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INFORME PARA LA REGIÓN SOBRE LA SITUACIÓN JUDICIAL DE RAFAEL CORREA[1]

Desde la asunción del gobierno de Moreno se ha iniciado una feroz campaña para proscribir a Rafael Correa mediante diferentes mecanismos jurídicos e institucionales de persecución política y judicial.

Ahora, mediante la Fiscalía de Estado, cuyo fiscal ha sido designado irregularmente por el inconstitucional Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (órgano constituido para realizar la persecución política de funcionarios “correístas”).

El día 8 de junio, el Fiscal de Estado solicitó audiencia de vinculación de Rafael Correa en el “Caso Balda”, por el sólo hecho de haber ejercido la función de Presidente, por el delito de asociación ilícita (mismo tipo penal utilizado para encarcelar al vicepresidente Jorge Glas). Esta solicitud fue agregada al proceso judicial conocido como “Caso Balda”, el día 11 de junio, y consiste en una causa penal fabricada con la sola finalidad de pretender enjuiciar o vincular de algún modo al entonces Presidente de la República.

Esta causa penal que intenta sostenerse sin pruebas fue iniciada por el prófugo de la justicia Fernando Balda, quien ha sido procesado, entre otros delitos por estafa, delitos contra la seguridad del Estado, estafa y otras defraudaciones, alimentos, injuria calumniosa, sustracción, etc, de los cuales en algunos existe sentencia firma condenatoria.

Es importante informarles que el “Caso Balda” fue una causa del año 2012, juzgada en la República de Colombia, cuyos hechos detallamos a continuación:

 “Causa Balda”

El 13 de agosto de 2012, el Sr. Fernando Balda habría sido secuestrado en la ciudad de Bogotá por 5 individuos: cuatro hombres y una mujer, mientras se encontraba prófugo de la justicia ecuatoriana (debido a una sentencia condenatoria a dos años de prisión).

La acción de la policía colombiana permitió su rescate inmediato, y los autores fueron juzgados y sentenciados a 60 meses de prisión por el delito de secuestro simple.

El 20 de marzo de 2018, en la República del Ecuador, se llevó a cabo una audiencia de formulación de cargos por los delitos de asociación ilícita (Art. 369 y 370 del COIP); y, por el delito secuestro (Art. 161 del COIP), en contra de los ciudadanos Chicaiza Fuentes Luis Raúl, Espinoza Méndez Jorge Armando y Falcón Querido Diana Jessica.

El Juez de la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes de Quito, Roberto Cueva Astudillo, notificó con el inicio de la instrucción fiscal por noventa días y aceptó el pedido del fiscal de ordenar la prisión preventiva a los ciudadanos antes mencionados.

El 4 de mayo del 2018, la Fiscal de la causa presentó copia del Decreto (1183, de 31 de mayo de 2013) en que se nombra al señor Pablo Romero, Secretario Nacional de Inteligencia.

La Jueza Luz María Ortiz Cueva, el 8 de mayo de 2018, se inhibe de seguir conociendo la causa (Art. 404, numeral 9 COIP) y remite el expediente a la Sala de Sorteos de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. La Fiscal del caso, Jimena Mena, (13 de mayo) realizó la misma solicitud de que se inhiba de seguir conociendo la causa.

El 15 de mayo de 2018, se recibe la causa en la Corte Nacional de Justicia.

El 18 de mayo de 2018, en virtud del sorteo de Ley, recayó el conocimiento de la causa en la Dra. Daniella Camacho Herold, Jueza de la Sala Especializada en lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, de la Corte Nacional de Justicia.

Una vez realizado el sorteo ante la Corte Nacional de Justicia, el doctor Paul Pérez Reina, Fiscal General del Estado, el 22 de mayo de 2018, solicita a la jueza, por existir a su criterio, datos que le hacen presumir la participación de otras personas en los delitos que se investigan (Arts. 195 de la CR y 593 COIP). Señala día y hora a efecto de que se celebre la Audiencia de Vinculación con la instrucción fiscal a Pablo Humberto Romero Quezada y Fausto Tamayo Cevallos.

El 29 de mayo de 2018, Fernando Marcelo Balda Flores, presentó acusación particular en contra de procesados Luis Raúl Chicaiza Fuentes, Diana Jessica Falcón Querido y Jorge Armando Espinoza Méndez, y solicitó su reconocimiento de firma y rúbrica. El 31 de mayo se realizó la audiencia de Vinculación a los mencionados Pablo Romero y Fausto Tamayo.

El 11 de junio de 2018, se agrega al proceso, sin fundamento razonable, la solicitud del Fiscal General de la Nación del 8 de junio de 2018, en la cual solicita la vinculación a la Instrucción fiscal al ex presidente Rafael Correa Delgado, por el solo hecho de haber ejercido la función de Presidente de la República. Asimismo, ordenó, la jueza Daniela Camacho, la autorización de la Asamblea Nacional para el “enjuiciamiento penal” del ciudadano Rafael Correa Delgado, debido a que el art. 169 del Código de la Función Judicial exige para el caso de ex Presidente, la autorización de la Asamblea Nacional para juzgar los delitos cometidos durante el ejercicio de su función.

