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Editorial – La Jornada

El Departamento de Estado estadunidense anunció ayer que estudia la imposición de nuevas medidas de seguridad para el otorgamiento de visas a extranjeros, entre las cuales estaría la exigencia a los solicitantes de proveer sus historiales en redes sociales, direcciones previas de correo electrónico y números telefónicos.

Actualmente, ese requisito se pide a un pequeño número de personas –unas 65 mil al año– sobre las que las autoridades del país vecino consideran que debe hacerse un escrutinio más detallado antes de darles autorización para que se internen en territorio de Estados Unidos. La generalización de la medida implicaría aplicar ese escrutinio a casi 15 millones de solicitantes de permisos de residencia (710 mil) y de turista, tránsito o estudios (unos 14 millones).

Incluso si se considera el recurso de poderosos equipos informáticos y sofisticadas aplicaciones de bases de datos e inteligencia artificial, el desafío logístico y operacional de un fisgoneo de esas magnitudes es enorme y representaría una carga elevadísima para los causantes estadunidenses. No deja de resultar paradójico que la propuesta venga de una presidencia que prometió disminuir los costos administrativos del gobierno y que con esa clase de medidas, así como con la construcción de tramos de muro fronterizo en la línea limítrofe con México, logrará precisamente lo contrario.

Lo más preocupante, sin embargo, no es el dispendio ni la dudosa utilidad de revisar los contenidos que los peticionarios de visas colocan en sus redes sino la normalización del espionaje gubernamental sobre ciudadanos de Estados Unidos y, en este caso, de otros países. En este punto es pertinente recordar que en el universo de las redes sociales hay circunstancias muy diversas y muy diversificadas combinaciones de lo público y lo privado: en general, los usuarios tienen la potestad de escoger entre diversos grados de exposición de sus materiales, desde el que reserva el acceso al usuario mismo hasta el que permite la difusión a cualquier persona, pasando por estadios intermedios en los que es posible dirigirse a un grupo selecto de personas o a una categoría específica de cuentas.

El propósito de Washington de exigir a los demandantes de permisos de viaje acceso a sus redes sociales en general podría arrasar con ese complejo sistema de protección de información establecido por las propias plataformas –Twitter, Facebook, Youtube, Instagram y otras– y poner en la pantalla de empleados públicos anónimos –y, por lo mismo, ajenos a toda forma de rendición de cuentas– aspectos que los usuarios habrían deseado mantener en la estricta privacidad. Más grave es el caso de las cuentas de correo electrónico, cuyos mensajes son privados por definición.

Lo más paradójico es que la potencia del norte cuenta ya con un poderosísimo sistema de interferencia y espionaje capaces de vigilar las comunicaciones –voz, datos, imágenes y video– de decenas de millones de personas en todo el mundo: la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), asistida por una batería de programas especializados en el fisgoneo masivo. Ciertamente, esos instrumentos de intrusión y vigilancia furtiva son operados al margen de la legalidad interna e internacional, y el espionaje del Departamento de Estado a las redes de los solicitantes de visas tendría un sustento jurídico o cuando menos reglamentario, pero el legalizar esas actividades no las convierte en correctas ni en honestas.

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