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¿Modelo empresarial del siglo XXI? (O) Juan Paz y Miño

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El informe que el presidente Lenín Moreno presentó ante la Asamblea Nacional el pasado 24 de mayo (2018) al cumplir el primer año de su mandato y el pomposo proyecto de “Ley Orgánica de Fomento Productivo, Atracción de Inversión, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, no han hecho más que ratificar la nueva línea económica del gobierno, levantada sobre una idea recurrente: “Desde hace un año todos los días estamos descubriendo con asombro y desilusión, lastimosamente, que la mesa estaba vacía, se nos llevaron todo”, ha señalado el presidente en clara alusión al gobierno de Rafael Correa; y ha añadido: “Nos maquillaron los datos, las cifras, los montos, las encuestas, los análisis y hasta las proyecciones”. No sé si estas afirmaciones también incluyen al BM, FMI, PNUD y Cepal, que coinciden en resaltar datos y logros sociales y económicos de la pasada década.

En todo caso, sobre aquel fantasma edificado por intereses políticos y mediáticos, el presidente Moreno presupone que ahora es cuando “se ha devuelto el rumbo correcto a la economía”, y deja en claro que el Estado se subordina a los intereses privados: “Jamás duden de que somos sus aliados, son el motor de la economía, si a ustedes les va bien, a todos nos va bien”, aseguró el mandatario a quienes llamó “amigos empresarios, pequeños, medianos, grandes, populares y solidarios y hermanos artesanos”.

Pero no hay bases históricas para esas afirmaciones tan contundentes. Porque, aunque podría admitirse que los empresarios generan algunos trabajos, contribuyen de cierta manera a la modernización nacional y provocan parte del crecimiento económico, no es cierto que cuando a ellos les va bien automáticamente a “todos” nos va igual. Bastaría con estudiar el modelo empresarial del país en las décadas de 1980 y 1990, o el “período plutocrático” entre 1912-1925, para dar cuenta de cuán beneficiados resultaron los negocios privados en tanto fueron precarizadas las condiciones de vida y de trabajo de la población. Al iniciarse el siglo XXI, Ecuador ocupaba uno de los primeros lugares en inequidad en el mundo y uno de lo más bajos niveles en el índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas.

Bajo los supuestos gubernamentales, las medidas acumuladas durante el primer año de gestión han alterado las relaciones de poder en el país, inclinándolas a favor de una elite capitalista. En esas condiciones, el gobierno propone ahora exonerar del IR por 8 años a las empresas que inviertan en Quito y Guayaquil, y por 10 años a las que lo hagan en el resto del país; eliminar el impuesto mínimo del anticipo al IR desde 2019, e igualmente reducir, en forma gradual, el Impuesto a la Salida de Divisas. Las medidas son fruto de otra suposición, que carece de fundamentación histórica: sin impuestos los empresarios invierten. Adicionalmente, también se exoneraría del IR durante 3 años a las “microempresas” (¿por qué no 8 o 10?) que inviertan en Ecuador, así como se crearía un Fondo de Garantía para créditos al sector de la Economía Popular y Solidaria.

Pero es evidente que estas últimas son medidas secundarias frente a las centrales propuestas para una nueva política tributaria, que refleja la hegemonía que todavía mantiene una elite capitalista conservadora, tradicionalista y carente de sentido sobre sus responsabilidades estatales, sociales y laborales, que es la que ha librado la permanente campaña contra el Estado, los impuestos y a favor de la flexibilidad laboral.

Contrariando los supuestos, de acuerdo con datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre los 215 grupos económicos del Ecuador, hay más de U$ 2.100 millones en facturas falsas; U$ 30 mil millones en paraísos fiscales; U$ 2.260 millones en deudas por impuestos; con una presión fiscal de apenas el 2.29% (IR sobre total de ingresos) para el total de grupos económicos y menor al 1.5% para 78 de esos grupos. Los estudios sobre regímenes tributarios de la Cepal ubican a Ecuador por debajo de la media latinoamericana en materia de impuestos.

Ante estos panoramas cabe preguntar: ¿de dónde sale la idea de que en Ecuador los impuestos son “excesivos”? ¿Sobre qué estudios se propone reducir y suprimir impuestos? Además, sería grave para la sociedad que se avance en la “remisión” de deudas no solo ante el SRI sino también frente al IESS exclusivamente para los empresarios. ¿Qué privilegio tienen?

El Estado pretende renunciar a ingresos que sirven para financiar obras y servicios públicos (educación, salud, medicina, seguridad social, infraestructuras), quitando a una clase sus responsabilidades en materia tributaria. No se ha considerado que la reducción de capacidades estatales, el aflojamiento del sistema tributario directo para las elites y los millonarios, así como la flexibilidad laboral, conforme lo demuestra la experiencia contemporánea de América Latina, están en abierta contradicción con las perspectivas de transformar las sociedades de la región mediante la redistribución de la riqueza, con firmes regulaciones estatales sobre los intereses privados, fuertes instituciones y funciones públicas, así como amplias garantías a los derechos sociales y laborales.

Por la experiencia histórica demostrable en Ecuador, es necesario advertir que un modelo de economía empresarial del siglo XXI, si se consolida sin controles estatales, se aleja de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por las Naciones Unidas para el año 2030. Y convendría examinar a ese modelo desde la perspectiva jurídica y constitucional, pues los títulos VI y VII de la Constitución vigente (2008) claramente señalan la orientación que en forma obligatoria deben tener las políticas económicas del país en cuanto al Régimen del Desarrollo y al Régimen del Buen Vivir. (O)

Confirmado.net / www.rutakritica.org


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