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Encumbrados en un moralismo insospechado los actores políticos y mediáticos han construido el personaje perfecto para sus intereses particulares y corporativos. Funge de padre de la moral (sin más que su sacrosanta edad), abanderado de la transparencia (y no cuenta cuánto gasta en asesores y burocracia), supremo juez de la Patria (sin más que un mandato que no cuenta con la venia de la Corte Constitucional) y es refugio de esos llamados “poderes fácticos” que quieren gobernar sin legitimidad ni legalidad.

Leer cada una de sus intervenciones causa no solo sorpresa, sino cierta indignación porque es el relato de un autoritarismo sin nombre, a partir de un supuesto mandato de poderes absolutos que nadie le otorgó a un cuerpo “colegiado” donde por una sola vez hubo un voto en contra, precisamente en el tema del abuso de sus atribuciones constitucionales.

Bien vale destacar ese dicho ahora popular: “Dime quién te aplaude y te diré quién eres”. Hay desde académicos que tuercen la ley en sus reflexiones cargadas de odio; analistas y abogados que interpretan a su modo la Constitución; y medios de comunicación con audacia para legitimar desde los sets de radio y televisión a quienes no son ni poder constituyente ni están por encima de la Asamblea ni la Corte Constitucional.

Y a todo esto se añade el trabajo de encuestadoras bien pagadas y bien inclinadas para construir la imagen moral y autoritaria de Julio César Trujillo. Cada pregunta se aborda desde la descontextualización de la verdadera condición jurídica del Consejo de Participación Transitorio y sus atribuciones y limitaciones legales.

Sin derecho ni condición nombraron una Defensora del Pueblo, Fiscal General y Superintendente de Comunicación. Y ahora van por la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura. Todo para un propósito hasta ahora concreto y claro, según ellos: desmontar el “correísmo”. En otras palabras: des institucionalizar el Estado de derecho para colocar en las entidades a sus allegados. Por supuesto, aquí hay una clara derechización que garantiza la perpetuidad de los poderes fácticos, tal como ocurrió a finales del siglo pasado con todas las secuelas de corrupción, corporativismo político y en función de un neoliberalismo galopante.

La responsabilidad última la tiene el gobierno de Lenín Moreno en su revanchismo y poca perspectiva política para superar los supuestos errores del correísmo y poner al país en un escenario de certezas sociales para las mayorías. Y, por supuesto, la Asamblea Nacional que tiene la obligación de fiscalizar a un supra poder que no puede quedar por fuera del control político y ciudadano.


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