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Corte Provincial de Sucumbíos dispone la captura de los procesados por el bombardeo en Angostura

Mural en Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras cumplirse los 10 años de bombardeo en Angostura

La Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos conformada por Segundo Alcívar Rojas Castillo, Lilia Marlene Ortiz Vásquez y Luis Ramón Álvarez Arellano inadmitió el trámite de solicitud de declarar la nulidad del proceso Nº. 21241-2011-0141 a favor Freddy Padilla de León, Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, Mario Montoya Uribe, Guillermo Barrera, Jorge Ballesteros y Camilo Ernesto Álvarez Ochoa, procesados por el delito de asesinato de los 4 estudiantes mexicanos, ocurrido el 1 de marzo de 2008, en el bombardeo en Angostura, cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos. Así lo informó hoy, 04 de abril de 2018, Luis Ángel Saavedra, director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

Además, los jueces notificaron en su resolución que “se presenten voluntariamente o a su vez, se proceda a su ubicación, localización y captura de los procesados para que se realice la audiencia de juzgamiento, como bien sabido es por los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Sucumbíos (…)”. Téngase en cuenta que la resolución dictada por Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, se encuentra ejecutoriada conforme consta de la razón sentada por la Secretaria Relatora Dra. Maruja Criollo Reyes”.

Aquel 1 de marzo, el ejército colombiano bombardeó un campamento temporal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) localizado en el territorio ecuatoriano, sector Angostura. Diez bombas racimo GBU-12-Paveway, de 500 libras, fueron lanzadas, desde aviones de las fuerzas colombianas, con cooperación de EE.UU., devastando el campamento donde un grupo de estudiantes y guerrilleros pernoctaban.

De este hecho, 25 personas fallecieron entre ellos Édgar Devia alias ‘Raúl Reyes’, segundo comandante de las FARC; Franklin Aisalla, ciudadano ecuatoriano; Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo y Verónica Natalia Velásquez Ramírez. Los cuatro últimos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quienes se encontraban en lugar de los hechos por asuntos académicos, debido a que sus temas de investigación era de los grupos sociales, insurgentes, entre otros.

Para Luis Ángel Saavdera, director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), esta notificación es una respuesta política a los 10 años que se cumple del bombardeo en Angostura para que las organizaciones de familiares en México y la de derechos humanos, se queden conforme; sin embargo, nos genera varias inquietudes, “cómo hacemos para que los procesados que están en Colombia y que son altos funcionarios vengan a comparecer al Ecuador”.

Actualmente, Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, general retirado de la Policía Nacional de Colombia, es actual vicepresidente de Colombia y negociador plenipotenciario del gobierno en las negociaciones de paz con las FARC.

Freddy Padilla (ex militar), se desempeña como miembro de la delegación del gobierno de Juan Manuel Santos en los diálogos de paz que se llevan a cabo con la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional de Colombia y se lo acusa por Human Rights Watch de los asesinatos de decenas de civiles en el caso de los llamados “Falsos Positivos”.

Los otros procesados son Guillermo Barrera Hurtado, excomandante de la Armada almirante; Camilo Ernesto Álvarez Ochoa, teniente Coronel; y Jorge Ballesteros, ex senador. De estos últimos tres se desconoce sus actividades actuales.

Además, cabe mencionar que presidente actual Juan Manuel Santos, también era uno de los procesados; no obstante, la Fiscalía lo sacó de caso argumentando que goza de inmunidad jurisdiccional de acuerdo a los diferentes convenios internacionales por los cuales los Jefes de Estado no pueden ser juzgados por otros Estados, enfatizando que es por esta razón que se abstiene de acusar y no por falta de elementos de cargo.

Para Nelson Atupaña, asesor legal de Inredh, este no debería ser tratado como un asesinato, sino como un delito de lesa humanidad, condenado por tratados internacionales y contemplado en la legislación ecuatoriana, ya que el Estado colombiano violó el derecho a la libre circulación, integridad y vida de los 4 estudiantes mexicanos. “El bombardeo en Angostura fue una ejecución extrajudicial, los estudiantes no tenían la capacidad de defenderse”.

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