En la providencia del 11 de junio de 2018, en virtud de los dispuesto en la Constitución de la República y conforme al precedente constante en la causa No. 44-2000 (actualmente 17721-2009-0167B), en la que se solicitó autorización al Congreso para el enjuiciamiento penal del ex Presidente de la República Jamil Mahuad Witt, la jueza Daniela Camacho, solicita a la Presidenta de la Asamblea Nacional, para que “en un término no mayor a 72 horas, el órgano legislativo, proceda a emitir el correspondiente pronunciamiento, esto es la “autorización para el enjuiciamiento penal” de Rafael Correa.

La providencia judicial ordenó al órgano legislativo que se pronuncie en 72 horas sobre la autorización para el juzgamiento de Rafael Correa, no obstante la Presidenta de la Asamblea Nacional, Elisabeth Cabezas, mediante un comunicado informó que no era competencia de la Asamblea Nacional desaforar al ex Presidente y solicitó a la Justicia que proceda con el enjuiciamiento.

Es claro que no le compete realizar a la Asamblea Nacional una valoración de las consideraciones de la autoridad judicial y rechazarla sino que debe dar cumplimiento a lo dispuesto en la providencia de la jueza Daniela Camacho.

En Pleno de la Asamblea Nacional, se trató el tema mediante la votación de una Resolución en la que la Asamblea declaraba no ser competente para decidir sobre los fueros del ex presidente, siendo importante destacar que mediante un comunicado oficial del gobierno de Lenin Moreno, se presionó inescrupulosamente a su bancada para que votara por la improcedencia de la solicitud judicial, y de vía libre al juzgamiento de Rafael Correa. Lo que demuestra una vez más las intenciones del gobierno de Moreno detrás de esta persecución.

Si tanto el Fiscal General como la Jueza de la Corte Nacional, basados en lo que dispone el artículo 120 de la Constitución de la República, además de lo establecido en el artículo 169 del Código Orgánico de la Función Judicial, (que tiene igual sentido del anterior artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Judicial) solicitan autorización para el enjuiciamiento de Rafael Correa es un absurdo y despropósito, que convertiría a todo el proceso en nulo, alegar que no se requiere autorización debido a que ya no es Presidente en ejercicio.

La Asamblea Nacional tenía la obligación de atender, debatir y cumplir con lo ordenado por la Jueza de la Corte Nacional, de lo contrario se configura el delito de desacato. Lamentamos que haya sido la Asamblea Nacional la que haya optado por incumplir la ley. También lamentamos que el día de esa votación la policía del Ecuador haya reprimido a la gente que fue en apoyo de Rafael Correa, y las agresiones y represión sufrida por los Asambleítas de la Revolución Ciudadana, perpetrada por la policía nacional, mediante golpes, uso de gases lacrimógenos, y e consiguiente uso indebido de la fuerza.

Es importante destacar que la motivación del Fiscal para la vinculación de Rafael Correa por presunto delito de Asociación Ilícita hace referencia aparentemente, tan solo, a las declaraciones de los accionados, bajo la figura de cooperación eficaz; sin embargo no existen elementos de convicción suficientes para su acusación. Existe un deliberado afán persecutorio y de cumplir un objetivo político de encausar al Presidente Rafael Correa, antes que a la investigación de hechos que sucedieron hace más de 6 años.

La cooperación eficaz como institución jurídica de derecho penal permite que el Fiscal pueda nutrirse de elementos necesarios en el proceso investigativo, pero en ningún caso puede ser prueba suficiente para una acusación.

En el caso Balda, el Fiscal General del Estado tenía la obligación legal de investigar e incorporar elementos adicionales suficientes que sustenten su acusación, de modo, que no quede duda de sus aseveraciones procesales; sin embargo aquello no ha ocurrido  sino que  se ha dado completa veracidad a los accionados y ello ha servido como única prueba para una acusación sin fundamentos.

El día lunes 18 de junio de 2018, se realizó la Audiencia de Vinculación contra el compañero Rafael Correa, en la cual nuevamente se realizaron disturbios, represión y detenciones por la Policía Nacional. El mismo proceder tuvo la seguridad de la Corte Nacional de Justicia que impidió el ingreso a la sala de audiencias de muchas de las personas que asistimos a apoyar a nuestro compañero Rafael Correa.

La carátula de la causa intenta ahora vincular a Rafael Correa por presunta participación como autor mediato del delito de secuestro contra Fernando Balda basado en testimonios del Sr. Balda.

 La Jueza de la causa resolvió el día de ayer dictar una medida cautelar contra el ex Presidente Rafael Correa de presentarse cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia en Quito, a partir del día 2 de julio próximo.

Ustedes saben que el ex mandatario, por razones familiares, tiene domicilio en Bélgica, por lo que la medida resulta un absurdo jurídico y desproporcional, contrario a todo debido proceso.

Resulta un peligro para nosotros el hecho de exponer a Rafael Correa a visitas periódicas al Ecuador, donde no quedan vestigios de Estado de Derecho.

[1] Este informe se realizó con los aportes de los abogados que coordina Virgilio Hernández.

Confirmado.net / PODER CIUDADANO

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