjeros que publican por fuera de los EE. UU., para ser puestos en cárceles de los EE.UU. y ser acusados incluso de “espionaje”. Es decir, una prepotente aplicación extraterritorial de la ley estadounidense en contra de quienes no tienen las protecciones que tienen sus ciudadanos. En otras palabras, quienes no son estadounidenses, no tienen derechos, y cualquier periodista, ya sea ecuatoriano, colombiano, o mexicano, podría terminar en sus prisiones por el solo hecho que su trabajo no es del gusto y color aprobados por Washington.

Si bien este desolador y posible escenario debe evitarse a toda costa, el contexto actual es también preocupante, por decir lo menos. La Embajada del Ecuador en Londres continúa siendo la delegación diplomática más asediada del mundo. Solo hasta octubre 2015, cuando cifras oficiales se hicieron públicas, el gobierno conservador británico habría gastado 17,5 millones de dólares en supervigilarla. Se calcula que, si el ritmo de gasto se ha mantenido tal cual, la cifra hoy superaría los 27 millones de dólares.

¿Todo esto para echarle el guante a alguien sobre quien no pesa ningún cargo? El rompimiento de una fianza, que es el motivo por el cual se quiere arrestar a Julián, en la Ley británica no constituye un crimen, sino apenas una ofensa menor. Si bien la ley, ciertamente, le da a la policía la facultad de arresto en estos casos, resulta injustificada y desproporcionada la invariable obsesión por apresar a Julián, más aún si se considera que, por ejemplo, solo hasta mayo 2016, cuando el periódico The Independent publicó cifras oficiales, más de 13.000 personas rompieron su fianza en el Reino Unido. Que yo sepa, no existe ninguna cacería humana por ninguno de ellos.

Más penoso aún resulta el hecho de que Julián lleva ya más de tres meses virtualmente incomunicado, aparentemente sin acceso a internet, sin acceso a teléfono, sin derecho a visitas por fuera de su equipo jurídico e inmediatos colaboradores; todo esto por disposición de las más altas esferas del gobierno que se supone lo protege. Es preciso salvar de cualquier responsabilidad tanto al embajador Carlos Abad, quien como ejemplar y profesional diplomático de carrera que es, tan solo ejecuta las instrucciones que su Cancillería dispone, como al personal de la Embajada que, casi sin excepción, ha mostrado a lo largo de los años un profesionalismo estoico, ante la singular situación histórica que les ha tocado afrontar.

El aislamiento y la incomunicación de Julián Assange son, desde todo punto de vista, y bajo cualquier estándar, atentatorios contra sus derechos humanos básicos, independientemente de las, por demás discutibles, razones que el gobierno pueda esgrimir para intentar justificar la persistencia de semejantes restricciones. Medidas que, por lo demás, son contraproducentes para el propio país, puesto que solo revictimizan al asilado, en desmedro de la imagen del Ecuador.

La Consejera General de Human Rights Watch, Dinah Pokempner, públicamente lo dice con propiedad: “Se puede estar de acuerdo o no con lo que dice Julián Assange, pero el hecho de que el Ecuador le niegue acceso a internet y a los visitantes es incompatible con su concesión de asilo. Su refugio en la embajada parece cada vez más un confinamiento en solitario”.

Asilo significa libertad protegida, nunca supresión de libertades. Ni siquiera a los presos se los confina a aislamiento con supresión de visitas. Julián Assange no está cumpliendo ninguna condena, porque no ha sido condenado a nada por ningún juez, menos aún tiene alguna cuenta pendiente con la justicia ecuatoriana.

Causa, por tanto, estupor el benevolente silencio de las organizaciones de derechos humanos ecuatorianas que privadamente saben que se trata de una situación inadmisible, pero que públicamente no lo expresan, puesto que, de hacerlo, solo podrían condenar el confinamiento de Julián. Valiente excepción es la del Comité Permanente de Derechos Humanos con sede en Guayaquil, que en dos ocasiones con coherencia y claridad conceptual han rechazado la situación de Julián.

Quizá estoy confundido, pero ¿no se suponía que las nuevas autoridades designadas por el cuasi divino Consejo de Participación Ciudadana Transitorio serían la prueba en la tierra de que sí es posible actuar con independencia del poder político? ¿Podría, por favor, algún medio de comunicación decente preguntarle a la nueva Defensoría del Pueblo si acaso es admisible y compatible con los derechos humanos, que un gobierno confine a un periodista a la incomunicación total por más de tres meses? Más aún, cuando la propia ONU ha calificado ese encierro como una detención arbitraria.

Julián Assange es, junto a Edward Snowden, el asilado político más importante del planeta en lo que va de este siglo. Contrario a lo que piensa buena parte de las élites del país, que no han logrado emanciparse de su histórico colonialismo mental y material, la valiente y soberana decisión del Ecuador de otorgarle asilo político a Julián, le ha significado al país enorme admiración y prestigio internacional.

Una decisión de principios que se tomó a sabiendas de que emprendería una empresa titánica para la diplomacia ecuatoriana, precisamente porque implicaba que una pequeña nación, amparada en el derecho internacional, fuera capaz de pararse de tú a tú frente a poderes imperiales, en un caso emblemático mundial de respeto a la libertad de expresión.

Cuando a comienzos de la estadía de Julián Assange en la embajada, y mientras la decisión de su asilo no había sido oficialmente anunciada, en una reunión de gremios empresariales, uno de sus dirigentes le sugirió públicamente al Presidente Correa no conceder ese asilo, porque éste podría afectar los intereses de potenciales socios comerciales, concretamente de la Unión Europea, el Presidente, muy a su estilo, lo interrumpió en seco con una sola y sencilla reflexión: los derechos humanos no se negocian. Dicho sea de paso, el asilo a Julián Assange nunca resultó obstáculo alguno para el Acuerdo Comercial con Europa.

¡Cuánto y de qué manera cambian los tiempos en mi país! Ni Julián Assange será el huésped perfecto, ni el presidente Correa habrá sido el presidente infalible; de hecho, no endoso cada acción ni cada omisión de ninguno de los dos. Sin embargo, es innegable que ambos son víctimas de un brutal y deshonesto ensañamiento mediático y judicial. Tal como se dice que se deben perseguir delitos y no personas, yo agrego que no se deberían defender personas como tales, sino causas.

Y son las causas y las luchas de Julián con Wikileaks, y las del Presidente Correa por una revolución social, las que merecen ser defendidas, más allá de la imperfecta humanidad de sus protagonistas.

Por una cuestión de principios, los progresistas del mundo ahora no deben dejarlos solos.

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